Podemos se alía con ERC para tapar la corrupción en Cataluña

Podemos se alía con ERC para tapar la corrupción en Cataluña
Podemos se alía con ERC para tapar en el Congreso la investigación sobre la corrupción en Cataluña Europa Press
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El PSOE deberá decidir si se suma a la petición de una comisión de investigación contra las «filtraciones» del ‘caso Volhov’. Los nacionalistas y los morados creen que se trata de una «persecución a la disidencia política»

Pablo Iglesias vuelve a delegar en Jaume Asensla relación de Podemos con los independentistas catalanes. En esta ocasión, para centrar la atención de la llamada operación Volhov a las «filtraciones» que han sufrido los exdirigentes y empresarios de la órbita de ERC y dejar en un segundo plano la presunta trama de corrupción que salpica al partido de Oriol Junqueras. 

El presidente del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos ha presentado, junto a ERC, JxCat, CUP, EH-Bildu y BNG, una propuesta para la creación de una comisión de investigación para saber cómo las escuchas al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al exconsejero de ERC, Xavier Vendrell, o alempresario Oriol Soler, entre otros, han «influido en el debate público». 

Esta propuesta llega horas después de que la Mesa del Parlament haya dado trámite a la petición de Ciudadanos, avanzada por Vozpópuli, para celebrar un pleno monográfico para que el Ejecutivo catalán rinda cuentas con las informaciones aparecidas. «Hay que despejar cualquier duda sobre el uso del dinero de todos los catalanes», explican en la formación naranja.

Ahora, ERC, con la ayuda de Podemos, ha contraatacado con la petición de esta comisión que arroje luz sobre unas filtraciones que, a su juicio, son ilegales y no demuestran ningún hecho delictivo. Para que la propuesta salga adelante deben ser mayoría. Necesitan el apoyo del PSOE, que no firma la petición y todavía no ha concretado cuál será la dirección de su voto. «Esta semana o la siguiente la mesa la tramitará. En el pasado el PSOE ha bloqueado iniciativas parecidas, pero esperemos que ahora no lo hagan», explican las fuentes consultadas.

Elecciones catalanas

Esta nueva propuesta de ERC forma parte de una estrategia global del partido para silenciar de cara a los comicios catalanes -previstos para el 14 de febrero- las conversaciones que han mantenido distinguidos cargos del partido y que podrían revelar algún indicio de tráfico de influencias o intimidación a periodistas, como ha sido el caso de la conversación entre la tertuliana Pilar Rahola y el exsecretario de comunicación de CDC e integrante del «estat major» del referéndum ilegal del 1 de octubre, David Madí.

Como parte de esta estrategia, Rufián presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona para solicitar que no se dé difusión a las conversaciones que ha mantenido dentro del sumario del caso Volhov y hacía explícita «mención a los medios de comunicación» para que «retiren de sus plataformas» las grabaciones de las escuchas «en protección de los derechos» que considera que le asisten.

La portavoz del partido en la Cámara catalana, Marta Vilalta, se posicionaba en el mismo sentido en rueda de prensa: «Pedimos que se hagan los requerimientos necesarios para que se dejen de filtrar y publicar».

En esta estrategia han contado con el apoyo de Podemos así como de sus socios separatistas en Cataluña: JxCat y CUP. Llama la atención que incluso la CUP, que fue quien denunció en la Oficina Antifraude los fondos fraudulentos en la Diputación de Barcelona y que ha derivado en la investigación Volhov, en esta ocasión no se haya sumado al resto de la oposición para que el Govern, ya sea a través de un pleno monográfico o en la comisión de la covid-19, rinda cuentas por la presunta corrupción.

Movimientos internos de ERC

La formación antisistema se abstuvo de dar su apoyo a un cambio urgente de ponentes en la comisión de la gestión de las residencias durante la pandemia para que la consejera de Sanidad, Alba Vergès, compareciera para explicar sus conversaciones con Vendrell después de que el empresario se quejara por haber perdido una concesión pública.

Aunque públicamente ERC asegura desconfiar de la operación judicial y lo ven una «causa general contra el independentismo», lo cierto es que han abierto varios expedientes «para verificar la verosimilitud de las acusaciones que se han hecho públicas». Según informaban en un comunicado, pidieron al concejal de Urbanismo en Cabrera de Mar (Barcelona), Enric Mir, al que la Guardia Civil incautó 38.000 euros en su despacho durante los registros, que abandonara su acta de concejal.

Pese a ello, ERC niega la recalificación de terrenos vinculada al exconseller y exdirigente de ERC Xavier Vendrell, que según la operación policial tiene como epicentro la masía de lujo Villa Bugatti.

Persecución de la «disidencia política»

Pero más allá de los movimientos de ERC para atajar internamente el asunto antes de las elecciones, la petición en el Congreso da un paso más para desviar la atención hacia las «filtraciones» en lugar del hecho que se investiga.

En esta solicitud se insta a que el Congreso indague «la posible existencia de cualquier trama parapolicial al margen de la legislación y el control democrático en el seno de instituciones del Estado, así como las vinculaciones de la misma con posibles entramados privados, lobbies de presión y medios de comunicación».

Otro de los objetivos de la comisión debería ser, según sus proponentes, «esclarecer el conocimiento de las posibles tramas irregulares por parte de algunos sectores y estamentos públicos».

El órgano que piden crear debería, asimismo, poder analizar las actuaciones del Ministerio del Interior en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a los cuerpos y mandos policiales» con estas filtraciones y proponer medidas para la prevención y el control «a fin y efecto de imposibilitar la creación futura de tramas de espionaje irregulares o de cualquier estructura policial paralela al margen de la legislación vigente».

En la iniciativa se considera «oportuno» crear hoy una comisión de investigación sobre este asunto como la que se creó sobre las llamadas «cloacas» de Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. «La persecución de la disidencia política es una realidad a día de hoy en el Estado español. Esta persecución supone un socavamiento de derechos fundamentales que deben ser de especial protección por parte de instituciones públicas atajando todo atisbo de su vulneración, más aún cuando ésta proviene de los poderes del Estado o las llamadas ‘cloacas de Interior'».

Fuente: Laura Fábregas – VozPópuli

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