El Corte Inglés: malestar del Gobierno por no haber sido informado de su ERE de 3.500 trabajadores

El Ejecutivo se ha reunido durante la pandemia en varias ocasiones con el equipo de Marta Álvarez para conocer sus planes de recuperación. La compañía ha recibido además avales del ICO de hasta 1.200 millones.

El pasado mes de enero, en pleno arranque de las rebajas de El Corte Inglés, la presidenta Marta Álvarez y su equipo se reunían con la ministra de Industria, Reyes Maroto. El motivo de este encuentro era potenciar ‘el turismo de compras’ tras la pandemia. Un aspecto clave en el negocio de la cadena de grandes almacenes y que el coronavirus ha secado. Maroto y Álvarez colocaron sus planes de colaboración encima de la mesa. Aunque no todos. Los representantes de El Corte Inglés mantuvieron en secreto que su nefasto año amenazaba con provocar el primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de su historia. Un expediente que se convierte, tras Nissan, en el más grande que entrará en el despacho de Maroto durante la crisis.

Este detalle del que no se habló durante la reciente reunión ha abierto ciertas heridas con los interlocutores de El Corte Inglés en el Gobierno. «Nos hemos enterado por la prensa», explica un representante del Ejecutivo. Desde el Ministerio de Industria explican a Vozpópuli que desde Hermosilla (sede de El Corte Inglés) «no han comentado nada» sobre la intención de reducir en 3.500 personas su plantilla y confirman que las recientes reuniones que se han producido entre la ministra y el equipo de Marta Álvarez han sido para conocer los planes de recuperación existentes.

La otra parte del Gobierno afectada por la noticia adelantada por este medio es el Ministerio de Trabajo. No obstante, la cartera que lidera Yolanda Díaz ha preferido no realizar ninguna valoración sobre este asunto. «No existe una obligación legal para que las empresas nos informen de estos procesos. Aunque EREs de este tamaño suelen avisarse por parte de la propiedad, sobre todo, cuando existe una relación tan fluida«, apunta esta misma fuente gubernamental.

Así ha sucedido recientemente con casos recientes como DIA o Abengoa. Incluso con empresas extranjeras como Nissan o Alcoa. Los directivos han contactado con Industria y Trabajo para buscar la solución menos traumática para la plantilla y que genere la mejor rentabilidad para empresas en situación económica crítica. Pero el consejo de El Corte Inglés ha preferido esta semana comunicar este plan primero a sus jefes de centros y después convocar esta sábado s sus sindicatos, antes que llamar al Gobierno.

El Corte Inglés llamó para el ICO

El malestar de los representantes del Ejecutivo también llega por el papel activo que han tenido en la búsqueda de las soluciones para El Corte Inglés. La cadena de grandes almacenes firmó en julio de 2020 un contrato de financiación por un importe máximo de 959,9 millones de euros a cinco años, que contaba con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El respaldo de esta herramienta del Estado llevaba a la empresa que dirige Víctor del Pozo a conquistar a nueve entidades financieras nacionales e internacionales (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankia, Crédit Agricole, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank). Con esta vía de financiación estatal, El Corte Inglés anunciaba, cuatro meses después declararse el estado de alarma en España, liquidez suficiente para un periodo superior al año y sin ningún tipo de garantías.

En septiembre, cuando empezaban a hablarse en España de ‘segunda ola’ del coronavirus, El Corte Inglés lograba un segundo aval del ICO. En este caso, la cadena de grandes almacenes lograba el respaldo gubernamental para emitir hasta 1.200 millones de euros en pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). No hay que olvidar que antes de la pandemia, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el ICO le dieron 110 millones de euros a El Corte Inglés para «acelerar la transformación digital».

Con todas estas inyecciones, el Gobierno demanda importancia en semejante anuncio de recorte. La importancia de El Corte Inglés para el país se observa en sus cerca de 85.000 empleos directos, cerca de 90.000 indirectos y un tejido industrial de proveedores nacionales que dependen de las decisiones de la histórica cadena del triángulo verde. Pero, tras leer la noticia en presa, el Gobierno ya ha encendido las alarmas ante el primer ERE de de la compañía.

Fuente: Alberto Sanz – VozPópuli

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