¿Habrá indultos antes de las catalanas?: el Supremo no tiene prisa

Tras el contundente rechazo de la Fiscalía falta el informe de la Abogacía del Estado y la decisión de los jueces antes de que la medida de gracia dependa del Gobierno.

El Ministerio de Justicia anunció a finales de septiembre que iniciaba la tramitación de los indultos del procésy que tardaría más de seis meses el culminar. Eso sitúa los cálculos del Gobierno como mínimo a finales de marzo, es decir, con tiempo suficiente para una decisión antes de la nueva fecha de las elecciones catalanas del 30 de mayo. Sin embargo, los tiempos de este proceso no dependen, de momento, de la política, sino de los jueces.

Una vez el Gobierno activó el trámite, la tramitación pasó a depender del Tribunal Supremo porque fue el que condenó a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión. Fuentes jurídicas aseguran a Vozpópuli que los magistrados no tienen ninguna prisa ni se fijan en la fecha de las elecciones catalanas. Nadie en el plano judicial se atreve a establecer fechas exactas ya que son demasiados factores los que influyen.

Antes del parón navideño se produjo el primero de los requisitos establecidos en la ley del indulto: conocer la opinión de la Fiscalía. El Tribunal Supremo tardó cerca de dos meses y medio solo en solicitar opinión al Ministerio Público, que contestó a las dos semanas. Los fiscales del procés, que defendieron condenar por rebelión en el juicio, se mostraron en contra de la medida de gracia: «Se ha pretendido la ruptura de la convivencia democrática».

Abogacía del Estado

Ahora queda que el Tribunal Supremo dé traslado también a la Abogacía del Estado, en virtud de la ley del indulto, que data del año 1870. En sus artículos 15 y 24 dice que debe escucharse a la “parte ofendida”. En este caso son los servicios jurídicos del Estado, que dependen del Ministerio de Justicia, ya que defendieron los intereses generales en lo que afecta a la malversación del procés.

Los líderes independentistas fueron condenados a sedición, pero la mayoría también por el uso indebido de dinero público a financiar el referéndum ilegal del 1-O. Al depender directamente del Ministerio que dirige Juan Carlos Campo, la opinión de la Abogacía puede ser un termómetro para medir los planes del ejecutivo con el futuro de los condenados. Sin embargo, para eso es necesario que el Supremo le de voz y todavía no lo ha hecho, según confirman a Vozpópuli las fuentes consultadas.

Este periódico ya avanzó que esa petición de información no se formularía hasta después de las fiestas navideñas. Insisten las fuentes consultadas que el indulto es una medida muy excepcional que no exige plazos ni celeridad. Distinto es el caso de una prisión provisional en el que no haya habido una investigación, un juicio y una sentencia firme.

Deliberaciones

La decisión, además, no depende de un juez en exclusiva sino de varios magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal. Su decisión, aunque no es vinculante, necesitará de deliberaciones para argumentar el más que previsible rechazo a la medida de gracia. El no al indulto del tribunal sentenciador se da por hecho, según todas las fuentes jurídicas consultadas.

“La tramitación en su conjunto suele superar los seis meses”, advirtieron desde el Ministerio de Justicia cuando a finales de septiembre decidieron activar el expediente de indulto. Tramitaron la solicitud presentada para todos los condenados por un abogado penalista catalán llamado Francesc Jufresa. Sin embargo, existen otras referencias que dan otros plazos más amplios que esos seis meses.

Un ejemplo son los informes que dos veces al año debe remitir el Ministerio de Justicia al Congreso de los Diputados para informar de los indultos concedidos por el Gobierno. En esos documentos explica que los plazos no flexibles: “La duración de la tramitación es muy variable, pues los informes preceptivos pueden recibirse en un plazo que oscila entre los siete y los diez meses”.

Fuente: Alejandro Requeijo – VozPópuli

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