Acuamed: denuncian la impunidad del PSOE frente a la Fiscalía y la Abogacía del Estado

En un escrito, el ex director de Acuamed denuncia la inacción al investigar un caso que afecta a un exsenador del PSOE.

El ex director general de AcuamedArcadio Mateo, ha denunciado la impunidad del PSOE frente a la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado en esta causa.

En un escrito, remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, Arcadio Mateo afirma que ha transcurrido más de un año desde su declaración en la que desveló “el contenido de la reunión solicitada por el Senador del PSC-PSOE, Joan Sabaté“, sin que se haya llevado a cabo “ningún acto de investigación a instancia de las acusaciones existentes en la causa y estando próximos a que se cumplan 10 años desde los hechos”.

En el escrito, Mateo se refiere a la adjudicación sospechosa en mayo de 2011 de un “servicio de coordinación, apoyo logístico y relaciones institucionales” por importe de 39.000 euros al citado Antoni Sabaté, exsenador, exdiputado socialista por Tarragona en el Parlamento catalán y exalcalde de Flix. Dicha adjudicación se materializó a propuesta de Gracia Ballesteros Fernández, nombrada entonces subdirectora de construcción en el Ebro y Cuencas internas de Cataluña.

Mateo también destaca que ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Abogacía del Estado, apenas han investigado pagos fijos mensuales de 220.702 euros por servicios de “asesoría en comunicación” Bassat Ogilvy y de 227.050 euros a la Fundación privada Institut Cerdà por servicios de “asesoría y acompañamiento continuo en el proceso de posicionamiento local”, que supuestamente se camuflaban como gastos de tablestacas (estructura de contención) en la obra de Flix (Tarragona).

Según el escrito, “estos hechos, indiciarios de una conexión entre la visita del senador D. Joan Sabaté, el contrato adjudicado en 2011 a D. Antoni Sabaté y probablemente los supuestos servicios facturados como si fueran tablestacas de la obra de descontaminación de Flix, precisan de una minuciosa investigación alentada por las acusaciones presentes en esta causa (Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado)”.

“Es inverosímil”, añade, “que la organización compuesta, al menos, por Doña Gracia Ballesteros, D. Marc Pujols y D. José Manuel Plaza, comenzaran sus actuaciones irregulares precisamente en 2012, justo tras un cambio de Gobierno, de Ministro de tutela, de Secretario de Estado de Medio Ambiente, de Director General del Agua (a la vez que Presidente de Acuamed) y de Director General de Acuamed.

“Es más lógico considerar que en años anteriores a 2012 se estuvieran pagando con cargo a la obra de descontaminación de Flix importes irregulares que poco tenían que ver con la misma, y que desde 2012 se decidiera esconderlos como certificación en la unidad de obra del muro de tablestacas, dado su elevado importe presupuestado y no agotado en su totalidad (más de once millones de euros)”.

“Un significativo perjuicio al erario público”

En el mismo escrito, el exdirector general de Acuamed, Arcadio Mateo, sostiene que “resulta difícil de asumir que tres años después de conocerse estos hechos y habiéndose interrogado por los mismos a los dos Directores de Obra implicados, no se haya arrojado la más mínima luz sobre semejante dispendio, que bien podría haber causado un significativo perjuicio al erario público“.

“Como también resulta necesario destacar que la Dirección de obra y la ADO de Flix autorizaban un incremento de coste del 6% sobre las citadas cantidades pagadas ‘en comunicación, planes de relación con el entorno y acompañamiento continuo en el proceso de posicionamiento local’. Sobre estos hechos, ni la policía judicial, ni las acusaciones presentes en los interrogatorios han mostrado el necesario interés para su efectiva investigación, en contraste con situaciones que en ningún caso representan ‘liberalidades’ como las acontecidas en la obra de Flix”, .

“Estos hechos”, continúa, “de los cuales en los próximos meses se cumplirán diez años, precisan de una minuciosa investigación alentada por las acusaciones presentes en esta causa (Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado). Existen contundentes indicios de la adjudicación irregular de un contrato de prestación de servicios con 24 meses de duración que sorprendentemente, transcurridos apenas siete meses, deja de prestarse”.

“O quizás esos ‘servicios’ no dejaron de prestarse y cobrarse. Únicamente una exigente investigación, liderada por las acusaciones presentes en esta causa permitirá conocer lo acontecido, que bien podría tener una estrecha relación con la presunta malversación realizada mediante el pago encubierto de multitud de conceptos que eran certificados como tablestacas de la obra de descontaminación de Flix”, concluye.

Fuente: Miguel Ángel Pérez – Libertad Digital

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