España pagó 32 veces más caro material sanitario básico en 2020

Cuatro empresas obtuvieron 636 millones de euros en contratos urgentes por la Covid el año pasado.

El 4 de febrero de 2020, cuando se empezaba a conocer la expansión de ese raro virus que se extendía por la ciudad china de Wuhan y el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, convocaba un excepcional Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), ahora tan habitual, el Área de Salud de Tenerife compró, vía contrato de emergencia, 1.004 mascarillas FFP2 a 1,40 euros cada una. Siete días después adquirió otras 1.200 al mismo precio. El 11 de febrero, el 26 del mismo mes y el 2 de marzo el Servicio cántabro de salud firmó tres contratos similares, un total de 1.400 mascarillas, pero más baratas, a 80 céntimos. Barna Import, la tercera compañía que más dinero se llevó en contratos de emergencia en 2020, subió el precio hasta los cinco euros el 30 de marzo, unas semanas después, cuando vendió mascarillas FFP2 a Murcia. Así comienza la investigación desarrollada por los integrantes de la Fundación Civio, una organización independiente y sin ánimo de lucro que vigila a los poderes públicos.

Más datos: la primera vez que el Ministerio de Sanidad usó la contratación de emergencia para hacerse con mascarillas fue el 10 de marzo, poco antes de declarar el estado de alarma, y cuando aún no eran obligatorias, ni siquiera recomendadas, para la población en general. Las pagó a algo más de dos euros la unidad, muy por encima del precio que solo días antes estaban pagando los cántabros. En Mérida, a 6,53. Y en abril los precios explotaron y tocaron su tope: los ocho euros que pagó la Autoridad Portuaria de Valencia a Almacenes Élite, una empresa que hasta entonces se dedicaba a la papelería.

En octubre, noviembre y diciembre las FFP2 bajaron del euro la unidad. De hecho Sanidad firmó un millonario acuerdo marco en noviembre para seleccionar distintos proveedores a los que poder comprarles productos vinculados con la pandemia a partir de entonces. Una de esas empresas accedió a venderlas por 25 céntimos. El rango de las FFP2 fue de los 25 céntimos a los ocho euros; el de las KN95, de los 87 céntimos a los 11,25 euros, el precio que pagó en junio la Villa de Ingenio, un pequeño pueblo de las Palmas de Gran Canaria que no hizo mucho honor a su nombre.

Sale de Sanidad el alto cargo con más compras irregulares

Las FFP3, por su parte, son las protagonistas de una de esas situaciones que desafían las supuestas leyes lógicas del mercado: Extremadura firmó el mismo día (16 de junio) y con la misma empresa (Comercial Extremeña Hospitalaria) dos contratos para comprar este tipo de mascarilla con precios distintos: en uno a 7,86 euros, y en el otro, a 6,9.

Tenerife y Cantabria no solo se adelantaron con las mascarillas FFP2, también con las quirúrgicas, que compraron en febrero a cuatro y cinco céntimos cada una. En marzo, el Ministerio aprobó tres compras, todas a dos céntimos la unidad. Solo tres días después de adjudicar el último contrato a dos céntimos pasó a pagarlas 20 veces más caras, casi a medio euro cada una. Lo hizo a través de dos contratos que firmó el mismo día con FCS, la empresa que más dinero se llevó en 2020 vía contratos de emergencia. En total, compró 430 millones de mascarillas por las que pagó casi 183 millones de euros. Todo adjudicado el mismo día.

La Agència Catalana de l’Habitatge compró 1.000 mascarillas quirúrgicas directamente a una farmacia a 1,82 euros la unidad. El 19 de noviembre una resolución redujo a 62 céntimos, IVA incluido, el precio máximo al que se podían vender a particulares las mascarillas quirúrgicas en farmacias u otros comercios. En guantes de nitrilo, el rango va de 0,35 a 0,02 euros. Una diferencia que se traduce en gastos millonarios cuando se compran de forma masiva.

La investigación de la Fundación Civio muestra que en torno al pack de palito y tubo para extraer y guardar muestras, el 17 de abril se recogió el hecho de que el Ministerio de Sanidad compró 700.000 de esos bastoncillos a más de seis euros cada uno, el precio más alto de nuestros datos. La empresa adjudicataria de este contrato de más de cuatro millones de euros fue Value & Bro, una firma sin trabajadores pero con contactos en China liderada por una abogada malagueña. Un precio desorbitado si tenemos en cuenta que solo diez días después Castilla y León los compró a un euro. También se comparan las compras de test de antígenos. Uno de los más usuales es el de Abbot, por eso esta compañía es la cuarta empresa que más dinero se llevó en contratos de emergencia. Desde su aprobación, en septiembre, los vende siempre al mismo precio fijo: 4,5 euros.

Pero, en ocasiones, las administraciones decidieron optar por marcas más caras. Castilla y León compró a Roche a 6,5 euros y a 5,3 a Kalea, una empresa intermediaria que hasta entonces se dedicada a asesorar a empresas españolas con intereses en China. Castilla La Mancha, a Biotical, a cinco euros. Pero el precio más disparatado fue el que pagó el Ministerio de Sanidad a Interpharma, la empresa que medió para adquirir los test de Bioeasy: no solo salieron defectuosos -la compañía aseguró que había devuelto el dinero- sino que eran muy caros: 21,5 euros cada uno de los 659.000 que compraron. En total, un contrato de 14 millones.

En geles hidroalcohólicos, que se pagaron desde menos de 1,4 euros hasta 40 euros el litro, es donde Civio encuentra mayores diferencias aun teniendo en cuenta el formato: no es lo mismo comprar bidones de cinco litros que envases pequeños. Pero solo en parte. De hecho, la Generalitat Valenciana adquirió a finales de marzo envases similares, de 500 y 600 mililitros, a otra empresa mucho más barata: les salió a menos de 1,4 euros el litro, el precio más bajo de nuestra base de datos.

Las contrataciones a dedo provocaron el año pasado que cuatro empresas se llevaran uno de cada diez euros adjudicados de emergencia en 2020. Como recoge el exhaustivo trabajo de la Fundación Civio, se usó este procedimiento a dedo y con mínimos controles y transparencia en 16.589 contratos que sumaron 6.445 millones. La gran mayoría se destinó a la compra de suministros sanitarios por la pandemia ya la Ley de Contratos los permite en tres supuestos muy claros: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. En total, las administraciones públicas adjudicaron y publicaron 16.589 contratos de emergencia durante 2020, que suman 6.445 millones de euros. Suponen un 15% de todos los que se firmaron ese año.

La crisis sanitaria hizo que muchas empresas tuvieran que reconvertirse y que otras vieran oportunidades en medio de la crisis. Es el caso de FCS Select Products, una firma dedicada al sector de las bebidas energéticas con sede en Barcelona y una delegación radicada en China pero que nunca había trabajado en el sector sanitario. Gracias a cuatro contratos con el Ministerio de Sanidad, todos ellos firmados el 23 de marzo y que suman más de 217 millones de euros, se convirtió en el principal importador, o intermediario, del Gobierno.

Le sigue en la lista la empresa china Hong Kong Travis Asia, con 187 millones, debidos sobre todo a una compra de 150 millones en mascarillas. De hecho, esta empresa se llevó uno de cada tres euros que fueron a parar a empresas extracomunitarias (574 millones, el 9% del total).

La tercera en la lista es Barna Import Médica. Al contrario que FCS, se trata de una empresa que ya se dedicaba antes de la crisis a la importación y venta de productos sanitarios. Sumaron 121 millones pero repartidos en 225 adjudicaciones. Vendieron a administraciones de todos los niveles mascarillas, guantes y batas, entre otros elementos de protección. La cuarta es Abbott (111 millones en 103 adjudicaciones), la gran mayoría para la compra de test de antígenos, puesto que comercializan uno de los más efectivos dentro de este tipo de pruebas de diagnóstico.

En total, estas cuatro empresas suman unos 636 millones de euros, casi el 10% del total adjudicado y publicado en 2020. El montante principal de los 6.445 millones en contratos de emergencia se destinó a medidas de protección. La gran mayoría, 5.398 millones, fue a contratos de suministros, sobre todo mascarillas y otra vestimenta de protección (casi 3.000 millones), seguidas de test. Entre las obras, de los 326 millones adjudicados, más de 94, un 30%, fueron a acondicionar, reparar y mantener espacios sanitarios.

Por organismos, la Administración General del Estado gastó más de la mitad de esos 6.445 millones. Casi todo lo gestionó Sanidad. De hecho, el 98% del dinero en contratos de ese ministerio se adjudicó vía emergencia.

Fuente: Emiliano Cascos – La Razón

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