El decreto de las mascarillas llega a la cumbre del ‘Everest de las payasadas’

La ley se halla en las antípodas de la crónica informativa o del relato histórico. Con dicha aseveración no sugiero, obviamente, una relación geográfica. Aludo, por el contrario, a una dimensión temporal. Mientras la historia o la crónica se refieren al pasado más o menos remoto, la norma jurídica se proyecta hacia el futuro. Recordarlo es una perogrullada necesaria en la España de 2021.

La estructura de la ley alberga, entre sus piezas, un contenido, un destinatario y una sanción, que es la amenaza de un castigo al destinatario de la norma si su contenido es prescriptivo (obliga a realizar una acción o a omitir una conducta) para el caso de que el ciudadano incumpla el mandato legal. Por contenido de una norma entiendo, en la estela de Laporta y von Wright, «aquello» que debe o puede o tiene que hacerse o no hacerse. Si la norma es general, se dirigirá a una gama muy amplia de destinatarios (el caso extremo son todos los residentes en un país mayores de edad). Si tiene naturaleza particular, la figura del destinatario será acotada o individualizada con precisión (por ejemplo, los trabajadores sin empleo). La sanción, que es una reacción lesiva asociada al incumplimiento de una norma de conducta, debe estar definida nítidamente con carácter previo («nulla poena sine lege»).

El 30 de marzo de 2021 se publicó la Ley 2/2021, de 29 de marzo, «de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19″. Se trata -¡cómo no!- de un producto oficial pero no de una ley, ya que en su interior no encontramos ninguno de los rasgos antes expresados o, de existir, son mero reflejo de una fantasía. Cuando uno lee detenidamente sus 29 páginas, tiene la impresión de que el texto se redactó hace algo menos de un año, que luego se traspapeló en un cajón y que ahora «alguien» ha tomado la decisión de publicarlo en el BOE. Luego veremos lo que realmente ha sucedido. Pero ya les anticipo que la Ley 2/2021 es una «ley zombi».

Las formas importan. Vean dos patinazos nominales como antesala de los pecados imperdonables de la Ley. En su preámbulo, la Ley 2/2021 dice de sí misma que es un Decreto-ley. ¿Esquizofrenia? La Ley también degrada a la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la que atribuye la vicepresidencia tercera del Gobierno. ¿Un resabio obrerista contra la liberal, tecnócrata y elegante hija de un antiguo director de TVE? Pero vayamos al fondo de la cuestión. Los tiempos verbales de la Ley 2/2021 se corresponden con la duración del primer estado de alarma, establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que, con sus prórrogas y modificaciones, estuvo en vigor hasta el 21 de junio de 2020. La Ley 2/2021 es la mujer de Lot.

La Ley 2/2021, que se ha hecho famosa por declarar obligatorio el uso de mascarilla en la playa (de lo que luego, como San Pedro, se ha retractado la ministra de Sanidad), es el ‘Everest de las payasadas’ jurídicas.

1.- La Ley 2/2021 establece, en el ámbito sanitario, mandatos que los ciudadanos deben obedecer antes del 31 de diciembre de 2020. Por mi parte, ruego al amable lector que se apresure a cumplir con Dios y con la Ley.

2.- Muchas de esas órdenes deberán atenderse «una vez que haya dejado de estar vigente el estado de alarma decretado [sic] mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo».

3.- La Ley 2/2021 regula la última etapa de la famosa «desescalada» y los pasos siguientes hasta llegar «a una nueva normalidad». Da la receta para que los veraneantes puedan ligar bronce durante el estío de 2020 y también entrega el manual idóneo para que los alpinistas españoles, una vez «desescalados» y luego «normalizados», se ahoguen en la segunda ola de la pandemia. Aunque las leyes se cualifican por sus resultados, la pobrecita Ley 2/2021 sigue ignorando la catástrofe que provocaron sus disposiciones. Un añito después, este avejentado bebé jurídico continúa chupándose el dedo. Los españoles no.

4.- En diciembre de 1806, el poeta Manuel José Quintana dio a la imprenta su oda «A la expedición española para propagar la vacuna en América». Era un homenaje a los patriotas exportadores de la vacuna contra la viruela allende el Océano. Es probable que ninguno de nuestros representantes en esta legislatura haya leído los ditirambos de Quintana. Nada que reprochar, desde luego. ¿Pero es normal que, a finales de marzo de 2021, los diputados, senadores o letrados de las Cortes ignorasen el descubrimiento de las vacunas contra la Covid-19? ¿Que no supieran nada sobre los gatillazos de la vacuna de AstraZeneca? ¿Será por eso –por estar en la inopia el Congreso y el Senado- que las autoridades sanitarias buscan la «inmunidad de rebaño» sin advertir que la panacea y el vellocino de oro ya están encerrados en el aprisco de la Carrera de San Jerónimo?

5.- Como la Ley 2/2021 es un capricho jurídico del pasado, no sabe y nunca sabrá que en octubre de 2021 el Gobierno declaró, por segunda vez, el estado de alarma. Y, como es lógico, tampoco sabe que son las comunidades autónomas, y no las Cortes Generales, las encargadas, en este momento, de la gestión del estado de alarma hasta, si el mando no ordena otra cosa, el 9 de mayo de 2021. Naturalmente, sin menoscabo de la voz de la soberanía popular si considera oportuno que se escuche llegada la ocasión. Por su propia decisión y no, como hasta ahora, por ser la correa de transmisión de la que tira su amo.

6.- La repanocha: salvo que el legislador tenga una máquina del tiempo, ¿cómo puede establecer medidas urgentes con la cara vuelta hacia el pasado?

7.- La mula es el producto del cruce de una yegua con un asno. La Ley 2/2001 se solapa con el estado de alarma decretado el 25 de octubre de 2020, que da voz y voto a las comunidades autónomas. El hijo de esa coyunda es el caos. Adiós a la Edad Contemporánea. Bienvenidos a la Edad de la Mula.

La Ley 2/2021 es un síntoma de una enfermedad política muy grave. Es un fallo sistémico de la democracia parlamentaria. El Parlamento ha abdicado de su vocación constitucional y no necesita de ningún pirómano para incendiar su palacio isabelino. El Gobierno, a pesar de su exigua minoría parlamentaria, gobierna sin problemas a golpe de decreto-ley. Como tiene que pasar por el trance arriesgado de la convalidación del decreto en el Congreso, necesita los apoyos de sus socios de ocasión. Siempre los obtiene a cambio de tramitar el decreto como ley ordinaria, otorgando la facultad de enmienda a sus socios. Esa futura ley debe tramitarse por el procedimiento de urgencia. Y, teóricamente, así se hace.

Sin embargo, todo es un juego de trileros. Los partidos que apoyan la convalidación del decreto a cambio de su tramitación como ley ordinaria solo buscan notoriedad mediática y rentabilidad electoral. Algunas veces la ley ni siquiera se tramita. En otras ocasiones, como ha sucedido con la Ley 2/2021, el contenido del decreto-ley se reproduce como ley ordinaria mucho tiempo después y, con apenas cambios, se publica en el BOE. En efecto, la Ley 2/2021 procede del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio (ambos textos llevan idéntico título). En su paso por la Cámara Alta, el PSOE introdujo una enmienda mediante la cual se hacía obligatorio el uso de la mascarilla incluso cuando existiera la distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5 m). El verbo senatorial se hizo carne en el artículo 6 de la Ley. La enmienda, que no se sometió a debate en el Senado, fue aprobada, de vuelta al Congreso y también sin discusión, por una mayoría rotunda: 199 diputados dijeron amén. Familia que abreva unida permanece unida.

Hasta entonces, el proyecto de ley ordinaria había dormido el sueño de los justos durante diez meses en el Congreso de los Diputados. Bastaron dos horitas en el Senado para poner en circulación la ley, previa estampa en los talleres del BOE. Ante la incredulidad y escándalo de la opinión, la ministra de Sanidad ha revocado el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre empeorando aún más el problema. En vez de un decreto-ley que suprimiera inmediatamente este monstruo jurídico (con mascarilla del zorro o sin ella), la ministra Darias se ha parapetado detrás del Consejo Interterritorial de Salud para eludir su responsabilidad. Oigamos a doña Carolina: «Cambio cromos. Entrego una ley a cambio de una recomendación administrativa».

Todo el proceso legislativo, desde la aprobación del decreto hasta la publicación de la ley, es mucho más que un disparate. Es una burla y un desprecio a la soberanía popular del que alguien –digamos que la presidenta del Congreso, Meritxel Batet– debería dar una explicación. Seguro que no lo hará. Pero, haga lo que haga Batet, es incomprensible la «conjura» del sistema parlamentario para, en un fraude mayúsculo a los ciudadanos y la soberanía popular, transformar el Estado de Derecho en un decorado teatral de cartón.

Fuente: Félix Bornstein – La Información

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