El Gobierno ultima con Euskadi el control y clasificación de presos antes de cederle prisiones

Ambas administraciones cruzan los últimos borradores antes de que en marzo el País Vasco asuma la gestión de las tres cárceles vascas en las que ahora cumplen condena alrededor de 1.300 internos.

Euskadi y Madrid ya cruzan borradores. En apenas un mes la competencia debería estar traspasada y en manos del Gobierno Vasco. Las tres cárceles ubicadas en Euskadi estarán gestionada por la consejería de Justicia, Igualdad y Acción Social del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Las negociaciones se han acelerado en las últimas semanas entre ambas administraciones. Lo han hecho en víspera de que la actual ministra de Política Territorial, Carolina Darias, pueda dar el salto a la cartera de Sanidad que Salvador Illa dejará vacante en cuanto comience la campaña electoral en Cataluña.

Los últimos aspectos que se están cerrando hacen referencia no sólo a la organización de las infraestructuras penitenciarias sino también al modo en el que se realizará el seguimiento del cumplimiento de penas de los presos. Las condiciones que se están con quienes serán los nuevos titulares de las cárceles de Basauri (Bizkaia), Martutene (Gipuzkoa) y Zaballa (Alava) también se refieren a los programas de tratamiento, clasificación y rehabilitación al que se someterá a la población de casi 1.300 internos que cumple condena en prisiones situadas en Euskadi.

La asunción de la competencia no supone en ningún caso que corresponda al Gobierno vasco fijar la política penitenciaria, que seguirá en manos del Gobierno central. Sin embargo, Euskadi sí tendrá poder para gestionar y definir aspectos ordinarios de funcionamiento o incluso de valoración de la situación de los internos. A partir de la cesión de la competencia el personal de los tres centros -cerca de 800 funcionarios- pasará a depender de la Administración vasca. Las futuras ampliaciones o renovaciones de personal se harán bajo los criterios que fije la Administración vasca.

Uno de los aspectos más determinantes será que los nuevos gestores de las prisiones harán la correspondiente “interpretación” de la Ley General Penitenciaria y de lo cual podrían derivar instrucciones y directrices de funcionamiento.

Elaborar informes de internos

Tras la transferencia el Gobierno vasco tendrá autonomía para la elaboración de los informes relativos a los presos. Se trata de evaluaciones muy importantes ya que de ellas dependen en gran medida decisiones como las concesiones de progresiones de grado o los beneficios penitenciarios. En caso de discrepancias con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias correspondería a un juez de vigilancia penitenciaria pronunciarse, basándose siempre en los informes emitidos.

La consejera de Justicia del Ejecutivo vasco, Beatriz Artolazabal, subraya que el paso que se va a dar es muy valioso. Además de suponer el cumplimiento de un compromiso recogido en el Estatuto de Gernika desde 1979, permitirá a la Administración vasca aplicar un modelo penitenciario propio. La pretensión del Gobierno vasco es reforzar el aspecto rehabilitador y restaurativo para los internos en su proceso de recuperación y reinserción social. Artolazabal recuerda que el documento en el que se recogerá la transferencia incluirá referencias expresas a las normas constitucionales, estatutarias y legales que avalan el cambio de titularidad de la competencia.

En los actos que ahora se ultiman se están definiendo las funciones y servicios que deberá asumir la administración vasca, tanto en lo relativo a la gestión de las infraestructuras como del personal dependiente de las tres prisiones situadas en el País Vasco. Junto a lo relativo al cumplimiento de penas, clasificación de los internos y los programas de tratamiento que se deberán gestionar, se están analizando las condiciones en las que se deberán prestar los servicios de carácter sociolaboral de los presos, los de carácter educativo, social, de rehabilitación de drogas y de otro tipo.

1.300 reclusos y tres prisiones

Desde el Gobierno vasco se ha rebajado la presión en torno a la celeridad en la transferencia y se subraya estos días que lo relevante es que la entrega de la materia se haga en las condiciones adecuadas y con plena seguridad jurídica.

Actualmente la infraestructura carcelaria en el País Vasco está compuesta por tres cárceles. La mayor de ellas es la de Zaballa, en Alava, con cerca de 700 internos. Tras ella está de la Basauri, en Bizkaia, donde cumplen condena 350 reclusos aproximadamente. Finalmente, la prisión de Martutene, que data de 1948, cuenta con 260 internos. La prisión guipuzcoana será renovada dentro de dos años y medio. Para la primavera de 2023 está previsto que la sea sustituida por la cárcel de Zubieta, que se levantará en este barrio de la capital guipuzcoana. Será un moderno complejo con 234 celdas dobles. El proyecto, presentado en diciembre por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ya ha sido licitado por un importe de 41 millones de euros.

La entrega de esta competencia, pactada con el Gobierno dentro del acuerdo de cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika –que incluye la cesión de una treintena de materias-, se produce en el momento de mayor acercamiento de presos de ETA a prisiones vascas. Menos de una treintena de presos de la banda cumple condena ahora en algún centro de Euskadi. Sin embargo, en los próximos meses es probable que esta cantidad aumente si continúa en ritmo de acercamientos promovido por el Ministerio del Interior desde el verano de 2018. Todos ellos pasarían a estar bajo la tutela de los nuevos gestores de las prisiones, la Administración vasca, si bien en aplicación de la legislación establecida por el Gobierno central.  

Fuente: Mikel Segovia – El Independiente

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