Alerta en el Gobierno: Bruselas retrasa los fondos y España deberá endeudarse

La Comisión Europea no transferirá el primer adelanto hasta el segundo trimestre por culpa del veto de Polonia y Hungría. El Estado adelantará las ayudas y por eso está ideando un férreo mecanismo de control.

Los fondos europeos se retrasan. La complicada negociación para que Polonia y Hungría levantaran el veto al plan de ayudas a los diferentes países ha provocado que toda la burocracia y la transferencia de las primeras ayudas a los gobiernos vaya a llegar con unos meses de retraso. Así lo confirman fuentes gubernamentales consultadas por La Información que indican que el anticipo inicial procedente de Bruselas no llegará hasta aproximadamente el segundo trimestre del año. Hasta entonces el Gobierno tendrá que adelantar el dinero, lo que obligará al Estado a endeudarse a corto plazo. El Ministerio de Economía ya está preparando la operación.

Bruselas ya tiene prácticamente listo el Reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia, el texto legal de referencia al que únicamente le queda pasar por el filtro de los expertos judiciales de la Comisión para convertirse en oficial. A partir de su publicación el Reglamento se convierte en una norma de obligado cumplimiento para los países miembros de la UE, de forma que todos los parlamentos deberán ir dando el visto bueno a la norma para poder acceder al maná comunitario. España la hará por el procedimiento de urgente. Todas estas circunstancias, apuntan las fuentes consultadas, han retrasado la apertura de la famosa ventanilla única en Bruselas, un hito que estaba previsto para este mes de enero y que se va a tener que posponer.

Hay, efectivamente, casi 27.000 millones iniciales ya comprometidos en los Presupuestos Generales de 2021, un dinero que el Estado tendrá que anticipar y luego recibir de la Comisión Europea. Pero hasta que no se abra esa ventanilla única, el Gobierno español no podrá acceder al anticipo. Todo se ha complicado. La Comisión transferirá posteriormente en dos tandas los fondos que le corresponden a cada país. A España se le ha asignado 72.000 millones en transferencias durante esta legislatura, 140.000 millones en total, pero desde el Gobierno ya apuntan que es un dinero condicionado y que Bruselas exige una serie de «objetivos y reformas» innegociables para ir desbloqueando y haciendo llegar los fondos.

Así es el Reglamento de los fondos europeos: muy férreo

En la Comisión Europea, efectivamente, no van a quitar ojo de los países que no cumplan con sus compromisos en cuando a las reformas se refiere. De esta forma, en ese Reglamento que está a punto de ver la luz y que se encuentra en formato borrador final se puede leer (artículo 19) que «en caso de que la Comisión haga una evaluación positiva adoptará sin demora indebida una decisión por la que se autoriza el desembolso de la contribución financiera». El cumplidor no tendrá problemas. En cambio, «cuando, como resultado de una evaluación, no se haya cumplido satisfactoriamente [con los compromisos acordados] el pago de la totalidad o parte de la contribución se suspenderá«. De forma inmediata, además. En ese caso el país afectado podrá presentar sus explicaciones para cobrar la ayuda paralizada. Es, por tanto, un mecanismo duro: primero se suspende la transferencia y posteriormente el Estado miembro podrá recurrir la decisión

Prosigue el reglamento: «Cuando el Estado miembro no haya adoptado medidas necesarias en un plazo de seis meses después de la suspensión [de las ayudas] la Comisión reducirá el monto de la contribución financiera«. Es un aviso a navegantes: si no se cumple el fondo europeo que le corresponde a cada país podría rebajarse.

​Calviño ultima el Plan de Inversiones y Reformas

Los fondos, efectivamente, están sometidos a la aprobación y el cumplimiento del Plan de Inversiones y Reformas, un documento ambicioso que está ultimando un ‘consejo de ministros bis’ en materia económica. El Ejecutivo ya ha enviado a la Comisión Europea un primer documento con veintiocho de los treinta componentes anunciados en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia presentado por Pedro Sánchez. Faltan dos, que son los que están provocando las discrepancias en el seno de la coalición: la reforma laboral y la de las pensiones. Las posturas de Economía y las de Trabajo, en el primero de ellos, están alejadas y, de momento, no hay acuerdo. Lo mismo ocurre con las posiciones del departamento de José Luis Escrivá y el de Yolanda Díaz en cuanto a la reforma de la Seguridad Social. En este asunto Moncloa está terciando e intentando unificar posiciones.

De momento, por ejemplo, no hay ni rastro de la polémica medida planteada por Escrivá para ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de las prestaciones hasta los 35 años. Unidas Podemos y los sindicatos están en contra y si no hay acuerdo la coalición podría vivir el que probablemente sea su discrepancia más profunda ya que para los morados cualquier recorte en las prestaciones. es una línea roja. La máxima: que cualquier decisión se encuentre enmarcada en el documento aprobado en el Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Las negociaciones están caldeadas.

La orden que han recibido de Sánchez los ministros implicados en la negociación del Plan de Inversiones y Reformas es clara: que todo se haga con acuerdo en el diálogo social. La Comisión Europea, por su parte, también ha contestado a este primer envío y ha comenzado el intercambio entre ambos ejecutivos. Papeles, llamadas, cruce de correos electrónicos… La relación es intensa, reconocen fuentes implicadas en las conversaciones.

Teniendo en cuenta esa condicionalidad de los fondos europeos, el Gobierno ha decidido establecer un férreo mecanismo de control a la hora de repartir las ayudas entre las comunidades autónomas. Bruselas desbloqueará el dinero a los países si van cumpliendo con esa serie de reformas que van a estar por escrito y a las que tiene que dar el visto bueno tanto la Comisión como el Ecofin. Es decir, avisan, que los países que no ejecuten reformas o las demoren en el tiempo no recibirán el dinero. ¿Qué implica eso? Que los gobiernos que vayan ejecutando más objetivos recibirán más ayudas.

Se trata, en definitiva, de unos incentivos positivos que el Gobierno también va a aplicar a las comunidades autónomas que, en definitiva, van a gestionar la mayoría de los fondos europeos. Por eso se ha ideado la cogobernanza y se va a poner en marcha la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En definitiva, si una comunidad autónoma no ejecuta con diligencia los objetivos a los que se ha comprometido puede poner en riesgo las ayudas tanto a otras autonomías como al país en general. Desde el Gobierno avisan que se va a realizar control inflexible de todo el mecanismo para que los convenios-marco (se van a firmar 17, uno por cada comunidad autónoma) se cumplan en tiempo y forma.

Fuente: Fernando H. Valls – La Información 

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