CGPJ: el Gobierno se burla de los jueces y de la UE

PSOE y Podemos tramitan de manera urgente la reforma del Poder Judicial para limitar sus funciones, sin pedir ningún informe consultivo a los afectados.

PSOE y Unidas Podemos aceleran los trámites de la reforma parcial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que prevé la limitación de sus facultades, una vez extinguido su mandato, para evitar –entre otras cuestiones– que se avance en nuevos nombramientos de altas instancias judiciales. Con la mayoría que ostentan en la Mesa del Congreso, los partidos que conforman el Gobierno aprobaron ayer tramitar por la «vía de urgencia» esta iniciativa. La Cámara no solo pisó el acelerador en este asunto, sino que también rechazó –con los votos de los partidos de la coalición– los intentos de la oposición de dilatar la tramitación, aunque estos se orientaran en lograr que el proceso sea más garantista. Se trata, en concreto, de la petición del PP de que se soliciten informes sobre esta proposición de ley al propio CGPJ y a la Comisión Europea, petición que comparte el órgano de gobierno de los jueces, que se manifestó en este sentido el pasado mes de diciembre.

En concreto, fue en el Pleno que celebró el CGPJ el 17 de diciembre donde se aprobó una propuesta presentada por seis vocales para que para que el Congreso pidiese informe antes de tramitar la citada Proposición de Ley tanto al propio Consejo como a la Comisión de Venecia, es decir, al Consejo de Europa y se recabase la opinión de las asociaciones judiciales y fiscales. En concreto, la propuesta contó con el respaldo de 16 votos a favor y cinco en contra: los del ex diputado del PSOE Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez. A favor votaron todo el ·grupo conservador» así como los «progresistas» Roser Bach, Enrique Lucas, María Victoria Cinto y Mar Cabrejas.

Para apretar al máximo el calendario, se aprobó que enero, mes que tradicionalmente no cuenta con actividad parlamentaria, se activara como hábil para esta cuestión. Por lo que ayer se decidió también abrir un plazo de enmiendas de ocho días hábiles, para lo que se computará el mes actual. La agilización de la reforma del Poder Judicial se promueve en pleno bloqueo de la renovación del CGPJ, un bloqueo que el Gobierno contaba con superar antes de que acabara 2020. Aunque en Moncloa sostienen que el acuerdo «ya está cerrado» con el PP, desde Génova se paralizó cualquier anuncio a la espera de que se celebrasen las elecciones en Cataluña, una cita electoral que ahora también está en cuestión. Ante los intentos de la formación de Pablo Casado de dilatar el proceso, PSOE y Podemos registraron en diciembre esta iniciativa para limitar las atribuciones del Poder Judicial en funciones, que, a día de hoy, sigue realizando nombramientos con normalidad.

Esta proposición de ley se concibió como una medida de presión al PP, que suponía una rebaja considerable respecto a la primera iniciativa presentada por los partidos que componen el Gobierno para rebajar el sistema de mayorías reforzado actual (210 diputados) hasta la mayoría absoluta (176 diputados), lo que les permitiría sacar adelante la renovación con los socios de investidura y sin la connivencia del PP. Los socialistas dieron marcha atrás en esta polémica rebaja ante las advertencias que recibieron de todos los sectores: Comisión Europea, partidos de la oposición y asociaciones judiciales. No obstante, desde dentro del propio Gabinete, los ministros de Podemos sí presionan al PSOE para que se active este nuevo orden de mayorías, que les permitiría pactar la composición del órgano de gobierno de los jueces con sus socios de ERC y Bildu.

Objetivo: «Presionar» al PP

La decisión adoptada por la Mesa ha causado un profundo malestar en el Consejo y en las asociaciones judiciales. Así, vocales del CGPJ prevén solicitar en los próximos días que el órgano de gobierno de jueces y magistrados se dirija a la Unión Europa para expresar «el malestar» por el hecho de que se tramite la reforma sin escuchar «ni al Consejo ni a la propia Unión Europea». Así, los vocales consultaron coincidieron en que «evaluaremos cómo hacerlo, si desde el Pleno o la Comisión Permanente, pero sin duda expresaremos el malestar porque no se pida esos informes en una reforma que afecta a la independencia judicial».

En esta línea, Manuel Almenar, presidente de la Asociación Pofesional de la Magistratura, censuró la decisión de la Mesa porque supone «obviar las recomendaciones de la Unión Europea», la cual el pasado cuatro de diciembre «ya avisó de la necesidad» de que se consultase «tanto con la oposición» como los «actores relevantes» cualquier reformar que afectase al núcleo esencial de las competencias del Consejo. Entre esos «actores relevantes», la UE citaba de forma expresa a la Comisión de Venecia, «como garantía para respetar los estándares europeos en materia de independencia judicial». Y, dijo, habría que incluir también a las asociaciones judiciales.

Por su parte, Jorge Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, señaló que la tramitación urgente de la reforma era «de esperar» y que «no se trata de hacer una reforma para mejorar lo que tenemos, sino que tiene como finalidad buscar la presión política para que el PP se avenga por fin a lo que también ellos se saltaron: renovar en plazo» del CGPJ.

Fuente: Ainhoa Martínez – La Razón