Justicia “ineficiente” y «poco efectiva»: lo dice un informe del propio Gobierno

Un borrador del Ministerio sobre un plan de modernización se propone acabar con el “problema” de que existan siete sistemas distintos en sendas comunidades “no interoperables entre ellos”.

Ineficiente asignación de recursos, organización inadecuada, modelo de gobernanza poco efectivo, normas y procedimientos desactualizados”. Este es el negativo diagnóstico que hace de la Justicia española el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo en un borrador sobre un ambicioso plan de reforma a diez años vista al que ha tenido acceso Vozpópuli. El Gobierno plantea una profunda remodelación del servicio público judicial que contempla incluso la reasignación de funciones entre los 252.000 profesionales que lo integran.

El proyecto se llama Justicia 2030 y parte de la conclusión de que el modelo de justicia se ha deteriorado con los años. Para ilustrar entre retroceso usa datos como el aumento en los retrasos a la hora de resolver los temas. “En los últimos diez años el número de asuntos ingresados en nuestros tribunales ha descendido un 34 por ciento, de 9,5 millones en 2009 a 6,2 millones en 2019 (…) sin embargo, en este periodo las duraciones medias en el conjunto de jurisdicciones han pasado en primera instancia de 66 a 162 días”, más de el doble de tiempo.

Si se toma como referencia el 2015, los asuntos ingresados han bajado un 26 por ciento, la cifra de casos resueltos ha disminuido casi un 30 por ciento y los asuntos en trámite crecen hasta el 16 por ciento. Todo esto a pesar de que en los últimos 20 años el número de jueces ha crecido en un 50 por ciento (de 3.748 a 5.593). O a que España lidera el ranking europeo en medios informáticos y dobla la media europea en personal auxiliar. “Los diferentes impulsos en los últimos diez años, aunque han mejorado la Justicia, no han tenido el resultado que se preveía».

Distintos sistemas autonómicos

A esto se suma la existencia de “distintos sistemas de gestión procesal, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el tribunal, los cuales no son interoperables entre sí”. Aborda la transferencia de competencias en materia de Justicia a algunas comunidades autónomas para describir como un “problema” el hecho de que “ni el ritmo ni el nivel de inversión en cada administración fue el mismo, lo que propició el desarrollo e implantación de hasta siete sistemas distintos, con diferentes funcionalidades y no interoperables entre ellos”.

Portada del borrador preliminar del plan Justicia 2030

Portada del borrador preliminar del plan Justicia 2030

“Este proyecto pretende acabar con esta situación”, dice Justicia. “Esta transición implica una lógica competencial menos rígida y una cogobernanza efectiva”, añade el Ministerio, que contempla una estrategia gradual en el tiempo con un plan de acción en los tres próximos años acompañado de un plan financiero en seis que culmine pasada una década con una Justicia renovada.

Desde el Gobierno advierten de que esta transformación no acarreará despidos, pero sí una reasignación de funciones: “No supone en ningún caso la reducción del número de personas que forman parte de la administración de Justicia, pero sí un cambio en el desempeño profesional”. Se debe en gran parte que el proyecto se sustenta en la digitalización de la Justicia y eso significa “una reorientación de funciones de algunos perfiles profesionales que van a evolucionar para hacerse cargo de actividades diferentes”.

La Justicia española en cifras

Actualmente trabajan directamente en la administración de Justicia 68.000 personas: 5.500 jueces, casi 2.300 fiscales, 4.300 letrados de la administración de Justicia, más de 14.500 gestores procesales, 22.700 tramitadores procesales, más de 9.700 auxilios procesales, 1.144 forenses, más de 200 facultativos, 100 técnicos especialistas y 120 ayudantes de laboratorio. A todos ellos hay que sumar 7.000 jueces de paz.

No obstante, la cifra de trabajadores del Servicio Público de Justicia asciende hasta un total 252.000 trabajadores si se suman los 155.000 abogados, 11.000 procuradores, 14.500 graduados sociales, 3.000 notarios y 1.100 registradores.  Eso sin contar con traductores, peritos, mantenimiento y limpieza de las 700 sedes judiciales repartidas por todo el territorio. “El esfuerzo realizado por tantos profesionales y con tantos recursos no está teniendo el resultado que la ciudadanía demanda”.

Justicia admite también que la percepción de la ciudadanía también ha empeorado. Destaca que el primer informe de opinión realizado por el CGPJ en 1984 arrojó un 21 por ciento de encuestados para los que la Justicia funcionaba mal o muy mal. La última vez que lo preguntó el CIS en 2019 el porcentaje que pensaba eso era un 48 por ciento, más del doble. Y precisamente lo que denunciaban era falta de jueces, de medios informáticos y de personal auxiliar.

Nueva ley y lenguas vehiculares

Una vez hecho el diagnóstico, el borrador del plan contempla las medidas a tomar. Una de ellas es una Ley “que establezca las bases legales de la transformación digital de la administración de Justicia”. “Establecerá un nuevo marco legal para la tramitación electrónica de procedimientos abordando aspectos básicos como la firma digital, los juicios telemáticos o el intercambio de datos en la administración de Justicia”, añade este borrador de 81 folios.

Otro de los puntos a los que el Ministerio otorga importancia es el acceso a la Justicia. Bajo el epígrafe “Normalización lingüística”, defiende que “las lenguas cooficiales deben estar presentes en todos los ámbitos de la administración para facilitar el acceso a la ciudadanía en el idioma que decida en el marco de la Constitución”. Alega que “las recomendaciones del Consejo de Europa para el desarrollo de las recomendaciones del Consejo de Europa para el desarrollo de las lenguas cooficiales en España van en la misma dirección”.

“El objetivo es facilitar a los operaciones jurídicos y a los usuarios que cualquiera de las lenguas oficiales pueda ser utilizada como vehículo en la Administración de Justicia (…) es decir, que puedan ser lenguas de uso habitual para la ciudadanía que quiera ejercer su derecho de acceso a la Justicia en cualquiera de las lenguas del Estado”, sostiene el borrador.

Fuente: Alejandro Requeijo – VozPópuli

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