El peligro de las Big Tech será debatido en Europa a iniciativa del grupo de Vox

El partido reclama medidas para acabar con la censura y los ataques a la libertad de expresión de Twitter o Facebook.

El próximo miércoles, el Parlamento Europeo celebrará un pleno para abordar el grave problema que pueden suponer las Big Tech para la libertad de expresión y la soberanía de los países. El cierre de la cuenta de Donald Trump tras el asalto al Capitolio, y el posterior boicot a la red social Parler, han hecho saltar las alarmas en los países miembro de la UE.

La Conferencia de Presidentes, órgano de gobierno de la Cámara, acaba de dar su visto bueno al debate para hablar del riesgo que suponen estas empresas, después de que el grupo de los Conservadores y Reformistas europeos (ECR), en el que está integrado Vox, trasladara una propuesta para abordar la amenaza a la libertad de expresión en la era digital.

La pretensión de los conservadores ha sido aceptada, en parte, ya que el punto del pleno llevará por título «Democratic scrutiny of social media and the protection of fundamental rights», es decir, «Vigilancia democrática de las redes sociales y la protección de los derechos fundamentales», lo que rebaja las expectativas del grupo, que pedía centrarlo en la censura.

Uno de los retos que deben afrontar los países democráticos es de qué forma someter a gigantes como Twitter, Facebook o Instagram, a la legislación comunitaria, en el caso de Europa, o de los países soberanos, sin limitar sus derechos como entidades mercantiles. El agujero normativo en este sentido permite que su poder crezca sin coto alguno, y lo haga al margen de los Estados de derecho.

El cierre de la cuenta de Vox en Twitter, coincidiendo con la campaña de las elecciones catalanas, motivó una ofensiva de este partido en varios frentes, incluido en Europa, que convergerá en el debate de la próxima semana. En él, la delegación encabezada por Jorge Buxadé, denunciará la censura que está sufriendo y el peligro de estas grandes tecnológicas para la libertad de expresión.

Fuentes de Vox aseguran, sin embargo, que Europa pretende redirigir el debate hacia la cuestión de la «desinformación«, las llamadas fake news, y la supuesta necesidad de crear observatorios con «verificadores», al estilo de empresas como Newtral en España, para censurar contenidos. Una forma de asumir el control que ahora está en manos de las Big Tech.

La comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourova, que en Vox comparan con el Ministerio de la Verdad de George Orwell, ha defendido la necesidad de «incrementar masivamente el número de verificadores». El partido de Abascal rechaza esta perspectiva y apuesta por someter a las redes sociales a la legislación de cada uno de los países en los que operan, de forma que, sólo un juez, pueda decidir qué debe ser censurado.

En este sentido, explican que para delitos como el de terrorismo o la pornografía, es más sencillo que las Big Tech puedan actuar de oficio. El problema radica, según explican en Vox, en los delitos de odio, que pueden entrar en conflicto con la libertad de expresión. Cuestión que debe ser resuelta, insisten, ante los tribunales, como ocurre con los medios de comunicación.

En cuanto a la injerencia en proceso democráticos, como ha ocurrido con China o Rusia, desde Vox defienden que las Big Tech sean consideradas «potencias extranjeras» y se sometan, además, a las leyes antimonopolio.

La Comisión Europea responde a Vox

Dentro de la batería de iniciativas que Vox llevó a cabo para alertar sobre el cierre de su cuenta en Twitter, planteó una cuestión a la Comisión Europea para conocer qué medidas tiene previsto adoptar en este sentido.

Desde Bruselas admiten el problema y se muestran partidarios de «crear un marco regulador» para «reforzar los requisitos de transparencia y responsabilidad» de estas empresas, sin entrar en el fondo de la cuestión que plantea el partido sobre la censura y la libertad de expresión, y denunciando en todo momento la «desinformación», en línea con lo expuesto por la Comisaria de Valores.

Fuente: Maite Loureiro – Libertad Digital