El Gobierno hará efectiva en días la transferencia de prisiones a Euskadi

País Vasco asume la competencia en plena polémica por el acercamiento de presos.

Después de décadas esperando, el momento ha llegado. El traspaso de la gestión de las cárceles de Euskadi al gobierno vasco está cerrado –a falta de unos pequeños detalles técnicos– y este mes de abril se escenificará la firma de la transferencia de competencias entre el ejecutivo central y el autonómico.

El timón de la política penitenciaria seguirá controlado desde Moncloa, pero será el gobierno de Iñiko Urkullu quien, a través de la dirección penitenciaria tome las riendas en la gestión y seguimiento del cumplimiento de penas, programas de tratamiento en sus cárceles, clasificación de los internos y concesión de permisos.

Así, Euskadi se convertirá en la segunda comunidad tras Catalunya en asumir esta competencia en plena polémica por el acercamiento de etarras a prisiones próximas al País Vasco. Para los que se desmarquen claramente de la violencia el gobierno vasco lleva años trabajando un plan para su “resocialización”.

Las fuentes consultadas por La Vanguardia tanto del Gobierno central como el autonómico no se aventuran a señalar una fecha exacta en la que se firme el acuerdo, pero dan por sentado que será en este mes. “Los trabajos están ultimados, tanto los que tienen que ver con la definición de las funciones que se traspasan como el cálculo económico”, apuntan desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dirigido por Miquel Iceta.

1.300 reclusos

Las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene dejarán de depender del ministerio

Cuando se rubrique el acuerdo los casi 1.300 presos que componen la población reclusa de Euskadi serán competencia de Urkullu. Unos 700 de ellos cumplen pena en la cárcel de Zaballa (Álava) –que sustituyó a la antigua Nanclares de la Oca–, 300 pertenecen a la prisión de Basauri (Bizkaia), y unos 260 están en Martutene (Gipuzkoa), aunque no por mucho tiempo porque este centro penitenciario echará el cierre en el 2023, cuando se abran las puertas de la nueva cárcel de Zubieta.

Cuando se materialice la cesión –cumpliendo así el compromiso recogido en el Estatuto de Gernika desde 1979–, el personal de estos tres centros –compuesto por unos 700 funcionarios– también pasará a depender en su totalidad de la administración vasca.

Pese a que las negociaciones para el esperado traspaso se mantuvieron congeladas durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se aceleraron cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y han adquirido velocidad desde que en el pasado octubre el apoyo del PNV fue vital para aprobar los presupuestos generales. El gobierno vasco lleva años preparado para el día en que tenga que gestionar la trayectoria penitenciaria de sus reclusos, especialmente los de ETA. Ahora hay una treintena de condenados por terrorismo en cárceles vascas, del total de los 180 miembros de la banda que cumplen condena. Pero los constantes acercamientos están haciendo que este panorama cambie.

Empleo, piso y renta; las ayudas para ‘resocializar’ presos de ETA que ultima Urkullu

Precisamente para este nuevo escenario, el Gobierno de Urkullu trabaja desde hace años en el programa Hitzeman para hacer de la reinserción “una política de convivencia para la sociedad y de confluencia para las víctimas”. Aquí la justicia restaurativa desempeñará un papel fundamental. Este programa es la base para una norma de “resocialización” que regulará “las políticas de convivencia”. Este programa de tratamiento para los presos de ETA contempla dos fases.

Programa hitzeman

Busca hacer de la reinserción “una política de convivencia para la sociedad”

La primera de reinserción desde la cárcel y pasa por la acreditación de un distanciamiento crítico con respecto al delito cometido, el reconocimiento del daño causado a las víctimas y el compromiso con la paz y la convivencia. Si se supera esta etapa, un comité evaluador emitirá un informe favorable. La persona presa que haya decidido participar voluntariamente en el proceso podrá utilizar el informe “como prueba pericial” que acompañe su solicitud de progresión de grado.

La segunda de reintegración hace referencia a procesos pospenitenciarios en los que el Gobierno autonómico se compromete a ofrecer apoyo asistencial para una adecuada adaptación a la vida social.

Fuente: Joaquín Vera – La Vanguardia