Pedro Sánchez se monta un nuevo INI

La SEPI se prepara para entrar en más de 15 compañías en crisis con poder de decisión sobre su actividad y amenaza con crear un nuevo sector público empresarial al servicio del Estado más típico de otros tiempos.

El uso de la ‘golden share’ para vetar operaciones de entrada en empresas estratégicas en horas bajas por la pandemia, como la reciente OPA a Naturgy, y la creación del llamado Fondo SEPI, para entrar en empresas en dificultades y evitar su liquidación, que recuerda a la creación, hace ahora 80 años, del poderoso Instituto Nacional de Industria (INI). La diferencia es que entonces se creó para intentar reindustrializar un país devastado por la Guerra Civil y sustentar la autarquía económica de Franco, mientras que ahora se hace para sostener un paraguas con la justificación de evitar que lo que queda de la industria española pase a ser controlado desde fuera, aunque eso suponga un conato de intervención pública en el mundo empresarial que preocupa al ala más liberal de la economía.

Después de las grandes privatizaciones de la década de los ochenta, la SEPI tiene una participación mayoritaria en 15 empresas consideradas estratégicas para la economía española, está presente de forma minoritaria en otras 9 y extiende sus tentáculos a más de cien filiales y participadas por todas ellas. Pues bien, en apenas seis meses de funcionamiento de su fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, ya hay 15 proyectos registrados para entrar con dinero público y muchos más en estudio, que nos llevan a incrementar en gran medida el tamaño, el poder y la influencia de esa sociedad pública y, por ende, del Gobierno, sobre el sector empresarial. “Ahí está el riesgo -advierte el catedrático de Derecho Alfonso García Moncó-, en un crecimiento sin control del sector público empresarial al servicio del uso y la influencia del poder político, porque en el Gobierno está Calviño, pero también está Iglesias”.

Ese factor ideológico que planea sobre el Ejecutivo socialista de coalición es lo que ha levantado las alarmas de quienes ven una injerencia en meter dinero público, por cualquier vía posible (préstamos participativos, deuda convertible, suscripción de acciones o participaciones sociales, etc.) en sectores que no tienen por qué ser estratégicos, por más cierto que sea que lo están pasando mal ahora, como algunas líneas aéreas, agencias de viajes, hoteles, astilleros o siderurgia. “El problema surge cuando el interés de lo político no es la eficacia en la gestión empresarial, sino el control público e institucional de todo”, recuerda el profesor de Economía de Comillas ICADE, Emilio González, de forma que en esa entrada del Estado en las empresas pesa más la ideología que el objetivo de salvarlas, que se puede hacer por otras vías, como ayudas u otros recursos públicos recuperables.

La SEPI va a ser ahora la nueva socia de empresas como Air Europa, Celsa, Duro Felguera, el grupo Wamos (Pullmantur y Nautalia), Globalia, algunas enseñas de restauración o la naviera Armas, hasta que gaste los 10.000 millones de su fondo, que no se descarta ampliar si es necesario. En todas esas empresas podrá nombrar representantes  a dedo y el consejo rector del fondo podrá vetar decisiones y operaciones estratégicas de las compañías mientras no devuelvan la mayor parte del dinero público que les inyecten. “Lo que va a tener que hacer la SEPI es segregarse, con un lado estratégico y que se puede basar, con matices, en políticas de Estado en materia de defensa o de energía; y su lado coyuntural, que solo va a servir para hacer un trasvase de rentas con motivaciones políticas e ideológicas”, advierte un alto directivo del Ibex.

En ese mismo sentido, desde el ámbito empresarial se apoya el uso de la acción de oro en casos como el de Naturgy, si detrás de ello hay una verdadera estrategia de Estado (que no sólo de Gobierno) en un sector clave, como la energía, porque la pandemia ha dejado al aire el debilitamiento de muchas empresas fundamentales para la economía española y eso es un riesgo sistémico grave. “Ese tipo de fondos de origen anglosajón solo buscan la maximización del beneficio, aunque eso suponga cuartear empresas después de entrar con buenas intenciones y desindustrializar un país”, señala un empresario energético español. “La acción de oro o los instrumentos similares que usan los ‘lander’ alemanes o el Estado francés, sirven para salvar la soberanía industrial y tecnológica de un país, pero para eso hay que tener una estrategia de Estado en esos ámbitos, que es para lo que  está la SEPI, a no ser que se quiera utilizar ahora ambas cosas para lo que no han sido pensadas”, remata.

El profesor de Derecho Administrativo de la Carlos III, Alberto Palomar, publicó hace apenas una semana un análisis del uso que el Estado esta haciendo de los fondos de participación y financiación para empresas, con la advertencia de que puede suponer una injerencia en su actividad. Según sus cálculos, además del fondo millonario de la SEPI, se han creado otros cuatro fondos específicos más para participar en empresas en dificultades y se han renovado las otras cuatro líneas de financiación que se mantenían abiertas ya antes de la pandemia, con lo que los tentáculos y el riesgo que desarrolla la Administración es más amplia de lo que parece.

El abismo de la deuda del BCE

Una de las cuestiones que no pasa desapercibida en este ‘engordamiento’ de la SEPI es la generación de los recursos suficientes del Estado para poder asistir a esas empresas mediante la creación de fondos públicos. Este mismo viernes se ha certificado una caída del 11% de la economía española el año pasado y todos los analistas advierten que quedan seis meses muy complicados para antes de que se pueda ver la vuelta a la actividad empresarial. “Mientras haya fondos europeos y se cuente con el respaldo del Banco Central Europeo para avalar la deuda española, se podrá aguantar sin problemas”, señala el analista del Banco de España Juan Francisco Jimeno. «Otra cosa es lo que ocurra depués, que nadie lo sabe», añade.

Por ahora, el BCE se ha comprometido a mantener el ‘bazuca’ sobre la deuda española hasta marzo del año 2022, cuando se espera que la Covid esté controlada. En ese escenario, fuentes cercanas al Gobierno señalan que la clave está ahora en “ser capaces de gestionar el fondo europeo de forma que compense el impacto del escenario negro sin precedentes que tendrá la economía cuando no haya ayudas o haya que devolver los capitales prestados”. Frente a ello, Emilio González advierte que «la UE no está ya para bromas, sabe que es el segundo rescate que recibirá España y no va a perdonar las reformas duras que siempre ha reclamado, en un país con demasiadas pequeñas empresas y con dudas sobre si el turismo volverá a ser como antes».

El profesor Alberto Palomar va aún más allá y se pregunta qué ocurrirá con las arcas públicas, si a todas esas empresas que se han adherido a la SEPI y que no sabemos si sobrevivirán a la quema del virus no pueden pagar cuando se les reclame el dinero público que les prestaron o los intereses que conllevan. «En ese momento, pagaremos todos», sentencia.

Fuente: Fernando Pastor/Infografía: Nerea Bilbao – La Información

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