La escolta que denunció el trato de Irene Montero, testigo en el ‘caso Niñera’

El juez pide que se le localice para tomarle declaración y la guardaespaldas recuerda que firmó una cláusula de confidencialidad con Podemos.

El juez que investiga a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por un presunto delito de administración desleal en el marco del llamado caso Niñera quiere escuchar el testimonio de la exescolta de la dirigente de Podemos que denunció el trato recibido por ella. En conversación con Vozpópuli ha comentado que no tiene inconveniente en responder las preguntas del magistrado aunque recuerda que firmó una cláusula de confidencialidad cuando dejó el partido morado. 

En el auto en el que abre diligencias previas por estos hechos, el juez José María Escribano cita a declarar como investigada a la exasesora de Podemos a la que presuntamente empleó Montero para cuidar de su hijo. También cita a declarar como testigo a varios cargos de la formación así como a su exresponsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona, y a la ex escolta, E.G.

Carmona, abogada de profesión, fue la persona que dio origen a esta investigación por medio de un escrito en el que denunciaba que la pareja formada por Montero y el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, utilizaban a una persona a sueldo del partido, la señora Teresa Arévalo, como cuidadora. “Además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal del patrimonio del partido”, decía el escrito que citaba como fuente la denuncia confidencial interna del partido.

Conflicto con su escolta

Pero además, Carmona se apoyaba en publicaciones de prensa para añadir que Irene Montero había estado utilizando también a la escolta como asistente personal. “Hasta el punto de que la señora Montero despidió a la trabajadora cuando esta le exigió regularizar su situación laboral ya que no soportaba ser la recadera de la señora Montero ni que la tratara de forma humillante”, afirmaba.

En una de las noticias publicadas se informaba de que la Policía estaba investigando la posible contratación ilegal de la trabajadora por parte de Podemos como escolta, infringiendo así la Ley de Seguridad Privada. “Consideré que los hechos eran muy graves, podían ser constitutivos de infracción y debía investigarlos como Responsable de Cumplimiento Normativo”, explicaba en el escrito.

“Por ello el día 25 de noviembre de 2019 remití un email a la Gerente Rocío Val y al Responsable de Seguridad de Podemos Víctor Martins, solicitando información completa sobre la contratación de esta trabajadora. No solo no recibí respuesta alguna a mi petición de información sino que al cabo de una semana fui cesada en mi cargo”, concluía. Tanto Val como Martins son dos de los cargos citados ahora por el juez Escribano. Carmona remitió este documento al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid de Juan José Escalonilla en el marco del llamado caso Neurona por el que está imputado Podemos.

Ese juez apreció motivos para investigar las informaciones aportadas por Carmona, aunque lo derivó a otro Juzgado al no tener relación con su caso. Ahora es otro magistrado el que ve motivos para investigar a Irene Montero -que solo puede ser formalmente imputada por el Tribunal Supremo- y escuchar en declaración a su exescolta. Preguntada por este periódico, la guardaespaldas no ha querido precisar siquiera si esa cláusula de confidencialidad la firmó en el marco de su salida del partido tras demandar a Montero, quien estuvo a un paso de ir a juicio en enero del año pasado.

Finalmente lo evitó tras pagar una cantidad de dinero por el despido poco antes de tomar posesión como ministra, según informó El Confidencial. La denuncia de la trabajadora se basaba en que la número dos de Unidas Podemos obligaba a llevar comida a la familia, hacer de recadera, mecánica y chófer de la familia. En concreto, en la demanda denunciaba a Montero por obligarla “de manera recurrente”, y fuera de su horario, a hacer de recadera para ella y sus hijos, comprar comida para las mascotas, llevar y traer a amigos y familiares hasta el chalet de Galapagar, encargarse del mantenimiento de varias propiedades de la pareja y, además, ocuparse de la mecánica de sus vehículos particulares.

También tenía que ir a comprar “productos de parafarmacia y droguería para bebés” o “alimentación” de determinadas marcas y supermercados, llevarle la cena a casa desde varios establecimientos concretos de Madrid o “comprar comida para los perros”. Por todo ello, la escolta demandó a la formación morada por el trato laboral “discriminatorio” recibido por la número dos de la formación morada. La empleada de seguridad fue contratada por Podemos durante casi dos años y trabajó para Montero.

Fuente: Alejandro Requeijo – VozPópuli

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