Vox denuncia la negativa del juzgado a remitirles las actuaciones del ‘Delcygate’

Vox denuncia la negativa del juzgado a remitirles las actuaciones del ‘Delcygate’
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (Foto: AFP)
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El caso Delcy o Delcygate vuelve a generar polémica. No sólo por la lentitud de sus actuaciones, sino, ahora, directamente, porque, tal y como ha denunciado Vox, parte de las actuaciones u oficios del caso no les han sido comunicados pese a ser acusación popular.

La acusación popular de Vox señala que «desde la personación de esta formación se ha venido solicitando el impulso procesal oportuno, también información sobre el resultado de las medidas cautelares establecidas en relación a las grabaciones y la resolución sobre otras diligencias, sobre las que el juzgado no se ha pronunciado».

Pero es más, tal y como ya han hecho saber al juzgado, «consideramos que sin que se haya dado traslado a esta parte siquiera de las actuaciones de forma completa que obran unidas al expediente, resulta prematura e intempestiva la solicitud del Ministerio Fiscal, y no deberá ser estimada. A este respecto, dejamos realizada que tal situación en sí misma ya podría ser considerada como una lesión de los principios constitucionales recogidos en el artículo 24 de la CE, que dejamos ya apuntado».

Hay que recordar que en ese tiempo de imposibilidad de actuación de Vox como acusación popular en el caso de la entrada ilegal de la mano derecha de la dictadura venezolana –Delcy Rodríguez-, la Fiscalía ha vuelto a salir al rescate del Ejecutivo de Pedro Sánchez: ha solicitado el sobreseimiento provisional del caso Delcy o Delcygate. Y lo acaba de hacer con el siguiente argumento para no considerar la existencia de prevaricación: «No es suficiente la mera ilegalidad […]. La sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible».

El caso de la entrada en España de Delcy Rodríguez es uno de los más turbios a los que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez. La UE exigió el bloqueo y la prohibición de la entrada de la vicepresidenta venezolana en territorio comunitario por violar derechos fundamentales como protagonista de excepción de la dictadura de Nicolás Maduro. Y en este caso se investiga la entrada en territorio español de su mano derecha.

Vox recuerda que «la indefensión supone impedir u obstaculizar el ejercicio en el proceso de los propios derechos; entre otras razones, se produce cuando el órgano judicial impide a una parte en el proceso el ejercicio pleno del derecho de defensa, privándola de su potestad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción».

La acusación de Vox personada en el caso señala que «en el escrito del Ministerio Fiscal se indican los oficios remitidos, de los que esta parte no tiene traslado siquiera, y sólo por las referencias del fiscal, podemos apreciar que Doña Delcy Eloína permaneció en la sala de la terminal de aviación ejecutiva, considerada como zona de tránsito aeroportuario». El propio fiscal reconoce que «no existe duda de que según la decisión… doña Delcy Rodríguez López no debía entrar o transitar por España».

Añade que «no es de recibo que sea la Fiscalía la que justifique que fue la propia Delcy la que no manifestó su intención de entrar en territorio Schenguen» […]. Por tanto, entendemos que antes de acordar un eventual archivo, al que esta parte se opone rotundamente por existir suficiente prueba para iniciar la investigación y acordar las declaraciones solicitadas por no sólo existir suficientes hechos notorios para ello, sino además haber aportado la declaración notarial de un testigo privilegiado, que aporta veracidad a lo relatado en los medios de comunicación, se deberá dar traslado a esta parte de las actuaciones, de la misma manera que el Ministerio Fiscal tuvo opción de ello para formular su escrito, ya que en otro caso, el principio de igualdad de armas queda quebrado de una forma tan grave que vulnera los derechos fundamentales de esta parte».

Sobreseimiento provisional

La Fiscalía acaba de solicitar el sobreseimiento provisional del caso Delcy o Delcygate con el siguiente argumento para no considerar la existencia de prevaricación: «No es suficiente la mera ilegalidad […]. La sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible».

La Fiscalía ha considerado que el caso no merece más atención penal. La explicación de la Fiscalía señala que «ha venido considerando el Tribunal Supremo que, para alcanzar la tipificación del artículo 404 CP [prevaricación], no es suficiente la mera ilegalidad o la simple contradicción con el derecho, pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación del Derecho Penal, que perdería su carácter de última ‘ratio’.

El fiscal añade que «el principio de intervención mínima implica que la sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible. Uno de los supuestos de máxima expresión del Derecho Penal aparece cuando se trata de una adecuada reacción a orientada a mantener la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. El Derecho Penal solamente se ocupará de la sanción a los ataques más graves a la legalidad, constituidos por aquellas conductas que superan la mera contradicción con el derecho para erigirse en un ataque consciente y grave a los intereses que precisamente las normas infringidas pretenden proteger».

Por todo ello, la Fiscalía considera que «es necesario distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito», en el Delcygate.

Por lo que «a pesar de que se trate de supuestos de graves infracciones del derecho aplicable, no pueden identificarse simplemente nulidad pleno derecho y prevaricación». Hay que recordar que el fiscal Enrique Remón Peñalver, que solicitó a la juez Carmen Rodríguez-Medel el archivo de la causa del 8-M -en la que se investigaba por prevaricación al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid José Manuel Franco– es también el que ahora sale al rescate del Ejecutivo de Pedro Sánchez y solicita el sobreseimiento provisional del caso Delcy o Delcygate. Una causa que ponía contra las cuerdas a miembros del Gobierno y que planteaba la posible imputación de la mano derecha del presidente, José Luis Ábalos.

Fuente: Carlos Cuesta – OKDiario

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