Moncloa cambiará la ley para mantener a Redondo y Díaz en la Comisión del CNI

El Gobierno prepara otro instrumento legal para no alterar la actual composición del órgano donde se debaten los asuntos de inteligencia. El jefe de gabinete es un cargo clave: por él pasan todos los informes.

El Gobierno va a mantener a Iván Redondo y a la nueva líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. Para ello, según explican fuentes gubernamentales, Moncloa tiene previsto ejecutar un cambio en el instrumento legal para que los dirigentes que decida el presidente del Gobierno continúen formando parte del organismo de alta dirección que ejerce el mando político del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y donde, además, se aprueba la Directiva de Inteligencia que fija las líneas maestras de la ‘casa’ de los más de 4.000 espías españoles. La sentención del Tribunal Constitucional, indican estas fuentes, tumba la idoneidad de utilizar el Real Decreto-Ley para sus nombramientos pero no cuestiona su presencia en el mismo.

Ha sido un varapalo jurídico para el Gobierno celebrado por la oposición. Especialmente por PP y Vox, que fueron los partidos que interpusieron el recurso. Pedro Sánchez y su equipo, sin embargo, mantienen la misma estrategia: los principales cargos que rodean al presidente, así como un representante del socio de Gobierno, van a continuar presentes en la Comisión del CNI. Su continuidad es considerada por Moncloa como «imprescindible» y para eso se utilizará otro instrumento legal que no sea cuestionado por su carácter de urgencia, que es lo que ha hecho el Constitucional. Hay que recordar que el Gobierno cambió la composición de este órgano a través de una disposición final en un decreto de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia. Fue el inicio del llamado «escudo social» y era marzo de 2020. Eso es lo que cuestiona el TC. La solución futura podría ser un proyecto de ley.

Tanto Iván Redondo como el general Miguel Ángel Ballesteros constituyen para el Gobierno dos piezas clave en materia de Inteligencia. En el organismo se maneja y se despacha información de Inteligencia de carácter clasificado, en sus diferentes grados, de ahí que Redondo vaya a continuar. La decisión política está tomada. Y no es un caso aislado: también fue importante, en su día, el papel de Jorge Moragas o José Luis Ayllón, ambos jefes de gabinete de Mariano Rajoy, en el mismo organismo. Por eso la intención de Sánchez es que su mano derecha en Moncloa siga asistiendo y participando en esta Comisión cuyo trabajo enlaza directamente con el del director del Departamento de Seguridad Nacional, Ballesteros. 

Que Iván Redondo esté en la Comisión del CNI es clave para Moncloa. También fue importante la presencia de Jorge Moragas

Desde la cúpula del Gobierno se defiende que el propósito del cambio legal que ha tumbado el TC era actualizar la normativa que data de 2002 y que hasta el cambio introducido en el cuestionado decreto-ley existía un problema. De esta forma, la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI, contemplaba que fuera el «Secretario General de Presidencia» quien formara parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, y no el director de gabinete del presidente. La norma, por tanto, estaba redactada en base a la estructura existente en Moncloa en 2002, en tiempos de José María Aznar y lo que se pretendía, siempre según las fuentes gubernamentales consultadas, era adecuarla a la actual composición del Gobierno. En efecto, el secretario general de Presidencia no es miembro de la Comisión desde 2004, desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en el poder y, como decimos, Moragas, por ejemplo, que era director de gabinete, sí formó parte de este organismo.

El Tribunal Constitucional tumba el blindaje de Iglesias en la comisión del CNI por inconstitucional

El Gobierno, en definitiva, echará mano de otro instrumento legal diferente al del Real Decreto-Ley para que la Comisión del CNI esté constituida por «la vicepresidenta que designe Sánchez, las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el ministro del Interior y la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como por el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y la secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretaria». De esta forma, Sánchez plantea que la Comisión del CNI siga presidida por Carmen Calvo, como presidenta, y formen parte de ella Iván Redondo, Arancha González-Laya, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Nadia Calviño. Mantendrán su presencia también el número dos de Interior, Rafael Pérez, y la jefa de la Inteligencia española, que actuará como secretaria, Paz Esteban

Moncloa también prevé que continuará formando parte de la Comisión la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que ya ha sustituido a Iglesias en el día a día del órgano de Inteligencia y, por tanto, recibe información puntual. Ya está integrada, por tanto, de facto, en esta ‘war room’ del CNI, según ha sabido La Información. La nueva líder de Unidas Podemos en el Gobierno puede desde el pasado 6 de abril asistir a las reuniones de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia y disponer de los informes y asuntos que en ella se aborden. Así lo recoge el Real Decreto 242/2021, de 6 de abril. También está presente en las Comisiones Delegadas del Gobierno para Asuntos Económicos, para el Reto Demográfico, para la Agenda 2030 y en el Consejo de Seguridad Nacional.

Hay que recordar que el propio Redondo llegó a afirmar en sede parlamentaria que «el vicepresidente segundo [por Iglesias] es un miembro del Consejo de Ministros, cuyas deliberaciones son secretas, y no hay ningún problema en que sea miembro de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que es de carácter reservado«. Añadió que el líder saliente de Podemos es una persona a la que conoce, admira y considera, incluso, «un servidor». Calvo, por su parte, aseguró que Iglesias era «vicepresidente segundo de este Gobierno de coalición y que resultaba «bastante lógico» que estuviera presente en la Comisión del CNI. El mismo trato se da a Díaz.

Todos los miembros del Gobierno superan un examen

Todos los miembros de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, sean del gobierno que sean, tienen que superar un protocolo de seguridad por parte del CNI. Son dirigentes políticos que están de paso en la cosa pública y que van a tener acceso a secretos de Estado por lo que los servicios de Inteligencia quieren garantizarse así que no se pone en peligro esa información que comparten con ellos. Se hace en infinidad de países. 

El protocolo de seguridad actual lleva establecido desde la primera legislatura de Mariano Rajoy. Se basa en un principio básico: cualquier cargo político que pueda tener acceso a información de carácter clasificado, en cualquiera de sus grados, debe haber superado un mínimo examen de seguridad para saber que no va a hacer un uso erróneo de la misma. La novedad en esta legislatura es que, por primera vez, un dirigente de un partido político diferente a PSOE y PP ha tenido que superar este trámite. 

Fuentes cercanas a los servicios de Inteligencia detallan a La Información cómo es esa investigación personal. La realiza un organismo con capacidad para ello (CNI, Servicios de Información, Centros de Inteligencia y Seguridad de las Fuerzas Armadas, etc.) y todo parte de un formulario que el interesado debe rellenar de forma sincera. Se llama Declaración Personal de Seguridad (DPS) y en él el afectado debe ofrecer una batería de datos concretos sobre su persona, relaciones personales, trabajos y demás particularidades que normalmente no se conocen. La retrospección se centra en los últimos diez años. Este es el cuestionario del CNI.

A partir de esta información entra en juego el papel de los servicios de Inteligencia. Con la Declaración Personal de Seguridad completa, el CNI se pone en marcha y pasa a la investigación a fondo. El objetivo es corroborar personalmente todos los datos aportados por el interesado. Contrastar. Se activa entonces una sección que procederá a la investigación de seguridad.

Las fuentes consultadas explican que el proceso concluye con un informe final. Así, si los investigadores observan alguna vulnerabilidad que pueda afectar a la seguridad nacional (antecedente o proceso judicial, relación con grupos radicales o terroristas, relación con personas o servicios de Inteligencia no pertenecientes a la UE o a la OTAN, dificultades económicas, deudas, consumo de alcohol o drogas, otros aspectos que puedan utilizarse como presión…) la deniegan. Si la supera emite un informe positivo que da acceso al afectado a la información clasificada que se trata en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. El proceso suele durar semanas y habilita al afectado a obtener la HPS (Habilitación Personal de Seguridad).

Fuente: Fernando H. Valls – La Información

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