200.000 empresas demandarán al Estado por las restricciones

Más de 300.000 empresas siguen en ERTE, 450.000 pymes necesitan financiación y 130.000 están en riesgo de concurso de acreedores, según el último barómetro del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos.

El Gobierno debe prepararse para el tsunami de reclamaciones que se avecina en los próximos meses. Hasta 200.000 empresas estarían ya preparando una batería de reclamaciones al Estado y al resto de administraciones públicas para solicitar indemnizaciones millonarias por las pérdidas provocadas por el estado de alarma y por las restricciones y confinamientos aprobados por las autoridades. Otros 150.000 negocios ya han iniciado reclamaciones a sus seguros.

El grueso de estas denuncias, ya sean vía administrativa como judicial, llegan desde los sectores de la hostelería y el comercio, principales perjudicados por las restricciones, que ya han iniciado miles de reclamaciones. “Es cuestión de días que, con la publicidad adecuada, muchas empresas van adherirse a demandas colectivas o las presenten de forma individual. El Gobierno debería ser ágil para responder con ayudas directas y evitar que el sistema judicial se colapse también por estas demandas”, ha advertido el presidente del el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago.

Esta es una de las principales conclusiones del barómetro realizado por el Consejo General entre sus 6.000 colegiados. Realizado esta primera semana de marzo y con los datos aportados por los gestores, el estudio refleja la crítica situación económica de las pymes españolas y de los problemas acumulados en el mercado laboral: más de 300.000 empresas mantienen un ERTE; en torno a 450.000 pymes precisan de más financiación para evitar su cierre inmediato; 130.000 estarían a las puertas de presentar concurso de acreedores si no reciben las ayudas directas que siguen llegar. “Pedimos al Gobierno que no demore más aprobar las medidas prometidas para salvar a los negocios del abismo”, reclamó Santiago.

El barómetro refleja que de las 300.000 empresas que aún permanecen en ERTE, 113.000 cuentan con un aval del ICO y otras 124.000 precisan de nueva financiación para sobrevivir. De las pymes que no han solicitado aún operaciones avaladas por ICO o que no se lo concedieron, 214.000 precisan ya acceder a financiación para asegurar su futuro, y otras 225.000 que han formalizado operaciones avaladas por la línea ICO han conseguido salvar de momento a sus trabajadores de un ERTE.

Esta línea crediticia avalada por el Estado sirvió para aguantar el primer golpe de la pandemia, pero ahora se ha convertido en una losa para algunas de estas empresas, que ven como no pueden afrontar los pagos que empiezan a llegar. Por eso, y de acuerdo con los datos facilitados por los gestores administrativos, al menos el 60% de las operaciones formalizadas por las pymes que actualmente están en ERTE deberán acogerse a la ampliación de plazos aprobados por el Gobierno. En cuanto a los préstamos avalados por ICO para las pymes que no están actualmente en ERTE, van a solicitar ampliación de plazos el 50% de las empresas.

Los que queda claro en el barómetro es que todas las empresas que siguen en ERTE necesitan más financiación para sobrevivir. Concretamente, el 6% de las pymes no están pudiendo en la actualidad atender sus compromisos de pago. Además, en torno a 130.000 pymes estarían esperando a presentar concurso de acreedores de no existir la moratoria concursal. “Esperemos no llegar a esta situación”, afirma Santiago, que explica que esta “sorprendente” cifra va a responder tanto a concursos como a desapariciones directas. “Los empresarios y autónomos no quieren que sus negocios desaparezcan, pero no es de recibo mantener la incertidumbre tanto tiempo sobre si van a llegar las ayudas o no. El Gobierno ha de tomar medidas, directas, ya”, apostilla Santiago, que subraya que “las empresas están esperando una decisión que les permita sobrevivir y por eso aguantan más de lo que pueden”.

En la encuesta realizada por los gestores administrativos, el 56% aboga por las ayudas directas, el 52% creen que se deben rebajar los seguros sociales y el 50% entiende que se debe facilitar el pago de los impuestos, con más plazo, mayor importe para aplazamientos y eliminación del tipo de interés. Prorrogar los ICO, habilitar nuevas líneas de financiación y mejorar las ayudas en los ERTE son otras de las medidas solicitadas por los gestores administrativos.

En cuanto a qué empresas deben considerarse viables, en el caso de que esta sea la frontera entre ser rescatada o no por el Estado, el 55% de los gestores administrativos afirma que no será fácil definir quien es o no viable. Así, un 39% cree que deben ser consideradas viables aquellas que lo eran antes de comenzar la pandemia y un 32% de los gestores administrativos piensa que serán viables aquellas que cuenten con un reducido endeudamiento. Santiago se mostró especialmente duro con la falta de resolución del Ejecutivo a la hora de tomar medidas con rapidez para sostener el tejido productivo. “Tiene mucho trabajo y poco tiempo”, por lo que le pide “que no demore más las medidas que permitan salvar los negocios y actúe con ayudas directas. No enmascaren el problema, resuélvanlo. No se olviden que no solo salvamos negocios, si no que salvamos familias”, enfatizó.

Por esta situación de parón, patronales, asociaciones y plataformas de hostelería preparan ya un aluvión de demandas y reclamaciones contra el Estado y las comunidades autónomos. Cientos se han presentado ya vía administrativa en el Ministerio de Industria a través de la plataforma La Hostelería de Todos y de la mano del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que hasta el 14 de marzo, cuando se cumpla un año del estado de alarma, seguirá presentando nuevos grupos de demandas, unas 50 semanales. Pero no son los únicos. Hostelería de España presentó ante la Audiencia Nacional, a través de la firma jurídica Écija, una demanda contra la Orden Ministerial de fecha 14 de agosto de 2020 acordada en el Consejo interterritorial, y ha interpuesto muchas otras en los tribunales superiores de varias comunidades. Otro de los sectores más afectados por la crisis, las agencias de viajes, preparan denunciar al Estado por lucro cesante.

Estas reclamaciones son el primer trámite para reclamar ante el Tribunal Supremo daños y perjuicios por las medidas adoptadas por el Gobierno central y las comunidades autónomas, que han costado ya el cierre de 100.000 establecimientos hosteleros y turísticos, y un millón de puestos de trabajo. La resolución del alto tribunal llegaría en un plazo mínimo de dos años.

Fuente: Javier de Antonio – La Razón