El Gobierno puede obligar a vacunar a toda la población si peligra la inmunidad de grupo

El Ejecutivo está avalado legalmente para imponer la vacuna si fuera necesario. Además, la ley contempla la vacunación obligatoria de los menores aunque los padres no lo quieran.

En España no es obligatorio vacunarse del coronavirus. Cada quien puede decidir sobre su propia salud y su propio cuerpo. Sin embargo, si fuera necesario, el Gobierno cuenta con herramientas legales para hacer que la vacunación contra el covid fuera obligatoria. Si la inmunidad de grupo, que se alcanzará cuando el 70% de la población esté vacunada, estuviera en riesgo por un rechazo masivo de la vacuna, el Ejecutivo podría acudir a vías legales para imponerla.

Federico Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, que asesora al Ministerio de Sanidad, explica a Vozpópuli que «en este contexto de pandemia de coronavirus, si la estrategia de vacunación empezara a fallar por el rechazo de la vacuna y se impidiera alcanzar la inmunidad de rebaño, el Gobierno estaría legitimado a obligar a vacunarse».

Montalvo explica que la norma que avalaría esta decisión es la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Esta ley establece que «al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad«. 

«Aunque obligar a vacunar es legalmente posible, no estaría justificado en estos momentos»

«Aunque esto es legalmente posible, no estaría justificado en estos momentos«, añade este especialista, que argumenta que «debe darse un contexto en el que sea necesario«: «Por el momento, la aceptación de las vacunas es casi plena. ¿La medida es legítima? Sí, porque está prevista en la ley. ¿Es adecuada? Sí, porque la vacuna reduce el contagio. ¿Es necesaria? No, porque no hay datos que indiquen que haya una tasa de vacunación baja». 

Vacunación obligatoria de niños

Lo previsto en la ley orgánica del 86 no es el único supuesto en el que sería posible obligar a alguien a vacunarse. De acuerdo con las normas actuales, la vacunación contra el covid también es obligatoria para aquellos menores de edad cuyos padres se nieguen a tal proceso: «¿Puede un padre rechazar la vacunación de su hijo? No. La reforma de 2015 de derechos del menor estableció que si el padre rechaza una medida beneficiosa para la salud de su hijo, lo está poniendo en situación de riesgo». 

Ante esta circunstancia, «la ley permite retirar temporalmente la patria potestad a los padres para el acto de la vacunación. Negarse a darle al hijo un tratamiento en un contexto de enfermedades infecciosas es un riesgo», señala Montalvo. La propia ley de autonomía del paciente se reformó en 2015 para aclarar esta cuestión.

«La ley permite retirar temporalmente la patria potestad a los padres para el acto de la vacunación»

En concreto, el artículo 9.6 de dicha ley establece lo siguiente: «En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho en cualquiera de los supuestos descritos en los apartados 3 a 5, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad».

Vacunación de personas con dependencia

Un caso similar ocurre con las personas con discapacidad. «El régimen de estas personas es parecido al del menor. Un tutor no puede rechazar una vacuna autorizada, y menos en un contexto pandémico». El argumento legal aquí, tal y como explica Montalvo, es que «el representante estaría actuando de manera maleficiente si se niega a vacunar a su representado, y por tanto se le retiraría la capacidad de representación momentáneamente».

Tanto en el caso de los niños, como en el de las personas con discapacidad, el principio que rige es que «yo puede actuar maleficientemente conmigo mismo, pero no con otra persona»

Tanto en el caso de los niños, como en el de las personas con discapacidad, el principio que rige es que «yo puede actuar maleficientemente conmigo mismo, pero no con otra persona. Mi capacidad de decisión sobre mi cuerpo es plena, pero no sobre el de los demás«. 

Sanciones a trabajadores que no se vacunen

¿Puede un empresario obligar a sus trabajadores a ponerse la vacuna? No, en las circunstancias actuales. Alfredo Aspra, socio de Andersen y responsable del área Laboral del despacho argumenta que “a fecha actual, las autoridades gubernamentales no han decretado que la vacuna contra el patógeno vírico covid-19 sea obligatoria».

«Luego, en tanto en cuanto perdure esta situación, sería defendible sostener que las empresas no podrían obligar a vacunarse a los empleados. Diferente, tal vez, sería el supuesto de que a través de la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia salud pública y en función de la evolución de la pandemia, se habilite o dé cobertura a una posible vacunación obligatoria del coronavirus por entenderse una medida «legítima», «necesaria» y «proporcionada» para alcanzar el fin de interés general de protección de la salud”, explica Aspra.

Se puede apelar a normas vigentes para sancionar a sanitarios que no quieran vacunarse

No obstante, sí se puede apelar a normas vigentes para sancionar a los profesionales sanitarios que decidan no vacunarse. En este sentido, Montalvo explica que «en la Ley de prevención de riesgos laborales del 95 y el Estatuto de personal sanitario de 2003 se especifica que los sanitarios tienen que cumplir con las medidas de higiene y salud pública que se establezcan». 

En base a ello, aquellos sanitarios que trabajan en primera línea contra el covid, podrían ser sancionados si deciden no vacunarse. «Se consideraría un incumplimiento laboral y es, por tanto, sancionable. No hay deber específico, pero la vacunación se podría imponer por vía general (cumplir con las medidas de salud pública)».

Fuente: Borja Negrete – VozPópuli