Púnica, el fruto podrido de Anticorrupción: Las fiscales de esta causa son responsables de una chapuza judicial monumental

Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez son las fiscales Anticorrupción responsables de la investigación de la trama Púnica desde hace más de 7 años.

La Púnica germinó en octubre de 2014 con la detención del exconsejero madrileño Francisco Granados y del verdadero muñidor y cabecilla de esta trama corrupta, el empresario David Marjaliza. La operación fue dirigida por el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco y las fiscales Anticorrupción Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez. Siete años después, el número de imputados en la causa supera los 300, la investigación no ha finalizado y se han dilapidado centenares de miles de euros del erario público.

La trama Púnica es una macrocausa monstruosa, ingobernable e inabarcable. Una causa de causas en las que se investigan desde la supuesta financiación ilegal del PP madrileño a la reputación online, pasando por las mordidas a cambio de adjudicaciones en municipios madrileños. Un auténtico cajón de sastre judicial sin orden ni concierto propiciado en un inicio por el juez Velasco y mantenido desde el principio a fin por las fiscales García Cerdá y Gálvez.

La trama Púnica es un trasatlántico cuyo rumbo es difícil de cambiar cuando supuestamente está a punto de atracar en el puerto después de una tortuosa travesía de 7 años. Una travesía en la que más de 300 personas han sido cuestionadas en los tribunales, han visto como se arruinaban sus negocios, han perdido sus empleos o han sido marcados socialmente sufriendo la pena del telediario por haber sido imputados. Estos han tenido su particular ‘pandemia judicial’ durante casi una década con un virus llamado ‘Púnica’. Llegados a este punto cabe preguntarse si a esto se le puede llamar justicia.

Desde luego, la justicia no puede pasar por destrozar la vida de más de 300 personas para que luego no sean enjuiciados y mucho menos condenados. Las fiscales de esta causa son responsables de una chapuza judicial monumental y aún así quieren seguir su particular huida hacia adelante planteando nuevas diligencias de investigación para intentar tapar esta vergüenza de instrucción y justificar así su trabajo. Es inadmisible que la fiscales aún no hayan formado las piezas de la causa y que los más de tres centenares de imputados no sepan a estas alturas en qué casos concretos de la macrocausa se les investiga y por qué.

El hartazgo con la actitud y el trabajo de García Cerdá y Gálvez en la Púnica es vox populi en los mentideros judiciales. No las soportan en su propia casa, la Fiscalía Anticorrupción y tampoco en la Audiencia Nacional. «Van por libre, se creen que la causa es suya», confiesan fuentes del caso. Distinta es la apreciación hacia el tercer fiscal del caso, Alejandro Cabaleiro, que hizo aterrizar en enero del año pasado el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, para poner orden en este caos. Obviamente, no todos los fiscales Anticorrupción son iguales y de hecho la mayoría son excelentes trabajadores públicos que incluso se juegan la vida con mafiosos y otra clase de hampa. Por eso, cuando se hacen las cosas mal también hay que decirlo y no mirar hacia otro lado.

Las fuentes jurídicas consultadas no descartan «un enfrentamiento interno» en la propia Fiscalía Anticorrupción en los próximos meses porque «nadie ve» y nadie está contento con la labor de García Cerdá y Gálvez. Se quiere evitar a toda costa una exoneración masiva como sucedió con los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, en el que la Sala Penal de la Audiencia Nacional concluyó que Anticorrupción y el resto de acusaciones sólo atribuyeron actitudes genéricas a los acusados.

No se comparte el rumbo marcado por ambas fiscales para llevar a juicio a los supuestos responsables de Púnica. Muchos imputados han denunciado que la instrucción se ha convertido en una «investigación prospectiva y en una causa general contra el PP». Los indicios contra el PSOE y otros partidos duermen el sueño de los justos en Púnica.

Las fiscales llegaron a asegurar que Granados escondía un patrimonio de más de 300 millones de euros y le mantuvieron en prisión provisional de forma incomprensible e inhumana durante 32 meses, es decir, casi 3 años encarcelado. Siete años después, el patrimonio millonario de Granados en la investigación se ha reducido a 922.000 euros en billetes que escondía en un altillo de la casa de sus suegros, tras ceder a Marjaliza una cuenta en Suiza abierta antes de ser político. Lo demás mucho ruido y pocas nueces.

Precisamente, Marjaliza se ha convertido en el particular «ariete» de las fiscales. «Le llaman su chico», aseguran fuentes del caso. Pues bien, en la actualidad las declaraciones del «chico» de las fiscales son prácticamente los únicos indicios contra muchos de los imputados. Es una auténtica desvergüenza judicial que se ha llegado a admitir como supuesta prueba las contabilidades elaboradas por el propio Marjaliza y su equipo 6 años después de estallar el caso. «Sin Marjaliza, la acusación de las fiscales no tiene ningún sustento», afirman. «Púnica se sostiene en Marjaliza», añaden.

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El empresario David Marjaliza.
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El exconsejero madrileño, Francisco Granados, saliendo de prisión.

La financiación ilegal del PP madrileño se desmorona…

En las últimas semanas, la investigación en Púnica de la supuesta financiación ilegal del PP está dando claras señales de estar haciendo aguas. El martes, el actual titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidía archivar la imputación de la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes y del empresario Arturo Fernández, uno de los supuestos financiadores de la fundación Fundescam del PP madrileño a través de la que supuestamente se financiaba el partido dirigido entonces por Esperanza Aguirre, según el criterio Anticorrupción.

El propio García Castellón aseguraba en su auto de archivo que la imputación de Cifuentes se sustentaba, «en exclusiva», en las manifestaciones referidas por declaración de otra imputada en la causa y por tanto, no era sostenible. Un criterio muy razonable que se tendría extender a todas las afirmaciones sin indicios que ha mantenido en sede judicial el «chico» de las fiscales, es decir, David Marjaliza.

Previamente, el magistrado García Castellón también archivaba la imputación de la empresa Indra que, según Anticorrupción, también sería una de las fuentes de presunta financiación ilegal del PP madrileño. El juez avisaba a la Fiscalía en su auto por querer alargar la investigación: «Este instructor entiende que la instrucción de la Pieza está finalizada, y será desde el rigor de esta convicción, coherente con la tutela de los derechos fundamentales de las personas sujetas a la investigación desde ya hace 7 años (en este 2021), desde el estricto parámetro en que deberá valorarse la utilidad, necesidad y pertinencia de las diligencias que, en este momento, se solicitan».

Desde hace años, hay un run run en la Audiencia Nacional de que las fiscales buscaban «caza mayor en la Púnica». Dicha «caza mayor» tras la imputación de Granados era clara, cobrarse las piezas de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Ésta última ya ha sido exonerada y las fuentes del caso consultadas «no descartan que la imputación de Aguirre y de Granados por la financiación ilegal del PP caiga también«. Hay muchas dudas con la investigación de las fiscales y cualquier cosa puede pasar en este punto.

Este diario ha desvelado en numerosas informaciones cómo se ha intentado basar las acusaciones de Anticorrupción contra Aguirre en el testimonio de exalcaldes del PP encarcelados o incluso en el propio Luis Bárcenas. Sin embargo, el intento ha sido infructuoso hasta el día de hoy.

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Las expresidentas madrileñas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre.

…y la reputación online también

Otro de los buques insignias de Anticorrupción en el caso ha sido la reputación online realizada por el experto informático Alejandro de Pedro a políticos. Según los expertos consultados, «sólo podría ser constitutiva de delito si se acredita que un político hubiera utilizado fondos públicos para mejorar su propia imagen y no la de la institución que representa».

El caso de De Pedro es muy ilustrativa. Cuando fue arrestado, era «el conseguidor» de contratos para el PP en la trama corrupta. Después de 7 años y de haber pasado por la cárcel, ha quedado claro que sólo es un informático cuyas empresas trabajaron no sólo para el PP sino para el PSOE, e incluso para el propio expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Incomprensiblemente, la investigación sólo se ha centrado en los dirigentes del PP. Alejandro de Pedro, el mejor en su negociado, también ha colaborado con el CNI para luchar contra el yihadismo o el independentismo catalán e incluso para el Real Madrid.

Este experto informático ha aparecido señalado en hasta cuatro casos diferentes de la Púnica por trabajar para distintas administraciones autonómicas o locales. Después de 7 años, el instructor de la causa lo decía muy claro en uno de sus últimos autos: «No puede dejar de reconocerse como primera afirmación, que la línea divisoria entre los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos no ha dejado, nunca, de ser tenue, difusa, brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa, debiendo ponderarse en cada caso concreto«.

Mientras se decide si el trabajo de De Pedro es o no delictivo, esta rama de la Púnica se cobraba a dos víctimas del PP en la rama murciana, el expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez y la exsenadora Pilar Barreiro. Ambos tuvieron que dimitir por su implicación y posteriormente, eran exonerados. ¿Quién restituye ahora su honor y su carrera política? ¿Quién restituirá la vida de De Pedro si ex exonerado también?

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El informático Alejandro de Pedro.

El final de la Púnica más cerca

Parece que en julio podría finalizar definitivamente la instrucción de la trama Púnica, Mientras tanto, lo que no hay ninguna duda es que habrá «una gran poda» para ir a juicio de los más de 300 imputados actuales. Fuentes fiscales consultadas por este diario aseguran que la trama Púnica es un caso que «debe hacer reflexionar a nuestra justicia para que no se vuelva a repetir». «Tiene que haber un antes y un después de esta macrocausa. Se han vulnerado derechos fundamentales», afirman.

Tras 7 años de esta chapuza de investigación sólo puede haber un final razonable, separar el grano de la paja y sólo llevar a juicio a aquellos imputados contra los que realmente se hayan conseguido indicios sólidos que les incriminen, y no sólo dimes y diretes de Marjaliza. Todo ello para no seguir alargando el sufrimiento y la agonía de más de 300 personas, muchos de ellos posiblemente inocentes. Todo ello para hacer simple y llanamente JUSTICIA, JUSTICIA con mayúsculas y de verdad.

Fuente: Miguel Ángel Pérez – Libertad Digital

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