Así tortura el régimen de Nicolás Maduro bajo la guía de cubanos e iraníes

Manifestantes en protestas por la carestía, reporteros, abogados y médicos han sido sometidos a abusos en «un año nefasto».

«Mientras estamos aquí hay presos políticos en Venezuela que están encerrados en una celda situada a tres pisos bajo tierra sin ventilación, sin contacto con el exterior. Están hacinados y mal alimentados. Está pasando ahora». Tamara Suju, presidenta ejecutiva del Instituto CASLA nos hace trasladarnos por un segundo a una de las prisiones del régimen de Nicolás Maduro, uno de los lugares donde se tortura con impunidad y bajo la guía de cubanos y el asesoramiento en operaciones psicológicas de iraníes.

Los centros clandestinos, con nombres tan tétricos como El Infierno, son el escenario de abusos y torturas de los que da cuenta cada año esta abogada venezolana. Sus informes han servido de base a la causa que está estudiando la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Su objetivo es que Nicolás Maduro acabe siendo juzgado. Suju sabe que no será cuestión de días, pero está determinada a que pague por sus crímenes.

Yanin Fabian Pernía sobrevivió a las torturas. Varios funcionarios del Sebin la desnudaron y tocaron su cuerpo mientras le aplicaban técnicas aprendidas de los cubanos con el objetivo de que delatara a varios dirigentes de la oposición.

Los torturados sufrieron ahogamientos conocidos como waterboarding, les golpearon en las plantas de los pies, y al menos a 25 personas les colgaron de una polea o columna horizontal esposados para asfixiarles o aplicarles descargas eléctricas. Otra forma de tortura es la llamada «manicure», que consiste en meterles agujas por entre las uñas.

La violencia sexual es reiterada. Suelen obligarles a desnudarse para humillarlos y hay tocamientos, e incluso violaciones. Los malos tratos con excrementos son otra práctica aplicada a los llamados «enemigos del régimen».

Entre los nuevos patrones se encuentra el recurso a la tortura sonora, con pitidos extremadamente agudos constantes durante la noche o la música y loas al chavismo, el congelamiento (les obligan a acostarse en barras de hielo o bañarse en agua helada), simulaciones de ejecuciones, o la falanga (golpes en las plantas de los pies con varas de hierro).

En la presentación del Informe Anual 2020 del Instituto CASLA sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Tamara Suju ha señalado que 2020 ha sido «un año nefasto» en el que, a pesar de las restricciones de la pandemia, hubo miles de manifestaciones y protestas en las que los venezolanos denunciaban la falta de electricidad, gas, agua, transporte público, gasolina.

«Estas protestas fueron reprimidas por la fuerza pública, detuvieron no solo a quienes se manifestaban, sino también a reporteros, abogados, o médicos y sanitarios que les asistían», señala el informe.

En las manifestaciones de 2020 hubo cinco personas asesinadas por la represión de fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. El más joven fue Joel Albornoz, a manos de un efectivo de la GNB cuando participaba el 18 de julio en una protesta contra la falta de gasolina en el estado de Zulia.

La abogada Tamara Suju prevé que en 2021 se va a intensificar «la represión sitemática». De hecho, el régimen de Maduro ya está pidiendo juicios contra los diputados de la Asamblea Nacional que defienden la permanencia de Juan Guaidó, y ha arrestado a seis personas de una ONG, Azul Positivo, que defiende los derechos de los pacientes contagiados de Sida.

El Instituto CASLA ha documentado 25 nuevas «incidencias o momentos históricos», donde al menos han sido detenidas 141 personas, víctimas de arrestos arbitrarios, tortura, desaparición forzada temporal y violación o alguna forma de violencia sexual.

El Foro Penal es una ONG que presta asesoramiento a los presos del régimen chavista. Cada mes informan del número de detenidos, que va oscilando, porque unos entran y otros salen en una dinámica que denominan de «puerta giratoria». Son presos políticos la mayoría, no políticos presos. En su último informe, con fecha de 30 de noviembre de 2020, había 359 personas consideradas presos políticos.

«Nada va a cambiar esta represión porque así controlan el malestar social. Es una espiral en ascenso. Si no controlan el malestar social con represión, cierres de medios, detenciones, torturas, se les va de las manos el país. Para poder controlarlo necesitan reprimir», dice Tamara Suju.

Casa de los Sueños I, II y III

En este último informe sobre crímenes de lesa humanidad, hay datos sobre las celdas de tortura del régimen chavista. En enero se estrenó la denominada Casa de los Sueños I, ubicada en la sede de la DGCIM (Dirección General de la Contrainteligencia Militar), en Boleíta Norte, Caracas. Se ubican en el sótano 3, y albergan 16 cubículos de 2.2 metros, colocadas en dos hileras, sin luz ni ventilación natural ni aire acondicionado.

Cada celda tiene una puerta de acero con una ventanilla por la que pasan la comida al preso. También tienen una letrina. En ocasiones están cinco personas en la misma ubicación.

«Este año, muchos fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, otros a torturas continuas, como el castigo al encierro y aislamiento prolongado y todos, fueron sometidos a la incomunicación por largos periodos de tiempo», dice el informe. También da cuenta de cómo con la excusa de la pandemia a los presos políticos se les mantuvo incomunicados, mientas que los comunes sí recibieron visitas el último trimestre del año.

Muchos pierden peso, ya que reciben una dieta sin proteínas, y no les dejan acceder a los alimentos que les llevan sus familias. En una prisión de Carabobo hubo presos que llegaron a perder 32 kilogramos, tras alimentarse solo de agua de harina o arroz.

Recreación de la Casa de Muñecas / Instituto CASLA

Otro espacio en el que se ha abusado de los presos políticos es la llamada casa de muñecas, una celda de castigo que mide 60×60 y 2,75 de altura. Está en el sótano 3 del edificio de la DGCIM en Boleíta.

«La estrechez busca inmovilizar a las víctimas, causándole asfixia, opresión y desvanecimiento. No tiene ningún tipo de ventilación ni luz, y la víctima está de pie o agachada. Les proporcionan un bote para hacer sus necesidades como puedan. Las víctimas, que permanecen así hasta cuatro días, se ensucian y están llenos de orín y heces hasta que termina su encierro», relata el documento.

Operaciones psicológicas

En el informe de 2019, el Instituto CASLA ya se refería a la implicación de oficiales cubanos en estos crímenes. Al menos 20 personas de las que han prestado testimonio han confesado haber sido torturadas por oficiales cubanos, en presencia de venezolanos. Los abusos tuvieron lugar en un centro clandestino ubicado en un fuerte militar y en la sede del DGCIM en Caracas.

En el edificio 2 de la Escuela de Contrainteligencia Militar, en Boleíta, Caracas, los oficiales cubanos tienen su asesoría permanente, a cargo de un coronel, según los testimonios recogidos por el instituto que dirige Suju.

Un testimonio de un general de la Fuerza Armada Nacional da cuenta de cómo los cubanos, además de su implicación en las torturas físicas, imparten cursos de operaciones psicológicas en la Escuela de Guerra en Fuerte Tiuna, Caracas. Durante siete de los 14 meses que dura el curso los alumnos (sargentos y oficiales de inteligencia de las FAN) son adiestrados por oficiales cubanos e iraníes.

«El curso tiene como objetivo que los oficiales aprendan a manipular a las personas a través de la propagada política, terapias de choque, manipulación y adiestramiento en comunicaciones», según reza el informe. Realizan sus prácticas en instituciones públicas y también países «amigos» del chavismo.

Reconocimiento, sanciones y justicia

En virtud de todos los hechos investigados, el Instituto CASLA, respaldado en la presentación del informe por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, apela a los estados democráticos del mundo «para que no cesen en su esfuerzo y ayuda al pueblo de Venezuela».

En este sentido, Dita Charanzova ha declarado que teme que los abusos en Venezuela «vayan a más», debido a que Maduro cada vez está más cerca de tener un poder absoluto.

Su último paso ha sido convocar unas elecciones legislativas, consideradas fraudulentas por EEUU y la UE, para así desbancar a la Asamblea Nacional que estaba dominada por la oposición al chavismo.

Según Charanzova, el Parlamento Europeo ha de seguir por una triple vía: «reconocimiento, sanciones y búsqueda de justicia para las víctimas».

«El rol de cualquier estado democrático, de todas las organizaciones regionales y universales que dicen defender los derechos humanos debería ser la denuncia del régimen que encabeza el régimen de Nicolás Maduro y promover los mecanismos necesarios para lograr su salida bajo la supervisión de la comunidad internacional», concluye el informe, que apela a que «las víctimas tengan justicia».

A Yanín Fabian Pernía y todos los que sobrevivieron pero aún malviven solo puede aliviarles saber qué algún día sus verdugos se sentarán en el banquillo.

Fuente: Ana Alonso – El Independiente

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