Interior oculta la nacionalidad de los migrantes para evitar ‘problemas diplomáticos’

Transparencia respalda esta interpretación y reitera que la difusión de estos datos podría afectar a las relaciones de España con los países de origen

El organismo concede 10 días hábiles a la Policía Nacional para que detalle la edad de los inmigrantes

El Ministerio del Interior se niega a detallar las nacionalidades de los migrantes irregulares que llegaron el pasado año a Canarias con el argumento de que la difusión de estos datos podría generar problemas «en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados» y afectaría «gravemente» al desarrollo de futuras expulsiones.

Así lo ha alegado el departamento que dirige Grande-Marlaska después de que este diario formulara una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tras no haber obtenido respuesta a la información solicitada. En concreto, se requería tanto la nacionalidad como la edad de las personas que lograron arribar en pateras al archipiélago en 2020, cuando el cierre de la ruta del Mediterráneo supuso una avalancha de llegadas sólo superada durante la crisis de los cayucos de 2006.

La Dirección General de la Policía despachó la petición facilitando el enlace de la web en la que Interior publica quincenalmente el balance de la inmigración irregular. En dicho portal se ofrece el detalle del número de migrantes que han llegado a la península, las islas (Canarias y Baleares) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero no se especifican los datos que motivaron la solicitud: ni las nacionalidades ni las edades. Es por ello por lo que se interpuso reclamación ante el CTBG.

Transparencia ha estimado los motivos alegados por el ministerio para no revelar los países de los que procedían los migrantes, reiterando el criterio interpretativo que este órgano viene manteniendo desde al menos 2015 ante solicitudes de acceso a la información similares. «A juicio de este Consejo de Transparencia, y como ya ha considerado esta Institución en otras ocasiones, dadas las circunstancias que rodean los procedimientos de expulsión, principalmente a su vinculación con la imagen pública del país de origen de estos ciudadanos y de la importancia de la colaboración de las autoridades nacionales en las labores de documentación, considera que el conocimiento de la restante información solicitada sí podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones exteriores de España, comprometiendo la colaboración de los Estados de origen», defendió.

Transparencia da 10 días hábiles a Interior para que facilite la edad de los migrantes que llegaron a Canarias en 2020

A mayor abundamiento, el CTBG considera que la divulgación de este tipo de información podría afectar a la «efectividad» de las medidas que se llevan a cabo para controlar tanto la inmigración irregular como la trata de seres humanos, sin que exista un «interés superior» que justifique su divulgación. Por ello, considera que concurre uno de los límites al derecho de acceso que prevé la Ley de transparencia en su artículo 14: «las relaciones exteriores».

La autoridad independiente que vela por la transparencia en las entidades públicas sí estima la reclamación en cuanto a los datos relativos a la edad de los migrantes, información de la que dispone la Policía Nacional por cuanto este Cuerpo es el competente para tramitar la reseña cuando los migrantes pisan suelo español.

A este respecto, el CTBG recuerda que Interior no invocó en sus alegaciones causa de inadmisión alguna, no habiendo negado tampoco la existencia de la información solicitada. «Hemos de suponer que es uno de los datos que le constan», destaca. En todo caso concluye que, aunque lo hubiera invocado, «no resultarían aplicables».

Por ello, el Consejo de Transparencia da un plazo de diez días hábiles al departamento que dirige Grande-Marlaska para que ofrezca la información relativa a la edad de los migrantes llegados a Canarias durante 2020. Interior tiene dos meses para recurrir esta resolución ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Fuente: Antonio Salvador – El Independiente

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