La Unión Europea advierte por escrito de que sin reformas no liberará los fondos

Salvo el 13% que se podrá recibir como adelanto, Bruselas no desembolsará el dinero hasta que compruebe la ejecución de las reformas.

El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han firmado el reglamento del fondo de recuperación y resiliencia -del que España recibirá hasta 140.000 millones de euros- y han acordado que no se desembolsarán los fondos hasta que se compruebe la ejecución de las reformas.

Así lo han decido estas tres instituciones: el Parlamento -la cámara legislativa integrada por 705 eurodiputados-, el Consejo Europeo -compuesto por los 27 jefes de Estado o de Gobierno de los países y su presidente, Charles Michel- y la Comisión Europea -formada por 26 comisarios y encargada de elaborar las propuestas de nueva legislación, vigilar el cumplimiento de las normas comunitarias y fijar las prioridades de gasto de la UE-.

Su decisión ha sido exigir a todos los países que el plan que vayan a enviar para poder acceder a los fondos europeos contribuya a mejorar en las recomendaciones específicas que Bruselas ha hecho a cada país en el marco del Semestre Europeo y fije unas medidas concretas que se irán tomando para poder ir recibiendo el dinero.

Como ya contó Vozpópuli, en el caso de España esto supone abordar una reforma del mercado laboral y otra del sistema público de pensiones, fomentar la transición energética e inversión en I+D, la transición digital y el cambio climático, mejorar la gestión de las finanzas públicas y acometer una serie de retos sociales como reducir el abandono escolar o el porcentaje de personas en riesgo de pobreza, entre otras.

La laboral y la de pensiones pueden ser las dos reformas estructurales más problemáticas, ya que para sacarlas adelante el Gobierno necesita el apoyo de su socio, Unidas Podemos, quien ya ha manifestado que no dará su consentimiento.

El veto de Podemos complicaría la llegada de fondos

El partido de Pablo Iglesias ha anunciado que no apoyará la reforma de pensiones que promueve el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que consiste en alargar la edad real de jubilación y ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión pública, medidas que podrían generar un ahorro conjunto de unos 16.000 millones al Estado.

También podría resultar complicado que apoyaran una reforma que diera más flexibilidad al mercado laboral, ya que la facción morada del Gobierno precisamente quiere derogar lo que considera los «aspectos más lesivos» de la norma del año 2012.

Sin embargo, Bruselas ha dejado claro que hasta que no se vayan alcanzando los hitos pactados de esas y otras reformas, no se desembolsará el dinero.

«El desembolso de fondos está supeditado al satisfactorio cumplimiento de los hitos y los objetivos por parte de los Estados miembro, tal y como se haya establecido en los planes de recuperación y resiliencia aprobados por el Consejo», recalca el citado reglamento, a cuya versión definitiva ha tenido acceso Vozpópuli.

El Parlamento Europeo votará el texto probablemente en la sesión de febrero y tendrá que ser también aprobado formalmente en el Consejo, pero de facto ya está aprobado al haber sido pactado por el «trílogo» (el Parlamento, el Consejo y la Comisión) con el acuerdo -muy mayoritario- de conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes.

De hecho, según ha podido saber este periódico de fuentes europarlamentarias, Bruselas ya ha advertido a los países de que ese va a ser el texto formal dentro de un mes y de que deben basar sus planes en esas reglas.

Si hay incumplimiento se suspende la entrega de fondos

Antes de tomar la decisión de autorizar la liberación del dinero, la Comisión deberá consultar con el Comité Económico y Financiero para que dé su opinión en cuatro semanas sobre si ha habido un cumplimiento satisfactorio. Este Comité es un órgano consultivo de la Unión integrado por altos funcionarios de las administraciones nacionales y los bancos centrales, el Banco Central Europeo y la propia Comisión.

«Si de forma excepcional uno o más estados miembros consideran que hay serias desviaciones de un satisfactorio cumplimiento de los hitos y objetivos, podrá pedir al presidente del Consejo Europeo que lo aborde en la próxima reunión (…) En esas excepcionales circunstancias, se decidirá no hacer ningún desembolso hasta que el próximo Consejo Europeo discuta exhaustivamente sobre el asunto«, explica el reglamento.

En un plazo máximo de tres meses tendrán que tomar una decisión definitiva respecto al país en cuestión.

Si deciden que ese país no ha tomado las medidas necesarias para cumplir ese hito y, en consecuencia, no autorizan el desembolso del dinero, la Comisión puede proponer al Consejo «suspender todo o parte de los compromisos o pagos». 

También podrán suspender los pagos definitivamente si consideran que el país no está tomando las medidas recomendadas por Bruselas en dos ocasiones consecutivas o si no cumple con el programa de ajustes macroeconómicos o con las medidas que le pide el Consejo. 

Para Bruselas, los hitos y objetivos se materializarán en «medidas de progreso hacia el logro de una reforma o una inversión», siendo los hitos avances cualitativos y los objetivos, metas cuantificables.

Fuente: Alejandra Olcese – VozPópuli

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