El fiscal antidroga planta cara a Delgado y recurre por «ilegal» la designación de Javier Zaragoza

Noreña fuerza a la fiscal general a someter al examen de la Junta de Fiscales de Sala el nombramiento de un ‘delegado’ para el Campo de Gibraltar.

La situación es insólita. Un fiscal de Sala, José Ramón Noreña, jefe de la Fiscalía Antidroga, ha impugnado por «ilegal» e «improcedente» el decreto en el que la fiscal general, Dolores Delgado, nombra a otro fiscal de Sala, Javier Zaragoza, ‘delegado’ suyo para la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar.

Noreña ha invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, uno de los escasos preceptos que tienen los fiscales para rebelarse frente a las órdenes de la superioridad que consideren no procedentes o contrarias a Derecho. Ambas tachas concurren en la designación hecha por Delgado, considera el fiscal jefe antidroga, que afirma que el decreto es nulo de pleno derecho.

Al utilizar el mecanismo del artículo 27 contra una orden de la propia fiscal general, Dolores Delgado está obligada a convocar a la Junta de Fiscales de Sala, el generalato de la carrera, para oír su criterio antes de resolver la impugnación. La resolución que la fiscal general adopte es luego recurrible ante el ministro de Justicia.

Contrario al Estatuto

El escrito de Noreña, conocido por EL ESPAÑOL, sostiene que el decreto, «dictado sin ninguna gestión previa conmigo», se opone al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Esta norma, que tiene rango de ley, «no autoriza al fiscal general a designar un delegado cuyas competencias coincidan plenamente con las de un órgano del Ministerio Fiscal [en este caso, la Fiscalía Especial Antidroga], ni siquiera por la vía de limitar territorialmente dicha delegación».

El EOMF atribuye en su artículo 22 a Antidroga, entre otras funciones, la de coordinar las actuaciones de las distintas Fiscalías en orden a la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas. De este modo, sostiene, las competencias atribuidas a Zaragoza «no pueden basarse en lo previsto en el artículo 22 del Estatuto, por coincidir plenamente con las competencias de coordinación que corresponden por disposición legal al fiscal jefe de la Fiscalía Especial».

El decreto de Dolores Delgado es considerado ilegal también porque se ha dictado «prescindiendo total y absolutamente de cualquier procedimiento». «No consta incoación de expediente, se retrasa cuatro días la publicidad -restringida- del decreto, no consta indicación de eventuales recursos y por ello se ignoran extremos tan importantes como saber de quién ha partido la iniciativa para su adopción, por qué no se ha oído al firmante sobre la necesidad o conveniencia de la medida adoptada o de otras que de verdad supongan un refuerzo en los medios del Ministerio Fiscal, por qué se ha designado directamente a una persona concreta en lugar de convocar un concurso interno y por qué no se ha oído al Consejo Fiscal como órgano representativo de la carrera y competente para informar sobre los nombramientos o designaciones», señala.

A juicio de Noreña, el decreto es, además, improcedente. En primer lugar, por designar a una persona como coordinador o refuerzo de la Fiscalía Especial Antidroga sin integrarlo en ésta, «lo que deja indefinida su posición jerárquica con relación a esta jefatura».

En segundo término, porque «hay un auténtico solapamiento o práctica identidad» de competencias del fiscal jefe antidroga (establecidas en el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) y las del fiscal de Sala de refuerzo (establecidas en el decreto), así como entre las atribuidas a éste y las de la delegada de la Fiscalía Antidroga en Andalucía. Para este puesto fue nombrada en 2019, tras un concurso, Ana Isabel Villagómez, que ejerce su labor «a plena satisfacción» del fiscal jefe antidroga.

En tercer lugar, agrega, el decreto de Dolores Delgado puede generar «dudas y perplejidad» en las Fuerzas de Seguridad y en los propios fiscales de la zona «acerca de a quién dirigirse, para qué o, en el caso de recibir instrucciones, no ya contradictorias, sino simplemente diferentes, a quién obedecer, de modo que lo que se presenta como una supuesta solución es más bien un perjuicio para el buen funcionamiento de toda la maquinaria de investigación».

«Indeseable» en todos sitios

Finalmente, el fiscal jefe antidroga alude a la afirmación del decreto de que en el Campo de Gibraltar existe una «indeseable capacidad de actuación» de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Señala, a este respecto, que esa situación no es exclusiva de la bahía de Algeciras sino que, «como es conocido, se produce en todo el territorio nacional».

Cita, a este respecto, la situación de la aledaña Costa del Sol, donde el delegado de la fiscal general no intervendrá, o en Galicia, donde Javier Zaragoza actuó en los años 90 junto a la pareja de Delgado, Baltasar Garzón. «En Galicia se sigue investigando a los mismos clanes y personas investigados y condenados en los años 90 del siglo pasado, como el clan de los Charlines, Sito Miñanco, David Pérez Lago, el clan de los pasteleros, etc», afirma Noreña, que indica que el narcotráfico y el blanqueo de capitales «es una actividad delictiva en auge en todo el mundo».

En todo caso, señala, «si se considera que la actuación de esta Fiscalía -a la que no se ha pedido absolutamente ningún informe sobre la materia- es insuficiente, debe evaluarse cuáles son las necesidades reales de la misma, no sólo desde la perspectiva de la Fiscalía sino también de los órganos judiciales y lógicamente de los efectivos policiales, por lo que la designación de una sola persona como ‘refuerzo’ resulta no sólo no justificada, sino contraria a toda lógica».

Fuente: María Peral – El Español

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