La Fiscalía investigará todas las denuncias contra políticos por vacunarse antes de tiempo

Estudiará caso por caso «sin perder de vista que se trata de tipologías distintas» y valorará si los comportamientos de los responsables públicos son reprochables penalmente o no.

La Fiscalía analizará todas las denuncias que se presenten contra políticos o responsables públicos que han recibido la vacuna contra el coronavirus sin corresponderles, adelantando a quienes están en primera línea de la Sanidad y el resto de grupos prioritarios en los protocolos de vacunación.

Fuentes de la Fiscalía General consultadas por El Independiente trasladan que, igual que ha ocurrido con la primera denuncia presentada en la región de Murcia -donde el consejero de Sanidad dimitió por vacunarse y cientos de trabajadores de su consejería también recibieron la vacuna antes de tiempo por decisión del Gobierno regional (del PP y Ciudadanos con apoyo externo de Vox)- darán trámite a cualquier denuncia que se presente por este motivo y la analizarán. Se estudiarán «de manera singular las circunstancias de cada caso, sin perder de vista que se trata de tipologías distintas y si los hechos denunciados pueden encajar o no en un tipo penal», trasladan las fuentes mencionadas. En caso de que así ocurra, pedirán -siguiendo el curso habitual de las denuncias por otros asuntos- que los hechos sean investigados en un juzgado.

Más de una treintena de cargos públicos

La primera denuncia por estos hechos la presentó el PSOE ante la Fiscalía de Murcia después de publicar el diario La Verdad que el consejero de Salud Manuel Villegas se había vacunado, igual que otros trabajadores de su departamento.

Pero no es la única región donde responsables públicos o personas contratadas por ellos, incluso sus familiares cercanos, se han saltado la cola para recibir la vacuna antes de tiempo. En la Comunidad Valenciana fueron 200 personas, entre ellas tres alcaldes socialistas suspendidos de militancia; el consejero popular de Salud del Gobierno de Ceuta también reconoció habérsela puesto argumentando que se lo habían recomendado sus técnicos aunque «ni siquiera me gustan la vacunas». También dimitió este lunes la alcaldesa socialista de Molina de Segura (Murcia). Hasta un listado de más de 30 responsables públicos se han vacunado también en País Vasco, Castilla y León, Extremadura, Andalucía o Aragón, según se ha ido desvelando en los medios de comunicación.

Los posibles delitos

En la Fiscalía no renunciarán a investigar las circunstancias de cada caso y decidirán si conviene pedir la apertura de una investigación penal contra ellas si entienden que sus actuaciones encajan en algún tipo penal, según trasladan.

Abogados penalistas consultados por este diario consideran que aunque dichas conductas no están recogidas en un tipo concreto, los hechos podrían encajar en delitos de prevaricación administrativa (para quien tomara la decisión de a quiénes se vacuna) o tráfico de influencias. También consideran que podrían ser sancionados de acuerdo con la Ley General de Sanidad de 1986 a la que se ha podido recurrir también durante el Estado de Alarma para quienes incumplieran las normas establecidas en éste y que pusieran en peligro a terceras personas.

Fuente: Carmen Lucas-Torres – El Independiente

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