TVE o el bochorno

Mucho se ha discutido en los círculos académicos sobre el concepto de veracidad introducido en el artículo 20 de la Constitución que protege el derecho a comunicar y recibir en libertad información veraz, que sin duda es uno de los cimientos de la democracia porque consolida una opinión pública informada y plural. Mucho se ha discutido, decimos, pero poco se ha avanzado como se observa al practicar la autopsia posmortem al estado de la opinión pública española y de sus actores esenciales: los medios de comunicación.

Reconocemos, por supuesto, el derecho de cada medio a tener su línea editorial diferente y subjetiva. Lo que no es admisible es que la veracidad, exactamente el concepto protegido en la Constitución, sea pisoteada en nombre de esa línea editorial que disfraza el activismo político. Y si grave es que los medios de comunicación privados sean meras correas de transmisión acríticas con los partidos que les son afines y de los que esperan el elogio y la subvención —no en este orden—, no hay palabra para describir el bochorno que causa el supuesto periodismo que se practica en medios de comunicación públicos como Televisión Española, financiados con el dinero de los contribuyentes y cuyo ejemplo más cercano en el tiempo es la presunta entrevista realizada esta misma mañana en TVE a la cabeza de lista de VOX e las elecciones a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.

De vuelta al concepto de veracidad, la Justicia suele entender que, en orden a preservar el derecho de los españoles a recibir información veraz, el informador está obligado a contrastar y verificar sus fuentes; por eso causa sonrojo observar a una presentadora como Mónica López, bien pagada con el dinero de todos, preguntar sobre la condena de la violencia a una candidata como Monasterio que el pasado viernes condenó hasta tres veces de manera inequívoca la violencia.

La demonización de un partido como VOX, y esto es información veraz, que jamás ha recurrido a la violencia, ni ha incitado a la violencia, que sólo ha sido agredido y jamás agresor, es un atentado —real y visible— contra la veracidad que protege y exige nuestra Constitución, y, por lo tanto, es un atentado contra la formación de esa opinión pública plural que debería consolidar la democracia y no consolidar, que es lo que ocurre ahora, una opinión pública alienada y embrutecida que llama fascistas a los agredidos y demócratas a los agresores.

Sin duda, es grave que ese atentado se cometa desde un medio privado subvencionado, pero cuando se comete con fondos públicos, con dinero de los contribuyentes, con los más de mil millones de euros anuales de nuestro dinero como ocurre en el caso del ente público RTVE, el daño a la democracia es superior y el bochorno, más duradero.

Y las ganas de que algo cambie para bien en el panorama de los medios de comunicación públicos en España, mucho más intensas. Como mil millones de veces más intensas.

Fuente: La Gaceta de las Iberosfera

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