Bruselas dará un rapapolvo a España en vísperas de las elecciones por el rescate de la aerolínea Plus Ultra

La comisaria de Competencia investiga las presuntas irregularidades en la ayuda a la aerolínea y prepara un informe negativo para la semana anterior al 4 de mayo.

Bruselas investiga las presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno. Los primeros avances en el análisis apuntan a que la UE reprenderá a España en un “informe negativo” por esta operación. Las competencias sobre ayudas estatales se encuentran en manos de la Comisión Europea.

Hasta el punto, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes comunitarias, de que la comisaria de Competencia de la UE ha comenzado a realizar su propio estudio de las condiciones del rescate y no descarta exigir a España que recupere la ayuda de 53 millones acordada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo público que gestiona el fondo de rescate a compañías afectadas por la pandemia.

La ayuda ha generado gran controversia en España, ya que Plus Ultra sólo cuenta con un avión y lleva años arrojando pérdidas. Ni siquiera la banca se atrevió a conceder al consorcio un préstamo avalado por el ICO por el riesgo que entrañaba.

Rapapolvo en vísperas de las elecciones

La reacción de la Comisión Europea se produce después de que el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, remitiera hace unas semanas una carta a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

En esa misiva, el dirigente de Ciudadanos planteaba sus dudas sobre la legalidad de la ayuda millonaria aprobada por el Consejo de Ministros para salvar a la aerolínea.

Fuentes políticas en Bruselas aseguran a ECD que la respuesta de la comisaria de Competencia llegará “en menos de un mes”.

De hecho, se espera en la semana previa a las elecciones del 4 de mayo en Madrid, por lo que la reprimenda a España por incumplir las condiciones pactadas con la UE para el rescate llegaría en la recta final de la campaña electoral en la capital. Una información que ya manejan también en Moncloa y en el PSOE.

Las ayudas de Estado que está repartiendo la SEPI serían ilegales de no estar arropadas legalmente por el ‘Temporary Framework’.

Se trata de un ambicioso mecanismo impulsado por la Comisión Europea con el fin de dar “la máxima flexibilidad a los estados para apoyar a la economía durante la crisis del coronavirus”. Bruselas habilitó este marco el 19 de marzo de 2020 y lo fue ampliando según avanzaba la pandemia con distintos tipos de ayudas.

Un rescate que ha levantado sospechas

El rescate a Plus Ultra se encuentra desde hace semanas bajo sospecha. Por un lado, por el hecho de que al menos el 47% de la compañía es propiedad de empresarios venezolanos cercanos al chavismo y que, además, uno de los fundadores de nacionalidad española fue condenado en 2020 a un año de cárcel por fraude fiscal.

Pero, sobre todo, se ha cuestionado el carácter estratégico de la aerolínea para España y el tejido productivo nacional o regional. El Gobierno ha justificado la concesión de esta ayuda asegurando que la aerolínea “tiene rutas establecidas con algunos países de América Latina que son fundamentales para la conectividad del país”. En concreto, la aerolínea conecta España con Venezuela, Perú y Ecuador.

Sin embargo, hay que recordar que hay otras aerolíneas españolas como Air Europa o Iberia que también conectan España con una lista cada vez más amplia de países latinoamericanos. De hecho, la también rescatada Air Europa operó 165.838 vuelos en 2019 en los aeropuertos españoles, acaparando el 6,9% de la cuota de mercado.

Por contra, el peso de Plus Ultra en la conectividad aérea de España es ínfimo. En 2019, justo antes de la pandemia, la aerolínea apenas operó 823 vuelos, el 0,03% del total. En consecuencia, ocupaba el puesto número 166 en el ranking por tráfico en España.

El escándalo de Plus Ultra compromete los fondos europeos para España

La CNMC ha esquivado pronunciarse

Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha esquivado pronunciarse sobre Plus Ultra después de que Ciudadanos solicitase la elaboración de un informe consultivo sobre la concesión de 53 millones de euros a la aerolínea con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas.

Sin embargo, el regulador de la competencia valora ahora que, puesto que no tiene potestad para revocar este tipo de ayudas, no tiene sentido publicar ‘ex post’ un informe sobre la inyección que ya ha sido aprobada para Plus Ultra, a pesar de que en otras situaciones sí lo ha hecho.

En vísperas de recibir los fondos europeos

El reparto de dinero púbico siempre ha sido un asunto espinoso en los despachos comunitarios. Pero ahora lo es mucho más, con 750.000 millones de euros a la espera de ser entregados a los estados miembros. A España le corresponden 140.000 millones, 27.000 de los cuales deberían llegar antes de que acabe este año.

Bruselas ya viene sospechando de España por su opacidad respecto a las ayudas europeas. Tal y cómo se contó en ECDla UE reprochó hace unas semanas por carta a Moncloa que no haya creado la unidad de seguimiento del fondo de recuperación, que prometió Pedro Sánchez el pasado mes de julio a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

En aquellos días se conoció también que el decreto ley del Gobierno sobre los fondos europeos atenta contra el reglamento de la Unión Europea y pone en riesgo así el dinero para España.

El reglamento comunitario, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, exige “procesos de control sólidos”, pero el dictamen del Consejo de Estado aludió entonces precisamente a que, por el contrario, el Gobierno los había relajado.

Quedan pendientes varios rescates

Por el momento, el Ejecutivo ha aprobado inyecciones del fondo de la SEPI a tres compañías en apuros: la también aerolínea Air Europa (475 millones de euros), la ingeniera Duro Felguera (120 millones de euros) y la propia compañía aérea.

La lista de solicitudes para acceder al fondo, dotado inicialmente con 10.000 millones, es larga: Celsa, Mediapro, Abengoa… El límite a partir del cual el Gobierno tiene que solicitar la aprobación de la Comisión Europea son los 250 millones. De ahí que no se pidiera autorización para la inyección a Plus Ultra.

Fuente: José Antonio Frauca – El Confidencial Digital

Comparte esta página:
0 0 votos
Calificación del post
Suscribirse
Notificar de
guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos lo comentarios