Marlaska: mil días, ocho polémicas

La controversia provocada por la compra de una cinta de correr para el ministro es el último de una sucesión de episodios que incluye destituciones en la Guardia Civil, el acercamiento de presos etarras y la conversión de un puesto técnico en político.

«Estoy en lo cierto si digo que llegó la hora de hablar de los temas que preocupan a las personas de este país, no de hablar de otras cuestiones ni generar agendas paralelas a la realidad de España. Llegó un nuevo momento, que nos exige soluciones y propuestas. Reitero que en mí encontrarán a un ministro resolutivo y propositivo».

Hacía 27 días que había prometido el cargo como titular de Interior ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela (7 de junio de 2018) cuando Fernando Grande-Marlaska compareció por primera vez ante la comisión de Interior del Congreso para informar de los ejes que guiarían su actuación y pronunció estas palabras. «Estoy convencido de que trabajaremos con la unidad y el consenso que nuestro país demanda, marcando una gran diferenciación, la del diálogo real y efectivo. Muchos de ustedes me conocen y saben que ninguna de mis palabras es en vano», espetó a los diputados aquella mañana de julio de 2018 antes de parafrasear a Cicerón: «La evidencia es la más decisiva demostración».

Han transcurrido mil días desde que está al frente de Interior, un periodo en el que las polémicas han engullido parte del prestigio social que atesoró por su lucha contra ETA -llegó a estar en el blanco del comando Vizcaya– durante su etapa como juez de instrucción en la Audiencia Nacional. La última ha estallado esta semana, cuando este diario desveló que el ministerio que dirige había gastado 2.800 euros en la compra de una cinta de correr semiprofesional para su uso en la vivienda oficial en la que reside. Antes tomó otras decisiones controvertidas que han marcado su gestión y que desataron las críticas de la oposición.

‘Lenin’, de comisario a director general

Tan sólo unas semanas después de asumir la cartera, Grande-Marlaska tomó una de las medidas que más han escocido en la Guardia Civil. El ministro desplazó al coronel Juan Hernández Mosquera como director del Gabinete de Coordinación y Estudios -un puesto clave en la Secretaría de Estado de Seguridad y al que corresponde la supervisión de los fondos reservados, entre otras funciones- para colocar en su lugar al comisario José Antonio Rodríguez González. Conocido en la Policía como Lenin, este mando había trabajado en Interior con todos los ministros socialistas y desde alguna asociación profesional de la Guardia Civil se interpretó abiertamente su designación como una calculada estrategia para situar a un «comisario político» en un cargo de perfil técnico.

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que se ha nombrado director general de Coordinación y Estudios a José Antonio Rodríguez, lo que ha requerido previamente una modificación de la estructura orgánica básica de Interior a fin de exceptuar de la condición de funcionario al alto cargo elegido: éste cumplió el jueves los 65 años, la edad máxima con la que se puede servir en el Cuerpo Nacional de Policía.

«Un elevado número de funciones asumidas actualmente por el Gabinete de Coordinación y Estudios entrañan por su propia naturaleza un evidente cariz político, más allá del carácter exclusivamente técnico-profesional que inicialmente se le confirió, y demandan de la persona titular del órgano unas cualidades específicas que, en ocasiones, pueden no encontrar adecuada respuesta en la capacitación eminentemente técnica de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que históricamente ha estado asociado el puesto», se expone en el preámbulo de la citada norma para justificar que esta dirección general sea ocupada por una persona no funcionaria. Grande-Marlaska, de esta forma, ha convertido un puesto técnico en una plaza política.

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«Desde el principio se decidió que al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios debía estar un responsable técnico, no un político, para garantizar que las decisiones técnicas respetaban las exigencias de neutralidad política a las que se deben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello siempre durante los últimos 35 años, hasta la llegada de Grande-Marlaska, al frente de ese gabinete estaba un guardia civil», recuerda un veterano oficial del Instituto Armado.

Con la decisión de que fuera la Guardia Civil el Cuerpo que desempeñara esa responsabilidad se buscaba garantizar que no quedara comprometida la neutralidad política que se exige a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de modo que de las cuestiones de «cariz político» se encargaba el gabinete de la Secretaría de Estado y de los asuntos técnicos de seguridad, el Gabinete de Coordinación y Estudios. «Ahora dan otro gran salto al quitarse la careta y decir directamente que esas funciones son más políticas que técnicas, lo que habría sido pecado mortal hace tan sólo dos años; se ha institucionalizado el atropello cometido sibilinamente en 2018», apostilla la fuente.

La defenestración de Pérez de los Cobos

En la noche del domingo 24 de mayo de 2020, el coronel Diego Pérez de los Cobos recibió una inesperada llamada de María Gámez, a la que Grande-Marlaska puso al frente de la Guardia Civil al inicio de la presente legislatura en sustitución de Félix Azón. La socialista andaluza le comunicó al veterano oficial su cese como jefe de la Comandancia de Madrid por una sobrevenida «pérdida de confianza».

Con el aval del ministro, la dirección reaccionaba de forma expeditiva después de que el general jefe de la Zona de Madrid (José Antonio Berrocal) y el entonces jefe del Mando de Operaciones (teniente general Fernando Santafé) hubieran intento sin éxito que Pérez de los Cobos les informara acerca del atestado enviado al juzgado que instruía la causa del 8-M, procedimiento abierto a raíz de la manifestación feminista celebrada en Madrid cuando ya se registraba más de medio millar de positivos por coronavirus en España y 17 personas habían fallecido. Faltaban unos días para que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la situación de pandemia.

Como un efecto dominó, la destitución desencadenó al día siguiente la dimisión de Laurentino Ceña como Director Adjunto Operativo (DAO) y la posterior defenestración del teniente general Fernando Santafé, entonces número tres del Cuerpo y llamado teóricamente a ocupar a suceder a Ceña. Desde la instauración de esta figura en la etapa del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, ningún DAO había dimitido.

El titular de Interior siempre ha tratado de enmarcar en un «proceso natural de sustitución de equipos» su decisión de prescindir del coronel, responsable de la coordinación del dispositivo policial el 1-O y muy crítico con el papel desempeñado por Josep Lluís Trapero como mayor de los Mossos d’Esquadra aquella jornada en la que el independentismo desafió el orden constitucional. Según el ministro, el relevo obedecía al «nuevo impulso» que él quería imprimir a la Guardia Civil, iniciado en enero con la elección de Gámez como directora general e interrumpido por el avance de la covid-19. 

Destinado en la Intervención Central de Armas y Explosivos y a la espera de que se resuelva el recurso que interpuso contra su destitución, Pérez de los Cobos ha recibido casi diez meses después un segundo castigo. Como ha revelado El Confidencial, Grande-Marlaska le ha cerrado la puerta para ascender a general al no respetar el orden que arrojaba la evaluación previa elaborada por el Consejo Superior del Cuerpo: el coronel era el primero, pero Interior ha decidido promocionar a los tres siguientes.

Corbí, destituido en la UCO

Poco después del retorno del comisario Lenin a la Secretaría de Estado de Seguridad, el ministro del Interior tomó otra decisión de gran calado en la Guardia Civil: la destitución fulminante de Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), encargada de luchar contra la corrupción -entre otras tareas policiales- y una de las más prestigiadas del Cuerpo por el éxito de sus investigaciones.

El 25 de julio de 2018, el coronel firmó una orden interna para comunicar a los diferentes departamentos bajo su mando que quedaba «temporalmente suspendida cualquier actividad de la Unidad Central Operativa y sus unidades subordinadas que requieran obligatoriamente realizar gastos de la partida ‘Fondos de Gastos Reservados», supervisada por el comisario José Antonio Rodríguez. Éste ya había desembarcado en el puesto en el que acaba de ser ratificado una vez esquivado el ‘escollo’ de la jubilación con la creación de una dirección general ad hoc.

«Lo hizo sin haber recibido instrucción alguna de sus mandos ni de ninguna autoridad judicial. Esa decisión unilateral puso en peligro operaciones policiales y judiciales en marcha», justificaron entonces desde Interior. «Este nuevo equipo estaba analizando el destino de los fondos pero eso no supuso cese de ninguna actividad de investigación policial. De hecho se autorizaron partidas para cuestiones que así se requirieron», añadieron.

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Sánchez Corbí se convirtió así en la primera ‘víctima’ de Grande-Marlaska, con el que mantenía una vieja amistad. El coronel inició una batalla en los tribunales para que se revocara su destitución al entender que no concurría causa objetiva alguna. Tras no lograrlo, el pasado 30 de enero dejó el Cuerpo tras casi 35 años de servicio -su último destino fue la jefatura del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE)- para fichar por el grupo Acciona.

El chalé de Galapagar, blindado frente a las protestas

También ha estado envuelto en la polémica el amplio dispositivo policial que el Ministerio del Interior ha habilitado para brindar protección a la vivienda en la que residen el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero, especialmente a raíz de las concentraciones de ciudadanos a sus puertas para protestar por la gestión que ha realizado el Gobierno de coalición de la crisis provocada por la covid-19. No se han escatimado recursos policiales.

Desde septiembre de 2018, tres meses después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, patrullas de la Guardia Civil realizaban servicio de vigilancia a las puertas del chalé de Galapagar (Madrid). El pasado verano, Iglesias forzó ante Interior el cambio de Cuerpo, de modo que pasó a hacerse cargo de la seguridad exterior la Policía Nacional. El vicepresidente había mostrado su «descontento» con el servicio que venía prestando el Instituto Armado, sobre todo después de sorprender a un vecino en la parte trasera de la casa grabándoles durante la noche en que se celebraron las elecciones vascas y gallegas (12 de julio).

Se da la circunstancia de que la conocida popularmente como Ley mordaza, cuya derogación ha marcado como prioridad el bipartito que forman PSOE y Unidas Podemos, permitió cerrar la calle en la que se encuentra el chalé de Iglesias y Montero para impedir las sonoras protestas de vecinos por la gestión gubernamental de la crisis del coronavirus.

Acercamiento de 160 presos etarras

Desde que Grande-Marlaska dirige Interior, Instituciones Penitenciarias -uno de los departamentos adscritos a su ministerio- ha acercado ya a 160 presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi, lo que ha soliviantado a algunas de las asociaciones de víctimas. «Presidente, mira esas armas que son las que han empuñado los que cada viernes acercas a sus casas sin colaborar con la Justicia», le recriminó a Pedro Sánchez la pasada semana la presidenta de la AVT, Maire Araluce, durante el acto simbólico organizado por el Gobierno para escenificar la destrucción del armamento y la derrota del terrorismo.

Entre los etarras acercados a centros penitenciarios próximos a su comunidad de origen se encuentra José Luis Barrios Martín, condenado a 60 años por el asesinato del concejal sevillano del PP Alberto Jiménez Becerril y su mujer, Ascensión García. En la lista aparecen también otros nombres de integrantes históricos de la banda, como Mikel Azurmendi o Maite Pedrosa. Una parte de los traslados se concretó mientras el PSOE negociaba con EH-Bildu el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para este año.

Después de que Prisiones anunciara este viernes que acerca a otros seis reclusos condenados por terrorismo (Asier Badiola Lasarte, Jon Joseba Troitiño Ciria, Harriet Iragui Gurruchaga, Íñigo Zapirain Romano, Beatriz Etxebarría Caballero y Jurdan Martitegi Lizaso), la AVT ha emitido un duro en el que arremeten contra el ministro del Interior y lamenta que ya no haya «líneas rojas». «Marlaska pasará a la Historia como el ministro que cedió ante ETA y humilló a las víctimas», han defendido.

Crisis migratoria en Canarias

Otro de los flancos por los que ha recibido críticas Grande-Marlaska ha sido el de la gestión migratoria, después de que la llegada a Canarias de inmigrantes en pateras aumentara el pasado año un 756,8 % en relación con 2019 (de 2.687 a 23.023). El hacinamiento registrado en el puerto grancanario de Arguineguín -donde llegaron a concentrarse cerca de 2.500 personas- y la salida sin control de un grupo de 200 marroquíes desde el citado muelle a Las Palmas llevaron al PP, Coalición Canaria y Podemos Canarias a pedir la dimisión del titular de Interior.

Desde principios de 2020, en el ministerio eran conscientes de la presión migratoria que podría sufrir Canarias por el cierre de la ruta del Mediterráneo, a lo que se sumó el agravamiento de la situación económica en los países de origen por el impacto de la pandemia. De hecho, la situación de la fachada atlántica fue uno de los asuntos que se abordaron en la reunión que el 6 de febrero del pasado año mantuvieron en Rabat Grande-Marlaska y su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit.

Desde que llegó a Interior, el ministro viene señalando la cooperación política y el desarrollo de proyectos con países de origen y tránsito como ejes de la política migratoria de España. Esa estrategia le ha llevado a realizar numerosos viajes no sólo a Marruecos, país del que procede gran parte de los inmigrantes irregulares llegados a España. También a Argelia, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Costa de Marfil y Ghana. 

Cinta de correr para uso del ministro

La última polémica que salpica de lleno a Grande-Marlaska se ha producido esta semana a cuenta de la compra que ha hecho su departamento de una cinta de correr para que él pueda utilizarla en la vivienda oficial en la que reside. Se trata de un modelo semiprofesional, según la descripción del fabricante, que ha requerido un desembolso de 2.770,90 euros (impuestos incluidos).

Tanto Compromís en el Senado como el grupo de Ciudadanos en el Congreso han registrado ya sendas preguntas escritas en las que demandan explicaciones al Gobierno sobre esta adquisición, que consideran «poco ética» a la vista de las dificultades económicas que están atravesando miles de familias en España por la crisis provocada por la pandemia. De momento, el ministro guarda silencio.

Desde Interior aseguran que Grande-Marlaska no ha intervenido «en ningún momento» ni en la decisión de adquirir el aparato ni en el modelo que se ha seleccionado finalmente, asegurando que fue el «servicio técnico» del ministerio quien propuso la compra al haberse estropeado el que existía en la vivienda oficial desde hace años. Las fuentes han aportado a este diario el comprobante de una transferencia bancaria que acredita que el ministro compró de su b0lsillo un aparato de la marca Technogym el pasado 15 de enero por 3.250 euros -al no poder utilizar la que empleaba- y que se encuentra en su domicilio particular.

El ministerio más opaco

Una vez más, Interior ocupó al cierre de 2020 el deshonroso honor de ser el ministerio más opaco. El pasado año, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estimó 75 reclamaciones que había recibido después de que este departamento recurriera al silencio administrativo o hubiera denegado el acceso a la información solicitada. Al organismo independiente que vela por la transparencia en las entidades públicas no le consta que 36 de dichas resoluciones se hayan cumplido.

Los presos en libertad condicional en el periodo 2012-2018, el número de guardias civiles y policías nacionales, los desplazamientos de un alto cargo de Interior, las deportaciones de migrantes, el certificado de pago a la consultora que elaboró el informe para la equiparación salarial, el número de agentes heridos en el operativo policial con el que se repelieron los disturbios en Cataluña tras la sentencia del procés, el coste económico de dicho dispositivo (Ícaro) o las denuncias presentadas por el no uso de la mascarilla de protección frente al coronavirus fueron algunas de las peticiones que no encontraron respuesta por Interior o que no colmaron las pretensiones de los ciudadanos, amparados posteriormente por Transparencia.

Los hechos dejan en evidencia el compromiso que el ministro asumió en su comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados el 4 de julio de 2018. «Esta nueva etapa debe dibujar el presente de lo que vendrá con más transparencia, más cercanía y más seguridad», proclamó el titular de Interior aquel día, cuando -como da fe el diario de sesiones de la Cámara Baja- llegó a utilizar 14 veces el término «transparencia». Quizá convenga refrescar la cita de Cicerón a la que él mismo recurrió aquel día en el Parlamento: «La evidencia es la más decisiva demostración».

Fuente: Antonio Salvador – El Independiente

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