El Congreso rechaza las preguntas sobre el CNI y remite a una comisión que ni siquiera se ha creado

Ha inadmitido o contestado sin dar información a demandas de Vox sobre el Centro Criptológico Nacional y de Junts per Catalunya acerca del espionaje al móvil de Roger Torrent.

Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia están sometidas, teóricamente, a una triple supervisión: política, por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (en la que entró Pablo Iglesias en 2020); judicial, a cargo del magistrado del Tribunal Supremo que autoriza las operaciones que afectan a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones; y parlamentaria, por el Congreso de los Diputados.

 

Esta última supervisión va camino de cumplir dos años sin que se realice, ya que desde marzo de 2019 no se reúne la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, en la que, a petición propia o de algún grupo parlamentario, comparece el director del CNI para informar, a puerta cerrada, del trabajo que realiza el servicio de inteligencia y responde a las preguntas que se le formulan. 

Ni se ha constituido

En la actual legislatura, que comenzó tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019, esa comisión parlamentaria ni siquiera se ha constituido

Se trata de un órgano muy particular, que preside el propio presidente del Congreso (sería en este caso Meritxell Batet) y cuya composición se aprueba en un pleno de la cámara por mayoría reforzada de tres quintos (210 diputados).

Confidencial Digital ha podido saber que el hecho de que no se haya puesto en marcha la comúnmente denominada “Comisión de Secretos Oficiales” está provocando que no se den salida a preguntas parlamentarias que diputados y grupos parlamentarios han registrado en los últimos meses, en las que exigen explicaciones al Gobierno sobre determinadas actuaciones -o supuestas actuaciones- del CNI.

Ataque al móvil del ministro de Justicia

Dos diputados de Vox (Carlos Hugo Fernández-Roca y Julio Utrilla) presentaron una pregunta en la que requerían información sobre el “establecimiento de la auditoría en relación con la investigación por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de un ataque de teléfonos móviles de altos cargos tras detectar el ‘hackeo’ del teléfono del Ministro de Justicia”.

A finales del mes de agosto de 2020, el diario El Confidencial.com reveló que el móvil de Juan Carlos Campo había sido atacado por piratas informáticos. Eso había dado origen a una investigación del CNI (se entiende que del Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI) y del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno porque el ‘hackeo’ había afectado a otros altos cargos del Gobierno.

Pregunta bloqueada

Vox quiso saber por vía parlamentaria si se iba a auditar la investigación sobre el ataque a los teléfonos móviles. La respuesta de la Mesa del Congreso fue bloquear esa iniciativa.

El órgano de gobierno del Congreso, que califica las iniciativas parlamentarias, acordó “comunicar a los Sres. Diputados autores de la iniciativa que no procede su admisión a trámite dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del Centro Nacional de Inteligencia se somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados”.

Ese artículo de la ley reguladora del CNI establece que “el Centro Nacional de Inteligencia someterá al conocimiento del Congreso de los Diputados, en la forma prevista por su Reglamento, a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, presidida por el Presidente de la Cámara, la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades. El contenido de dichas sesiones y sus deliberaciones será secreto”.

Preguntar al director del CNI

Se añade que la comisión “tendrá acceso al conocimiento de las materias clasificadas”, con la excepción de “las fuentes y medios del Centro Nacional de Inteligencia” y de informaciones “que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales en los términos establecidos en los correspondientes acuerdos y convenios de intercambio de la información clasificada”.

Además, la  comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados “conocerá de los objetivos de inteligencia establecidos anualmente por el Gobierno y del informe que, también con carácter anual, elaborará el Director del Centro Nacional de Inteligencia de evaluación de actividades, situación y grado de cumplimiento de los objetivos señalados para el período anterior”.

Por tanto, las peticiones de información que dirigen los diputados al Gobierno se suelen derivar a dicha comisión, donde los parlamentarios tienen oportunidad de plantear preguntas al director del CNI a puerta cerrada, y el director explica y muestra documentación sobre los temas planteados.

No se ha llevado al pleno

El problema, como ya se ha señalado, es que la comisión no se ha creado. ECD lo contó en octubre, y ha vuelto a preguntar sobre ello. La respuesta desde el Congreso ha sido la misma que entonces: no se ha llegado a llevar al pleno la propuesta de constitución de la comisión.

Algunas informaciones apuntan que varios vetos cruzados tienen este asunto congelado. Desde el Partido Popular, Ciudadanos y Vox no quieren que se permita formar parte la comisión a los portavoces de Esquerra Republicana de Catalunya y de EH Bildu, que en esta legislatura tienen grupo parlamentario propio y podrían reclamar estar presentes..

Los partidos del centro y la derecha recelan de que partidos independentistas tengan acceso a información clasificada procedente del servicio de inteligencia.

Por su parte, desde Unidas Podemos tampoco ven con buenos ojos que Vox tenga representación en ese órgano, por lo que parece lejano el acuerdo para ponerlo en marcha. 

“Rastreo de redes” para proteger a Sánchez

La pregunta sobre el ataque informático al teléfono del ministro de Justicia no es la única que el Congreso se ha negado a tramitar, o a la que el Gobierno no ha dado respuesta, derivando la cuestión a la citada comisión de control.

Muchas de las peticiones de información las ha presentado Vox. Por ejemplo, preguntó por una noticia de Okdiario en la que se daba cuenta del “rastreo de redes” que realizaban miembros del dispositivo de seguridad que protege a Pedro Sánchez, para así adelantarse a posibles protestas contra el presidente durante sus vacaciones en Canarias.

El Congreso trasladó al Gobierno dos de las cuestiones incluidas en la pregunta, “excepto la pregunta 3 dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del Centro Nacional de Inteligencia se somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados”.

El Ejecutivo sí que llegó a contestar por escrito a las dos primeras preguntas, afirmando que “en el dispositivo de seguridad del Presidente del Gobierno no participan miembros del Centro Nacional de Inteligencia”.

Alerta sobre el “antiglobalismo”

A Vox le han tumbado otras muchas preguntas relacionadas con el CNI. Un ejemplo: el partido de Abascal reaccionó a la publicación de varias noticias que revelaban que el denominado Observatorio Digital Elisa, del Centro Criptológico Nacional, había incluido en un informe sobre desinformación una advertencia sobre las narrativas que hablan de las “élite globales” como desestabilizadoras de las instituciones democráticas.

Okdiario afirmó que el CNI estaba apuntando a parte del programa electoral de Vox (ya que también es muy crítico con el denominado “globalismo”), por lo que diputados de este partido pidieron explicaciones.

Sin embargo, la Mesa del Congreso inadmitió a trámite “en términos absolutos” las dos cuestiones, que querían conocer lo siguiente:

— “Departamento u órgano que encargó al Centro Criptológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el informe sobre ‘desinformación’ en referencia al programa electoral de Vox”.

— “Medidas previstas como consecuencia del informe desarrollado por el Centro Criptológico Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en relación a la información adquirida mediante la herramienta ELISA”.

Espionaje al teléfono de Roger Torrent

No sólo Vox ha encontrado respuestas negativas sobre cuestiones que afectan al servicio de inteligencia. También le ha ocurrido a Junts per Catalunya.

La diputada independentista Miriam Nogueras presentó dos preguntas para respuesta escrita acerca del supuesto espionaje al teléfono móvil de Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña. Según revelaron The Guardian y El País este verano, WhatsApp detectó que miles de usuarios habían sido infectados a través de su servicio de mensajería con ‘Pegasus’, un software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group, especializada en tecnologías de vigilancia.

Las informaciones no señalaban quién estaba detrás de ese espionaje electrónico, pero sí dejaban caer que contratar ese ‘spyware’ sólo está al alcance de gobiernos, y por tanto, de servicios de inteligencia o policiales.

Vigilancia a independentistas

Los independentistas catalanes acusaron al CNI de haber espiado, bajo el Gobierno en solitario del PSOE de Pedro Sánchez, a Roger Torrent y a algunos activistas independentistas, con el objetivo de intentar controlar mediante “guerra sucia” el movimiento por la secesión.

“Dada la gravedad de las acusaciones, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno de España para investigar la práctica antidemocrática que supone el espionaje doméstico a rivales políticos?”, inquiría Nogueras.

El Congreso sí tramitó la pregunta, pero el Gobierno de nuevo se resistió a dar una respuesta concretaPrimero destacó que Grande-Marlaska ya había respondido en sesión de control a una respuesta sobre el tema; pero en segundo lugar se escudó de nuevo en la “Comisión de Secretos Oficiales”: 

— “Se informa a Su Señoría que el Centro Nacional de Inteligencia actúa con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico sujeto a los controles previstos, conforme al artículo 2 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) […] En consecuencia, y conforme a lo establecido en el artículo 11 de la citada Ley 11/2002, el control parlamentario de las actividades del Centro debe recabarse de la Comisión prevista para ese fin en el Congreso de los Diputados: la de control de los créditos destinados a gastos reservados”.

Comparecencia de la directora

La segunda pregunta de la diputada de Junts per Catalunya era más bien una petición: “¿Está el Gobierno a favor de que comparezca en sede parlamentaria la actual directora del CNI para dar explicaciones sobre esta trama de espionaje?”.

Quería que Paz Esteban acudiera al Congreso a aclarar si el Centro Nacional de Inteligencia había contratado el programa espía de NSO Group para controlar las conversaciones de Roger Torrent.

El Gobierno, volvió a esquivar la pregunta y a remitirse a la comisión que sigue sin constituirse, y que va a cumplir en marzo dos años sin reunirse:

— “En relación con el asunto interesado, se señala que , conforme al artículo 11.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), «el Centro Nacional de Inteligencia someterá al conocimiento del Congreso de los Diputados, en la forma prevista por su Reglamento, a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, presidida por el Presidente de la Cámara, la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades. El contenido de dichas sesiones y sus deliberaciones será secreto». Siendo competencia de la Cámara, conforme a su Reglamento, que se proceda a la convocatoria y determinación del Orden del Día”.

Fuente: Aurelio Ruíz Enebral – El Confidencial Digital

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