El Supremo da el primer paso para investigar a Delgado por la regularización fiscal del Rey

El alto tribunal tramita una querella contra la fiscal general del Estado por omisión de persecución de los delitos en relación a las actividades de Juan Carlos I

El Tribunal Supremo ha dado el primer paso para investigar penalmente a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por la pasividad de su departamento en la persecución de las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito a raíz de su última regularización fiscal. La querella fue presentada por la Asamblea Republicana de Vigo y también va dirigida contra el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón. Este colectivo acusa a ambos de un delito de prevaricación administrativa y omisión de persecución de los delitos contra las personas.

Vozpópuli ha tenido acceso a la providencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del pasado 5 de abril en la que da el primer paso para investigar a Delgado y Gascón por estos delitos. Para ello, el tribunal formado por cinco jueces, acuerda nombrar como ponente a la exjuez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Además, también da traslado a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto

En función de esa respuesta, Lamela tendrá que redactar una ponencia que el resto de magistrados estudiarán antes de decidir si admiten o no a trámite la querella y en función de eso nombrar un juez instructor y solicitar las primeras diligencias. Entre los jueces que firman esta primera providencia sobre la querella se encuentra el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, o el exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar. 

Interrogantes tras la regularización

El abogado del rey emérito confirmó en febrero que el exjefe del Estado había pagado 4,4 millones de euros para regularizar los ocho millones con los que su primo le costeó sus viajes privados durante años. Es la fórmula para eludir cualquier responsabilidad fiscal, pero la decisión del emérito dejaba abiertos varios interrogantes como el papel jugado por la Fiscalía. 

El escueto comunicado emitido este viernes por el letrado Javier Sánchez Junco para confirmar la regularización del rey emérito apenas tenía dos párrafos. Pero el texto arrojaba un dato relevante. Afirmaba que ninguna autoridad les había requerido nada. Esto es la clave para eludir el delito fiscal. El Código Penal establece que cualquier regularización deberá producirse antes de que la autoridad competente “interponga querella o denuncia” o antes de que realice “actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.

Se da la circunstancia de que este anuncio de una nueva regularización se produjo tres meses después de que El Confidencial publicase que el Emérito había disfrutado de ocho millones de euros en vuelos privados junto a una profusión de detalles. La Fiscalía guardó silencio ante las preguntas de este periódico sobre si los investigadores del ministerio público que instruyen las diligencias sobre el rey -al menos tres líneas de investigación hasta la fecha- conocían ese dato que lleva semanas en poder de la prensa.

Fiscalía: “No damos información”

“No damos información sobre el contenido de las investigaciones”, dicen desde el departamento que dirige Dolores Delgado. En diciembre en cambio sí confirmaron que unirían la primera regularización fiscal al resto de sus diligencias. La Fiscalía también confirmó que en noviembre habían notificado al despacho del abogado de Juan Carlos I la apertura de diligencias de investigación sobre el uso de tarjetas opacas a cargo de su amigo mexicano. Esto pone en riesgo aquella primera regularización a diferencia de la segunda.

Estos elementos dieron pie a la Asamblea Republicana de Vigo a presentar su querella el pasado 17 de marzo. La firma el abogado Antón Beiras Cal y “se fundamenta en la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa regulado en el artículo 404 del Código Penal en su modalidad omisiva o, alternativamente, de la conducta descrita en el artículo 408 el mismo texto legal, por la inacción ante los presuntos delitos fiscales que pudiera haber cometido Su Majestad el Rey emérito Don Juan Carlos de Borbón y Borbón”. El primer delito está castigado con una pena de hasta 15 años de inhabilitación y el segundo con un máximo de dos años.

A lo largo de sus once folios, la querella recuerda que hace ya años que la prensa internacional viene informando de las actividades del rey en el extranjero como el cobro de cien millones de dólares por parte de la familia real saudí y que acabaron en una cuenta de su amante Corinna Larsen en un paraíso fiscal. “El Rey Emérito nunca presentó modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero, conducta sancionada con multas desorbitantes”, protestan.

Considera “asombroso” que “tras la gravedad de los hechos investigados, la Fiscalía no comunicó denuncia o querella al Emérito” a pesar de que “la información suiza está en manos de la justicia española y es clave para que, de oficio, la Fiscalía de este Tribunal presentase una querella contra el rey emérito”.

“La Agencia Tributaria –añade la querella– que conocía que el Rey nunca había presentado modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero, y que por tanto aquéllas cantidades millonarias eran opacas, tampoco abrió actuaciones inspectoras que interrumpieran la prescripción e impidieran los efectos jurídicos exculpatorios de una declaración complementaria con carácter espontáneo, pese a conocer que Juan Carlos I utilizó fondos ajenos no declarados al fisco durante al menos tres años, entre 2016 y 2018, cuando ya no gozaba de inviolabilidad”.

Fuente: Alejandro Requeijo – VozPópuli

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