El Parlamento andaluz planea que los partidos echen a sus diputados por discrepar

La Cámara inicia una reforma exprés con numerosas dudas legales, que traslada el Pacto Antitransfuguismo: el objetivo es amarrar la expulsión de Teresa Rodríguez y sus afines.

El Parlamento andaluz ha metido la quinta marcha para reformar su reglamento por una vía exprés. PSOE, PP, Cs y Adelante Andalucía han pactado un texto que a simple vista presenta dudas legales y que trata de dar carta de naturaleza al Pacto Antitransfuguismo cerrado en Madrid, que sirvió para echar a Teresa Rodríguez y otros siete diputados por orden de Podemos e Izquierda Unida.

Andalucía quiere convertirse en la avanzadilla de España, y por eso es la primera Cámara del país en reformar su reglamento en este sentido. Las prisas tienen que ver con la expulsión de Rodríguez y los Anticapitalistas, que han recurrido al Tribunal Constitucional. El nuevo reglamento convertiría en ley el acuerdo político y pondría más difícil al alto tribunal fallar en contra. Cada partido podrá decidir conforme a una normativa interna quién le ha traicionado y expulsarlo sin más problemas y sin costes económicos, no perderían asignaciones de la Cámara, ni políticos, se plantea ponderar el voto para no perder las mayorías. Nunca fue tan fácil y tan ‘barato’ deshacerse del díscolo o discrepante.

Pinche para leer la proposición de ley.
Pinche para leer la proposición de ley.

La exlíder de Podemos Andalucía ya ha anunciado que igual que recurrió su expulsión, llevará esta reforma al Constitucional. Tras denunciar en redes ese intento de reforma exprés, recibió el apoyo de la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, miembro de Unidas Podemos, que ya en una entrevista en este periódico discrepó de algunas actuaciones de su partido y que ahora directamente dejó escrito: «Atenta contra el principio democrático representativo, que es lo más sagrado que existe. Poca cultura democrática, defender las tesis de la ultraderecha: no hacen falta diputados, ni parlamentos, ni debates: solo grupos de interés donde los líderes negocian. Y es inconstitucional».

Vox frena los planes

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), quería que se aprobara este miércoles en la Mesa por lectura única, pero no lo logró. El único partido que está fuera de esta operación es Vox, que plantea “dudas jurídicas” y tampoco firmó el pacto nacional. Si no hay unanimidad de todos los partidos de la Cámara, se obliga a tramitar la reforma como una proposición de ley, con su ponencia y su debate en comisión y en pleno. Hay prisas, pero los letrados del Parlamento ni siquiera han dado el visto bueno al texto y el partido de Santiago Abascal, que se beneficiaría de las nuevas reglas del juego porque ya tiene una diputada expulsada, ha frenado esa vía rápida.

Si el Pacto Antitransfuguismo cerrado en Madrid el pasado noviembre fue hecho a la medida de la expulsión de Teresa Rodríguez y sus afines, la reforma del reglamento sigue los mismos pasos. Pero claro que no solo beneficiaría a Podemos e IU, sino que también permitiría al PSOE, en mitad de un proceso de primarias, o a Cs, donde se esperan fugas en los próximos meses, quitarse de encima al discrepante con solo pedirlo la dirección del partido en cuestión.

El pacto supone además que “los grupos políticos no sufrirán menoscabo de dichos derechos por la pérdida de integrantes por transfuguismo, manteniendo los correspondientes a su resultado electoral”. Es decir, los 1,7 millones de euros que se repartían los 17 diputados de Adelante Andalucía quedarán en manos de los seis de IU, y de otros tres que son afines a Teresa Rodríguez y que aún no han sido expulsados.

Tres artículos de mucho calado

Tras una exposición de motivos de seis folios con una encendida defensa de la regeneración democrática, la reforma del reglamento propuesta se resuelve en la modificación de tres artículos y dos disposiciones. La propuesta señala que cada grupo parlamentario contará con el plazo de un mes para fijar una “normativa interna” que deberá poner en conocimiento del Parlamento y que fijará los motivos de salida o expulsión de un diputado. Será el portavoz del grupo el que tramite esa baja conforme a esa normativa y la Cámara se limitará a aceptarla. Exactamente lo que se hizo con Teresa Rodríguez y otros ocho diputados.

Da por hecho el texto andaluz que hubo un acuerdo político suscrito el 11 de noviembre por la entonces ministra de Política Territorial, pero lo cierto es que se emplazó a una reunión el día 20 y que en ese momento, de los 23 partidos sentados a la mesa, 11 votaron a favor y 12 expresaron dudas o se mostraron directamente en contra. “El transfuguismo no debe confundirse con la libertad de discrepar de las decisiones de las ejecutivas, por muy legítimas que estas sean. No se puede amordazar la pluralidad ni censurar la tarea que, en conciencia, como garantiza la Constitución, debe realizar el cargo electo”, advirtieron por escrito al ministerio varias fuerzas políticas.

Además, en una disposición adicional, se insiste en que podrás ser declarado tránsfuga “si traicionas al sujeto político que te presentó a las elecciones”. El diputado no tendría que darse de baja, abandonar el grupo o ser expulsado, ni siquiera incumplir la disciplina de voto, sino que bastaría esa ‘traición’ que decidirán en cada partido conforme a la normativa interna fijada. Por ejemplo, Podemos tramitó la expulsión de Teresa Rodríguez del partido después de echarla del grupo parlamentario por tránsfuga.

Mucho dinero en juego

La reforma del reglamento deja sin derechos a los diputados no adscritos, que no ocuparán cargos o portavocías, y el dinero asignado al grupo no se repartirá de forma proporcional al número de diputados, como hasta ahora, sino sobre la representación obtenida en las elecciones. En este caso, Adelante Andalucía, que cobra una asignación anual de 1,7 millones de euros por 17 diputados, seguirá cobrando la misma cifra por seis diputados de IU y otros tres que son afines a Teresa Rodríguez, pero que, de momento, no han sido expulsados.

Por ejemplo, en el caso de Vox, que obtuvo 12 diputados en las elecciones, la asignación se rebajó 90.000 euros por una diputada expulsada. Otro punto muy controvertido es que se incluye la posibilidad de voto ponderado para equilibrar las fuerzas en caso de que haya un número excesivo de no adscritos. Eso vulnera claramente el principio constitucional de un diputado, un voto, y aunque ya hay ponderación en los órganos de la Cámara donde no están todas sus señorías, desde los servicios jurídicos de la Cámara advierten de que no tendría nada que ver quitar el derecho al voto en igualdad de condiciones a quien sea expulsado de su grupo parlamentario.

Fuente: Isabel Morillo – El Confidencial

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