La CEOE bloquea las negociaciones, enmienda la reforma laboral de Díaz y avisa del riesgo para las empresas

La patronal rechaza todas las modificaciones legales que plantea el Ministerio de Trabajo y advierte de que afectarían al crecimiento económico y al empleo y restarían competitividad y confianza inversora.

El ‘ahora no toca’ de la patronal a la reforma laboral planteada por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la mesa de diálogo social, tiene una explicación jurídico-económica que no ha trascendido a la opinión pública pero que CEOE y Cepyme han plasmado de manera conjunta en un documento compartido con los agentes sociales. El informe de consideraciones elaborado por los gabinetes técnicos de las organizaciones empresariales, al que ha tenido acceso La Información, desmonta una a una todas las modificaciones legales propuestas por el Ministerio y advierte de que, de llevarse a cabo, afectarían negativamente al crecimiento económico y al empleo y restarían competitividad y confianza inversora en un momento de grave crisis económica en el que resulta imprescindible aplicar políticas que impulsen la recuperación.

Las organizaciones empresariales manifiestan ya en el preámbulo su «oposición frontal» a las reformas planteadas por el Ministerio de Trabajo. Y a partir de ahí arranca una retahíla de argumentos por los que tanto CEOE como Cepyme no apoyarán a Díaz en esta ocasión. Para empezar, advierten de que las medidas puestas sobre la mesa merman la capacidad de adaptación de las empresas en un contexto de crisis sin precedentes y de gran incertidumbre sobre la evolución de la pandemia en el que la hoja de ruta debería pasar por otorgar confianza a la actividad empresarial y a los inversores. Se quejan, además, de que el marco de negociación no está delimitado, ya que la ministra ha optado por una reforma ‘por fascículos’, abordando en esta primera fase solo algunos aspectos de la negociación colectiva introducidos en la reforma laboral de 2012.

A ojos de la CEOE, las reformas que ha presentado Trabajo en este inicio de las conversaciones «se alejan de las recomendaciones de Bruselas». Por ello, los empresarios aseguran no sentirse «obligados» por ellas, ni por los acuerdos de Gobierno, aunque añaden que ello no supone «cuestionar su legitimidad para alcanzarlos por los cauces que estimen oportunos». Dicho lo cual, insisten en su planteamiento dando un espaldarazo a la legislación diseñada por Fátima Báñez -la exministra de Empleo de Mariano Rajoy incorporada en la patronal- al afirmar que «son numerosos los documentos de la UE que ponen en valor la última reforma laboral y sus efectos para la creación de empleo, como también la necesidad de dotar de herramientas de flexibilidad interna y adaptabilidad a las empresas, en la dirección contraria de las reformas planteadas por el Gobierno».

Y aquí la CEOE marca su línea roja: solo negociarán reformas dirigidas a eliminar las patologías del mercado laboral español, como las altas tasas de desempleo estructural, de larga duración y paro juvenil o la excesiva temporalidad, y a fomentar la flexibilidad del tiempo de trabajo. Hay que aclarar que, aunque todas ellas han sido incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que está ultimando el Gobierno de España para someter al examen de la Comisión Europea, ninguna aparece en el primer borrador que Trabajo ha puesto sobre la mesa de diálogo social, en lo que ha bautizado como «propuesta de modernización de las relaciones laborales», que ha podido consultar este medio. El punto de partida, por tanto, augura tensión con la patronal y dibuja un escenario de difícil acuerdo en un futuro próximo, lo que complica a su vez las negociaciones con la UE.

Plan para Bruselas

En el Plan de Recuperación, no obstante, el Ejecutivo salva este obstáculo al establecer que los dos enfoques de reformas -el planteamiento de Bruselas, que defiende la vicepresidenta Nadia Calviño, y las modificaciones del marco de relaciones laborales, que impulsa Díaz- se negociarán con los agentes sociales «en paralelo». Lo «más urgente», dice el documento, es asegurar la empleabilidad de los colectivos más afectados por la pandemia y reducir el paro (especialmente el juvenil), modernizando el SEPE y manteniendo un modelo «transitorio» de ERTE hasta finales de año que impulse la reincorporación de trabajadores. A la vez, se negociarán las reformas «de mayor calado», a saber: la simplificación de contratos, el nuevo mecanismo de ERTE, la modernización de la negociación colectiva, la regulación de las subcontratas y la revisión de bonificaciones.

Pero Díaz ha decidido empezar la negociación precisamente por esa reforma de mayor calado que implica cambios en la negociación colectiva y se ha puesto en contra a la CEOE. Entrando en materia, los empresarios rechazan la primera modificación del Estatuto de los Trabajadores (artículo 15) planteada por el Ministerio, por la que se impide la contratación temporal vinculada a las contratas o subcontratas de obras o servicios, por considerar que implica la descausalización de los contratos temporales, incidiendo de manera directa en el régimen de extinción de la relación laboral y en los costes del empleo. En este sentido, apuntan a la «inoportunidad del momento», por los «efectos adversos» sobre el empleo y reclaman una reforma integral que reduzca la temporalidad también en el sector público y que vaya precedida de un diagnóstico que integre la diversidad sectorial y tenga en cuenta aspectos como la estacionalidad o los picos de producción.

Relacionado con lo anterior, la patronal también se opone a la modificación del artículo 42, que plantea aplicar a las empresas subcontratistas el convenio de sector de la actividad ejecutada en la subcontrata, advirtiendo de que la extensión del régimen de responsabilidades de las empresas de la cadena de subcontratación a la empresa principal resulta «inasumible». CEOE y Cepyme avisan de que la extensión de la responsabilidad solidaria en materia salarial, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales a todos los supuestos de subcontratación de actividades implicaría «costes, riesgos y mayores cargas burocráticas para las empresas». También alertan de inseguridad jurídica en lo que se refiere a los derechos laborales que debe garantizar el contratista y de socavar el convenio de empresa en los distintos ámbitos territoriales, generando «problemas de gestión y de agravios comparativos entre trabajadores».

La reforma de la subcontratación implica costes, riesgos y cargas burocráticas»

Respecto a la modificación del artículo 84, que busca devolver la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa principalmente en materia salarial, la patronal critica que el planteamiento erosiona las unidades de negociación de las compañías y las convierte en residuales, siendo estas las más próximas a la realidad del tejido productivo. En este sentido, los empresarios sugieren solucionar el problema de la precariedad salarial en la subcontratación a través de la aplicación del convenio de sector aplicable a la actividad subcontratada, pero rechazan de plano la propuesta de Trabajo por encerrar «inseguridad jurídica y toda una suerte de problemática» al restar flexibilidad en todos los ámbitos (salario, jornada, horas extra…) y «lastrar la unidad de empresa». 

La CEOE también se planta ante la última modificación introducida por el Ministerio de Trabajo en las reuniones recientes, que tal y como se reveló en estas páginas consiste en reforzar las unidades de negociación autonómicas frente a las estatales. En general, advierten inseguridad jurídica y falta de concreción en lo que se refiere a los cambios en la concurrencia de los convenios sectoriales estatales y autonómicos y acuerdos interprofesionales y en las materias excluidas de negociación en cada caso, y alertan de que «podrían convertir en papel mojado la prioridad aplicativa del convenio de empresa, que ya ha quedado muy cercenada».

Por todo esto, «trasladamos nuestra oposición a la propuesta y a las pretensiones de la reforma, tanto por el fondo como por el método, considerando que va a incidir negativamente en el crecimiento económico y la creación de empleo en un momento en el que resulta imprescindible impulsar la recuperación y no lastrar la salida de esta crisis», zanja el documento que presentaron CEOE y Cepyme al Ministerio y las organizaciones sindicales el pasado martes y que supone, en la práctica, la voladura de las conversaciones en materia laboral hasta nuevo aviso.

Fuente: Cristina Alonso – La Información