‘Caso Dina’: el juez sigue viendo los mismos indicios contra Iglesias

La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a oponerse a que se investigue al líder de Podemos, aunque deje de estar aforado ante el Tribunal Supremo, hasta que se practiquen las diligencias para agotar la instrucción que indicó el alto tribunal.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón continúa viendo los mismos indicios de que el líder de Podemos Pablo Iglesias pudo cometer hasta tres delitos en el manejo de una copia de la tarjeta móvil de su asesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, con fines electoralistas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 que envió al Tribunal Supremo una exposición razonada pidiendo que se investigara a Iglesias por los presuntos delitos de daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos y denuncia falsa sigue viendo que el político aprovechó la investigación del caso Villarejo para crear un falso relato victimista alrededor del robo del móvil de su asesora en busca de una «ventaja electoral».

Aunque el político vaya a dejar de estar aforado ante el Tribunal Supremo como vicepresidente del Gobierno y diputado nacional y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como diputado de la Asamblea regional al renunciar a todos sus cargos y abandonar la política, el juez no decidirá imputarle -podría dirigirse contra él como contra cualquier otro ciudadano- hasta ver el resultado de un informe de la Policía científica sobre el estado de la tarjeta móvil de Bousselham que estuvo en sus manos.

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Según le indicó el alto tribunal, el magistrado agotará la investigación antes de citar como investigado a Iglesias, para lo que en primer lugar valorará el informe policial sobre los daños de la tarjeta. El Supremo también dijo que debe tomar declaración de nuevo a Dina Bousselham para ver si se siente perjudicada por la actuación de su jefe. Ella ya dijo que no en un escrito entregado al Juzgado por su defensa.

La Fiscalía Anticorrupción también se mantiene en que el juez no puede investigar a Iglesias por daños informáticos ni revelación de secretos si Bousselham permitió que accediera a los datos personales e íntimos de su teléfono. Insiste en que debe interrogarla de nuevo para despejarlo, igual que a su pareja Ricardo Sa Ferreira e incluso al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, al que Villarejo declaró haber entregado una copia del volcado del móvil. Desde antes de que el juez elevara el asunto al Supremo, Anticorrupción sostiene que, en caso de haber delito por parte de Iglesias y Bousselham, la Audiencia Nacional no es competente para asumir la investigación, sino que lo serían los juzgados de Madrid.

La representación de Podemos también solicita la comparecencia de Pino recordando que la Sala de lo Penal ya indicó al juez que la única línea de investigación válida hasta ahora apunta a la supuesta organización «mafiosa policial» del comisario detrás del robo del móvil y lo demás son «hipótesis alternativas».

El asunto vuelve a la mesa de García-Castellón después de que la acusación popular del caso Dina Prolege pidiera el pasado 30 de marzo que citara a Iglesias como investigado una vez entregó su acta de diputado para poder concurrir a las elecciones de la Comunidad de Madrid. El Juzgado trasladó la petición a la Fiscalía, que se ha pronunciado después de las elecciones oponiéndose de nuevo a que se investigue a Iglesias.

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«Consciente actuación falsaria»

García-Castellón comenzó a investigar el robo del móvil de Bousselham en el caso Villarejo después de que una copia del volcado del terminal apareciera en casa del comisario investigado.

Anticorrupción apuntó a que el policía jubilado pudo ser el autor de la filtración de mensajes contenidos en el móvil al digital Okdiario (que los publicó el verano de 2016) para perjudicar a Podemos en el momento que mejor le situaban las encuestas, igual que miembros de la Policía filtraron el falso informe PISA (Pablo Iglesias SA).

El juez escuchó a Iglesias y le dio la condición de perjudicado después de que éste expusiera su teoría sobre las cloacas del Estado y la estrategia que se habría montado desde el Gobierno del PP para perjudicar a Podemos entre 2015 y 2016.

Sin embargo, más tarde se supo que Iglesias tuvo una copia del volcado del móvil de su asesora antes de que llegara a manos de Villarejo porque se lo entregó el presidente del Grupo Zeta después de que llegara por medio de un anónimo a la revista Interviú. Durante al menos seis meses, y después de ver que el dispositivo tenía contenido íntimo, Iglesias se quedó con la copia del móvil y no se lo devolvió a su dueña. Cuando lo hizo, el dispositivo era ilegible y estaba dañado.

Además, la propia Bousselham reconoció que ella misma había enviado los pantallazos de las conversaciones entre miembros de Podemos que se publicaron en prensa a terceras personas. Para rematar, el abogado expulsado de Podemos José Manuel Calvente declaró que la cúpula de Podemos creó un «montaje» alrededor del robo del móvil de Bousselham para presentar a Iglesias y al partido como víctimas de las cloacas policiales y sacar un beneficio político de la investigación del caso Villarejo sabiendo que las filtraciones de los mensajes vinieron de dentro del partido.

Todas estas revelaciones llevaron al juez a ver indicios de hasta tres delitos contra Iglesias y proponer al Tribunal Supremo investigarle a él, a Bousselham, al novio de ésta y a la exresponsable jurídica de Podemos, Gloria Elizo, por crear una estrategia alrededor del robo del móvil. Una «consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el Sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales», expuso García-Castellón en la exposición razonada ante el alto tribunal.

El magistrado consideró que bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al ex comisario Villarejo, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos».

Ahora, el instructor espera el resultado del informe policial sobre la tarjeta SD del móvil de Bousselham, que arrojará luz sobre cómo fue dañada en caso de que se pueda acceder a ésta, para decidir si imputa a Iglesias. El juez considera que el líder de Podemos pudo provocar los desperfectos en la tarjeta al comprobar que los pantallazos que se publicaron en prensa figuraban en la carpeta de enviados por la propia Bousselham.

Fuente: Carmen Lucas-Torres – El Independiente

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