Hungría seguirá los pasos de Polonia contra las Big Tech

Hungría y Polonia se convierten en los primeros países europeos que deciden combatir institucionalmente a la Big Tech que limita el discurso a sus ciudadanos.

El Gobierno de Hungría propone seguir los pasos del Gobierno de Polonia en la batalla contra las Big Tech, buscando defender la libertad de expresión.

En una publicación de Facebook, Judit Varga, la ministra de Justicia del Gobierno de Víktor Orbán, detalló conceptos sobre la censura y la postura oficial frente a las grandes corporaciones tecnológicas que han sido responsables por miles de ataques a la libertad de expresión de usuarios, en especial conservadores.

“Shadowban” —explica Varga— significa el acto de los proveedores de redes sociales que en secreto, con fines políticos, restringen la visibilidad y el acceso de nuestro perfil de usuario sin nuestro conocimiento al respecto. Por tanto, —agrega— las empresas de tecnología violan todas esas normas legales democráticas fundamentales que forman la base de la cultura occidental. «No solo pudimos aprender sobre la práctica de todo el sistema de prohibición de sombras a partir de una grabación de voz del CEO de Twitter ahora filtrado».

Para reducir su alcance, —alega la ministra de Hungría— Facebook también limita la visibilidad de las opiniones cristianas, conservadoras y de derecha. «También tengo experiencia personal de eso», avisó.

Por lo tanto, el Gobierno de Hungría desde su Ministerio de Justicia contribuirá a la regulación de la Unión Europea de la mano de su Comité de Libertad Digital. Varga asegura que los abusos no son casos aislados, sino una política real, un «abuso sistemático», y por lo tanto afirma que Hungría tendrá que trabajar con mayor rapidez para defender la libertad de sus ciudadanos.

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«Convoqué una reunión extraordinaria del Comité de Libertad Digital. Esta semana también consultaré con el presidente de la Autoridad de Competencia de Hungría sobre la posibilidad de sancionar prácticas comerciales desleales». O sea, la determinación del gobierno de Orbán no solo es por razones de acciones hostiles contra la libertad de expresión, pero también por prácticas «desleales» en el mercado.

Para contextualizar sobre los ataques sistemáticos que quieren combatir desde el Gobierno, Varga anexó un tuit de Project Veritas donde revelan que ingenieros de Twitter quieren desaparecer de las búsquedas perfiles conservadores, e inclusive, «maneras de hablar».

Además, la ministra de Hungría anexó el tuit del director de este mismo medio, James O’Keefe, donde se puede ver al CEO de Twitter, Jack Dorsey, asegurando que la censura masiva a estos perfiles conservadores será mayor y durará mucho más tiempo.

Hungría se une a Polonia a favor de la libertad de expresión

La propuesta institucional para combatir a las grandes corporaciones tecnológicas fue iniciada por Polonia, un Gobierno aliado de Hungría, que propuso el proyecto de «ley para la libertad de expresar sus opiniones y obtener y difundir información en Internet» que buscar dar piso legal para que los usuarios puedan apelar a medidas de censura como el baneo o eliminaciones de contenido.

El proyecto de ley que el partido Ley y Justicia presentó a través de su ministro de Justicia Zbigniew Ziobro, requerirá la creación de un Tribunal para la Protección de la Libertad de Expresión y los usuarios que hagan las denuncias correspondientes podrán apelar a esta corte para reforzar sus casos frente a las compañías de la Big Tech como Google, Facebook y Twitter.

Bajo esta ley los ciudadanos que sufran baneo o sus contenidos sean eliminados deberán reportar el problema primero a la plataforma y esperar veinticuatro horas antes de presentar la denuncia al Tribunal. Así, entonces, la Big Tech no podrá eliminar contenidos ni censurar perfiles si estos no han violado la ley polaca.

Si el tribunal decide a favor del demandante y las corporaciones de la Big Tech no obedecen esta decisión, podrían enfrentar multas de aproximadamente €10,9 millones o $13,3 millones.

Hungría y Polonia se convierten en los primeros países europeos que deciden combatir institucionalmente a las corporaciones que limitan el discurso a sus ciudadanos.

Fuente: Rafael Valera – El American