El Supremo aboga por investigar la gestión del coronavirus

Rechaza abrir de momento una causa por las querellas presentadas contra el Gobierno, pero las remite a los Juzgados ordinarios para que indaguen sobre la muerte en residencias, la compra de material o la falta de protección para sanitarios y policías.

El Tribunal Supremo ve motivos suficientes para que se investigue la gestión de coronavirus. En concreto pide que se indague respecto a la muerte de ancianos en residencias, la compra de material fallido en el mercado internacional o la falta de protección que hubo al inicio de la pandemia para colectivos como sanitarios o policías. Por eso remite las querellas que le presentaron contra el Gobierno a los Juzgados ordinarios para que se procedan a investigar. Eso es un paso intermedio entre abrir una causa penal en el alto tribunal como le pedían los querellantes y archivarlas de plano como defendió la Fiscalía.

De este modo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite de 20 querellas y 30 denuncias presentadas en los últimos meses por distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y un partido político (Vox) contra el Gobierno por su gestión durante la crisis de la COVID. Los jueces consideran que no está debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo.

El Supremo acuerda, no obstante, deducir testimonio de esas querellas y denuncias y remitirlas al Juzgado decano de los Juzgados de Madrid para que se incoen las causas penales que correspondan, o se acumulen a las que ya estén siendo o hayan sido objeto de tramitación. En especial, según explica el auto, esas investigaciones por los juzgados ordinarios deben incidir en las muertes en residencias de la tercera edad, en la eventual omisión de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías, y a una posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia.

Los magistrados señalan que cuando las diligencias que practiquen esos juzgados evidencien la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado, será el momento de que el juez de instrucción, en su caso, eleve una exposición razonada sobre ellos al Supremo. Es decir, piden que se agoten primero las pesquisas en la Justicia ordinaria sin descartar que más adelante sí tenga que abrir una causa penal contra algún miembro del Gobierno que por su condición de aforado solo puede ser investigado en el alto tribunal.

En un auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, recuerda que el Tribunal Supremo no es el órgano llamado ordinariamente a investigar hechos penales, sino sólo excepcionalmente a las personas aforadas, para no sustraer las investigaciones de su ámbito primario natural. El auto analiza pormenorizadamente cada uno de los delitos atribuidos en las querellas y denuncias, como el de homicidio y lesiones imprudentes; delito contra el derecho de los trabajadores; prevaricación y malversación de caudales públicos.

Entre los hechos denunciados destacaban que se hubiese permitido las concentraciones masivas y manifestaciones como la del 8-M días antes de la declaración del estado de alarma, y que no se hubiesen facilitado a los profesionales sanitarios o de las fuerzas de Seguridad del Estado equipos de protección adecuados. La Sala comienza advirtiendo que la calificación jurídico-penal de un hecho “no puede hacerse depender de la indignación colectiva por la tragedia, ni por el legítimo desacuerdo con decisiones de gobierno que pueden considerarse desacertadas”.  No obstante, también advierte que “una resolución de archivo acordada por esta Sala no santifica actuaciones erróneas y de graves consecuencias sociales, aunque no tengan relevancia penal”.

El delito de homicidio 

Varias de las querellas y denuncias imputan al presidente del Gobierno, vicepresidentes y ministros delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, amparándose en la inacción y mala gestión ante el COVID-19 que habría provocado, según los querellantes, gran número de fallecidos y lesionados. El auto argumenta que se impone demostrar que entre las acciones u omisiones – infracción del deber- y el resultado mortal o lesivo existió una concreta, precisa  e inequívoca relación de causalidad. Esta relación de causalidad, añade la Sala, no puede construirse en términos genéricos difusos.

Para considerar a los querellados responsables de un delito de homicidio o de lesiones por imprudencia, no bastaría con acreditar que se ocultó información procedente de organismos internacionales y que esos informes técnico-sanitarios ya eran disponibles por el Gobierno. Sólo podría ser objeto de un proceso penal la investigación de esas conductas de ocultación si existe posibilidad de demostrar que entre esa desinformación y el resultado lesivo o mortal hubo una precisa relación de causalidad”, señala el auto.

En este punto, el Supremo ya advierte de la dificultad de poder «acreditar en términos médicos que el contagio que desencadenó el daño en todas y cada una de las víctimas tuvo su origen inmediato en decisiones u omisiones gubernamentales que precipitaron el fatal desenlace». «El estado actual de la medicina no permite proclamar ese enlace causal entre la acción u omisión del Gobierno y el lugar o el momento de un contagio. Y, sobre todo, hacerlo de forma que se excluyan otras explicaciones alternativas con la certeza exigida para la afirmación de la autoría en derecho penal”, añade.

Delitos contra los derechos de los trabajadores

Las querellas imputan también al Gobierno los delitos contra los derechos de los trabajadores por no haber facilitado a los integrantes de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y al personal sanitario los medios de protección necesarios. Y aquí el Supremo dice que en este caso se trata de una conducta omisiva generadora de un riesgo para los trabajadores. El delito sanciona a los sujetos que están “legalmente obligados” a dispensar esa protección, pero indica que la posición de responsable último de un ministro o un presidente del Gobierno no le convierte en responsable «de todas y cada una de las conductas ejecutadas» en el ámbito de la Administración.

Sin embargo, explica que aunque las querellas no ponen de manifiesto indicios concretos, nada impide la apertura de una investigación jurisdiccional encaminada a determinar, en cada caso, “quién era la autoridad legalmente obligada a prestar lo medios indispensables para que los trabajadores desempeñaran su actividad conforma a las normas de seguridad“. Y a la hora de pedir que se investigue en la Justicia ordinaria, el auto del Supremo marca la necesidad de conocer la estructura de los Ministerios, las Consejerías y los Centros de Salud -dirección y gerencia- para determinar el espacio funcional reservado por la ley a cada uno de ellos.

Sólo así se estará en condiciones de conocer, con los efectos penales que de ello pueden derivarse, sobre quién recaía, por su condición de garante, el deber de proporcionar esos instrumentos llamados a evitar el riesgo de contagio. Esa investigación permitirá también indagar si las omisiones detectadas fueron el fruto de una conducta intencionada o negligente, colmando así las exigencias del tipo subjetivo”, concluye.

Las residencias

Respecto a las querellas que imputan responsabilidades por los fallecimientos en residencias de ancianos, la Sala acuerda enviar a los juzgados de Madrid las denuncias y querellas por los fallecimientos de ancianos en residencias para investigar los hechos. Concreta que en los juzgados ordinarios deberá esclarecerse si “esos fallecimientos estuvieron asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y si aquellas son susceptibles de reproche penal».

Sostienen los jueces que la decisión de enviar o no a los ancianos a los hospitales debería haberla tomado un médico, nunca un político: «Habrá de indagarse también el origen y la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios, anticipando así un prematuro estado de necesidad que, por su propia naturaleza, debía haber sido, siempre y en todo caso, un acto médico».

Fuente: Alejandro Requeijo – VozPópuli

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