La Fiscalía se querella contra el presidente del Parlament, Roger Torrent

La querella también incluye a los miembros de la Mesa de JxCat y ERC.

La Fiscalía de Cataluña se ha querellado por desobediencia contra el presidente del Parlament en la pasada legislatura, el republicano Roger Torrent, y los miembros de JxCat y ERC en la Mesa por tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía.

En su escrito, la Fiscalía Superior de Cataluña pide a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cite como investigados a Torrent y a sus compañeros independentistas en la Mesa en la pasada legislatura –Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC)-, por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, al desoír supuestamente los mandatos del Tribunal Constitucional.

Según la Fiscalía, Torrent y sus compañeros independentistas en la Mesa tramitaron tres resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el Tribunal Constitucional se lo había prohibido.

El Constitucional advirtió en 2019

El Constitucional  suspendió en octubre de 2019 varios aspectos de una resolución del Parlament de aquel mes de julio en la que ratifica el derecho de autodeterminación de Cataluña y advirtió a Torrent de las consecuencias penales si ignora o elude esta suspensión.

En tres providencias, el pleno del TC admitió a trámite por unanimidad los incidentes de ejecución presentados por el Gobierno, por lo que se suspendieron determinados incisos de la resolución aprobada por el Parlament el 25 de julio de 2019: la reafirmación de la reprobación del rey, la confirmación del objetivo de la independencia y la de ejercer el derecho de autodeterminación.

Y pidió notificar personalmente esta decisión a Roger Torrent y a los miembros de la Mesa de la cámara catalana, a quienes «se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».

También se adviertió a Torrent, los miembros de la Mesa, y el secretario general del Parlament de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir» la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015.

Fuente: VozPópuli