Sale de Sanidad el alto cargo con más compras irregulares

Jiménez Palacios firmó desde el Ingesa decenas de contratos para la adquisición de equipos y material contra la Covid-19 a precios desorbitados con empresas desconocidas en el sector.

La polémica de las compras de materiales y equipos de protección individual contra la Covid-19 ha salpicado al Ministerio de Sanidad durante toda la pandemia, especialmente hasta la salida de Salvador Illa de su puesto, el pasado mes de enero. Uno de los altos cargos que ha firmado durante el último año gran parte de los contratos bajo sospecha ha abandonado el departamento. Se trata de Alfonso Jiménez Palacios, hasta ahora director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

Como se recordará, en la primera fase de esta grave crisis de salud pública el Ministerio de Sanidad encargó a este organismo la política de adquisición urgente de productos como geles, guantes o respiradores, pero la falta de experiencia de sus responsables sobre el funcionamiento de los mercados internacionales, su lentitud a la hora de materializar las compras y la escasa dotación de personal provocaron un tapón que forzó al Ministerio de Hacienda a intervenir y a los gobiernos autonómicos a lanzarse por su cuenta a la adquisición de los equipos ante la grave situación que atravesaban sus hospitales al multiplicarse los contagios de enfermos y de sanitarios.

Con todo, el director del Ingesa rubricó durante varios meses decenas de operaciones bajo sospecha por los sobreprecios pagados con dinero público o por los proveedores e intermediarios elegidos, muchas veces desconocidos en el sector sanitario.

Jiménez Palacios es un médico especialista en Medicina Interna afín al PSOE. De hecho, ha ocupado puestos en el Ministerio de Sanidad con todos los ministros de este partido desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por ejemplo, ha sido secretario general de Sanidad y Política Social, director general de Farmacia y Productos Sanitarios, y director general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

El 6 de julio de 2018 llegó a la Dirección General del Ingesa, un retiro dorado para una dilatada trayectoria que se truncó con la llegada de la pandemia. Su estallido convirtió a este organismo que gestiona la Sanidad de Ceuta y Melilla en protagonista de primer nivel, y lo que iba a ser una etapa tranquila hasta la jubilación que acaba de producirse se ha convertido en un año tortuoso para este facultativo.

El dinero fallido de la pandemia (140 millones de Euros en contratos)

Una de las operaciones más polémicas firmadas por el Ingesa con Alfonso Jiménez Palacios al frente fue la compra de hisopos para realizar pruebas PCR, mascarillas y dispositivos de ventilación mecánica, entre otros productos o equipos, a doce empresas de dirección desconocida por un importe global de 313 millones de euros. El Ingesa obvió el domicilio en un total de 14 expedientes. El procedimiento administrativo seguido en gran parte de los contratos firmados por el Ingesa durante el último año fue uno «negociado sin publicidad acelerado», bajo la justificación de la situación de extrema urgencia motivada por la Covid-19, y la empresa adjudicataria era la única que optaba al contrato. En numerosas ocasiones, la formalización de estos contratos se publicó con meses de retraso en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Otra operación que estuvo envuelta en la polémica fue la compra por 9,922 millones de euros de una partida de 200 respiradores con la descripción Eternity SH-300 a Tec Pharma Europe, S.L., una empresa ubicada en la localidad granadina de Armilla y regentada por el ciudadano iraní Armin Ghodsian Bazaz. El precio estipulado por cada uno fue de 49.610 euros, cuando su valor de mercado en el momento de la adjudicación no rebasaba los 20.000 euros, aunque algunas fuentes lo rebajan a menos de 16.000. Dicha empresa, una de las de «dirección desconocida», empezó sus operaciones el 31 de enero de 2019 con un capital social de apenas 3.000 euros y entre sus objetos sociales figuran actividades tan variopintas como la fabricación de complementos alimenticios, el comercio al por mayor de ordenadores y equipos periféricos o la intermediación con medicamentos. El sobreprecio estimado de la operación roza los seis millones de euros.

Otro de los múltiples contratos polémicos rubricado por el Ingesa durante los primeros meses de pandemia fue el adjudicado a MJ Steps. El organismo que entonces dirigía Jiménez Palacios abonó más de 5,2 millones de euros por un millón de hisopos para la toma de muestras en los test a esta empresa textilCada escobillón le costó a las arcas públicas 5,2 euros, cuando su valor unitario de mercado no superaba entonces los 1,2 euros. A la firma Value&Bro, Sanidad llegó a pagarle hasta 6,05 euros por hisopo. En ese tiempo, numerosas adjudicaciones realizadas fueron a parar a empresas emplazadas a escasa distancia de La Roca del Vallés, el pueblo del entonces ministro. Como se recordará, varias organizaciones se han querellado contra el Gobierno por la política de compras en la pandemia.

Fuente: Sergio Alonso – La Razón