La España totalitaria de Sánchez y Marlaska

Menos mal que el Gobierno es de izquierdas, porque esto mismo con un Ejecutivo de derechas sería calificado de dictadura pura y dura.

El Gobierno que se define como el más progresista de la Historia tendrá que restituir al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en su puesto de jefe de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid. La Audiencia Nacional ha admitido un recurso del destituido. El coronel fue cesado por negarse a informar al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre las pesquisas que llevaba a cabo un grupo de agentes de la Guardia Civil en calidad de policía judicial en torno a la autorización de la marcha feminista del 8-M del pasado año, cuando estalló la pandemia.

Grande-Marlaska pretendía que el mando de la Guardia Civil le cascara lo que indagaban unos agentes que estaban bajo su mando pero de cuyas actividades por orden judicial el coronel no debía saber nada y mucho menos chafardear con esa información. Eso lo tenía que saber el ministro perfectamente porque antes que ministro fue juez, pero le importó un rábano y ante la digna negativa del coronel adoptó represalias que consistieron en cesarlo como jefe de la Comandancia y negarle el ascenso a general que por méritos y antigüedad le correspondía.

La misma y vieja historia de siempre. Gentes de honor, profesionales de probada valía, personas eficientes y dignas son vapuleadas por políticos sin escrúpulos, mediocres chupatintas sólo buenos para trepar y pelotear. Habrá que ver lo que se inventa Grande-Marlaska para no cumplir la resolución judicial y mantener en el ostracismo a Diego Pérez de los Cobos, un guardia civil a quien los golpistas se la tenían jurada por haber impedido con democráticas medidas de contención que los separatistas se rieran del Estado y de los ciudadanos no separatistas el 1 de octubre de 2017.

El pago a ese y otros servicios, así como al cumplimiento cabal de sus obligaciones, fue el cese, un cese que habla de la clase de individuo en el que se convirtió Grande-Marlaska al aceptar ser ministro en un Gobierno con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Así es que tenemos un ministro del Interior que nombra y cesa a cargos policiales en función de sus particulares intereses políticos y sin importarle una higa que tal comportamiento sea de una ilegalidad abracadabrante. Claro que se trata del mismo ministro que considera que una patada en la puerta vale lo mismo que una orden judicial, idea que no deja de ser extraordinariamente disparatada y delirante viniendo de un tipo que fue juez. El hecho se ha puesto de relieve en las redadas ordenadas contra fiestas particulares que según Interior son «ilegales». O sea que ahora resulta que para montar una fiesta en casa, sea viciosa orgía o inocente cumpleaños, habrá que pedir permiso a la autoridad competente. La idea seguro que es muy del agrado de los mulás del Afganistán y de los ayatolás del Irán.

El cese arbitrario del coronel De los Cobos y los episodios de las patadas en las puertas al amparo de las leyes marciales por el coronavirus no han entrado por falta de tiempo en el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos y libertades en el mundo. En dicho documento, ese pedazo de Gobierno progresista de Sánchez no queda precisamente bien parado. La Administración presidida por Biden cuestiona las restricciones de movilidad de la ciudadanía con la excusa del coronavirus, las ruedas de prensa sin periodistas, las amenazas y presiones a la prensa independiente y los chanchullos neuronales de Pablo Iglesias, entre otros extremos que desmienten la impresión que tiene de sí mismo el Gobierno y que difunde con sus Cintoras y Ferreras.

Menos mal que el Gobierno es de izquierdas, porque esto mismo con un Ejecutivo de derechas sería calificado de dictadura pura y dura.

Fuente: Pablo Planas – Libertad Digital