El ‘caso Navantia’ archivado diez años después: paraísos fiscales, comisiones y vacíos legales

Los 42 millones que el Gobierno venezolano abonó a los intermediarios terminaron en cuentas de Suiza y España, en un rastro que conduce hasta paraísos fiscales de Islas Antillas y Dominica. La juez no ha sido capaz de determinar en qué manos terminaron todas las partidas.

Ocho patrulleras españolas vendidas a Venezuela previo pago de una comisión millonaria. Una investigación judicial que se ha extendido durante diez años… hasta archivar el caso. El rastro del dinero salta entre paraísos fiscales y ‘agujeros legales’, entre intermediarios y opacidades. La juez del caso Navantia da carpetazo sin concretar en qué bolsillos terminaron las controvertidas partidasEl auto de sobreseimiento sólo dicta que fue el Gobierno de Hugo Chávez el que las abonó. Más tarde, España asumiría unas ‘reglas del juego’ más transparentes y precisas para la exportación de armamento.

Nos ubicamos en diciembre de 2004. La expansiva industria armamentística española pugna por alcanzar contratos internacionales que la ubiquen en la primera división del comercio internacional. El éxito de la empresa tendría un impacto directo en la economía nacional -bajo la batuta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-, tanto por los puestos de trabajo creados como por la incidencia positiva en la carrera militar española. Éste punto siempre ha sido de especial interés para los consecutivos ministros de Defensa; en esta fecha lo es José Bono.

Una de esas compañías es Izar, dedicada a la fabricación de buques (civiles y militares). La dirige Juan Pedro Gómez Jaén. Ante el interés de Venezuela por comprar ocho patrulleras, Gómez envía al país sudamericano a Javier Salas Collantes, expresidente de Instituto Nacional de Industria (INI). Su misión: comprobar que los venezolanos Juan Rafael Carvallo y Pedro Enrique Malave, mediadores con los que los astilleros españoles no tienen relación desde el año 2000, reúnen las aptitudes necesarias para gestionar el megacontrato.

Una comisión del 3,5%

El auto judicial, adelantado por El País, señala que «fruto de esos contactos» se constituyó en Caracas la empresa Rebazve. De forma paralela y en España, la rama militar de Izar se escinde como un ente propio, bautizado con el nombre de Navantia.

La contrapartida se fija en un 3,5% del valor total de las naves. A la postre, ocho patrulleras tasadas en 1.250 millones de euros.

Pasan los meses. Gómez Jaen y Arce Gómez firman en representación de Navantia las bases que regulan las cifras que ingresará Rebazve en caso de que la venta de los buques llegue a buen puerto. La contrapartida se fija en un 3,5% del valor total de las naves. A la postre, ocho patrulleras tasadas en 1.250 millones de euros. O lo que es lo mismo, una comisión de 42 millones de euros.

Es aquí donde estalla el caso Navantia¿Qué es de esos 42 millones de euros? Una cantidad nada desdeñable por facilitar la compra-venta de los buques: «Excesiva», la califica el auto del Juzgado de Instrucción nº8 de Madrid. El mismo texto judicial señala que la partida la abonará el Gobierno de Venezuela.

El rastro del dinero

Pero es difícil saber en qué bolsillos termina todo ese dinero. En una primera fase se reparte entre Carvallo y Malave -los dos mediadores venezolanos-, el expresidente del INI Javier Salas, y otras cuatro personas. El reparto no es lineal, sino que cada uno recibe un porcentaje diferente. Los millones se transfieren a cuentas radicadas en Ginebra (Suiza) y España, aunque más tarde se deriva en parte a los paraísos fiscales de Islas Antillas y Dominica.

A partir de ahí se pierde el rastro del dinero. La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación en 2010 ante las sospechas que le suscitan los movimientos económicos. Un arduo proceso judicial que, una década después, termina con el sobreseimiento provisional de la causa.

El auto confirma que el Gobierno de Hugo Chávez abonó esos 42 millones. Pero no hay respuesta sobre su destino final

Las comisiones rogatorias con los paraísos fiscales no han fructificado. ¿Qué ocurrió con las partidas que llegaron a cuentas españolas? El auto señala que el abono se articuló a través de la firma Camino Nuevo, del empresario Antonio Rodríguez-Andía.

Los informes periciales reflejan que el modo en que se tributó por estas partidas no fue el idóneo, al hacerlo por el Impuesto de Sociedades y no por el IRPF. Pero el tribunal señala que en esas fechas hubo un ‘agujero legal’, un cambio de legislación, por lo que «es lógico que el contribuyente tuviera dudas». Y que si entonces no hubo expedientes administrativos sancionadores, ahora es difícil valorarlo en términos penales.

Fuentes de Navantia consultadas por Vozpópuli señalan que la compañía «respeta las decisiones judiciales» y que este es un caso en que la propia firma estaba personada: «Hemos colaborado en todo momento con la justicia y con la investigación».

El auto confirma que el Gobierno de Hugo Chávez abonó esos 42 millones. Pero no hay respuesta sobre su destino final.

Más control

Fuentes del sector detallan a este diario que, desde entonces, se ha endurecido el control para la exportación de material de defensa y doble uso [categoría definida por la Secretaría de Estado de Comercio en la que se engloba todo el armamento]. La última actualización la recoge el Real Decreto 679/2014, donde se fijan «las condiciones, requisitos y procedimientos para ejercitar la función de control del comercio exterior».

Entre otros, el decreto toma como bases las normas fijadas por Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el propio Estado español. El documento regla el modo en que se debe ejercer la compra y venta de este material y los estrictos controles -materiales y financieros- a los que se somete cada operación.

En sus informes anuales, la Secretaría de Estado de Comercio detalla cada transacción realizada, así como las que se deniegan al considerar que no cumplen los preceptos establecidos. Asimismo se articulan diversos mecanismos de transparencia para evitar que polémicas como las desatadas por el caso Navantia vuelvan a tener lugar.

Fuente: Gonzalo Araluce – VozPópuli

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