La humillación del español en España

La humillación del español en España
La ministra de Educación, Isabel Celaá, impulsora del proyecto de ley pactado. (EFE)
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La normalidad y la convivencia entre el castellano y el catalán ya solo son posibles en la vida cotidiana. A los independentistas debe molestarles hasta eso.

Ni legítimo, ni honesto ni inteligente. Un Gobierno no puede negociar con aquello que no le pertenece, como el uso del castellano, lengua oficial del Estado, en todo el territorio español; no puede comerciar con “el deber de conocerla y el derecho de usarla” de todos los españoles, como recoge el artículo 3 de la Constitución. Ninguna legitimidad parlamentaria autoriza a un Gobierno a mercadear con los derechos constitucionales a cambio de un puñado de votos. Ni es honesto incluir en la negociación de unos Presupuestos Generales del Estado la depreciación del uso del castellano en Cataluña a cambio de que los independentistas catalanes apoyen esas cuentas. La consideración del castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, al igual que el catalán, no es un asunto menor, una cesión al alcance de un Gobierno necesitado de votos en el Congreso, como si fuera la inversión de un tren de cercanías.

Pero es que tampoco es inteligente ni efectivo porque socialistas y populares ya han tropezado demasiadas veces en la misma piedra; los dos partidos que, salvo en los primeros años, se han turnado en el poder en estas cuatro décadas de democracia española saben bien que todo problema se acaba multiplicando cuando se intenta contentar a quien se muestra insaciable, desleal, excluyente y, además, se pavonea de serlo.

La nueva polémica se refiere al principio de acuerdo que ha alcanzado el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos con Esquerra Republicana para que esta apoye los Presupuestos a cambio de que se suprima en la nueva Ley de Educación que el castellano es “una lengua vehicular” en la enseñanza. La modificación es muy significativa, porque lo que les molesta a los independentistas es que la Ley de Educación diga que “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares” en la enseñanza en España.

Cualquiera que no esté familiarizado con esta polémica —si no es español, directamente, se frotará los ojos— no entenderá muy bien dónde está el problema, porque se garantiza la protección del catalán al mismo nivel que el castellano; pues justamente ahí, en que no se persigue la equiparación sino la progresiva desaparición del castellano de las aulas en Cataluña. Debe tenerse en cuenta que ya en la actualidad, con los modelos de inmersión, la única asignatura que se imparte en castellano en la gran mayoría de los colegios catalanes es la de Lengua Castellana, en ‘cumplimiento’ del mínimo exigible de que el 25% de la enseñanza se haga en la lengua oficial del Estado.

«Con los modelos de inmersión, la única asignatura que se imparte en castellano en la gran mayoría de los colegios catalanes es la de Lengua Castellana»

En esas circunstancias, de claro predominio del catalán en las aulas sobre el castellano, ¿por qué le parece tan importante a Esquerra eliminar de la ley que el castellano es “una lengua vehicular”? La única explicación está en la intención de acallar a los tribunales de Justicia y evitar las condenas reiteradas contra la progresiva degradación y el acoso que sufre el castellano en Cataluña. Tan persistente ha sido el conflicto que, con seguridad, existen muy pocos temas en España sobre los que haya más jurisprudencia que en este.

Muchas de las sentencias que existen en los tribunales, desde el Tribunal Superior de Cataluña hasta el Tribunal Supremo, pasando, obviamente, por el Tribunal Constitucional, se producen por la educación, pero también por las prohibiciones y sanciones a las que se somete a empresarios, comerciantes o consumidores catalanes que defienden su libertad para anunciarse, comprar o vender en castellano. Es decir, casi toda la jurisprudencia acumulada en cuatro décadas se produce por las constantes agresiones que ha sufrido la lengua española en Cataluña y la necesidad de los tribunales de salir en su defensa.

En todas las sentencias contrarias a los excesos contra el castellano, siempre repiten la misma lógica, que la legítima potenciación del catalán en una sociedad bilingüe, con dos idiomas vehiculares reconocidos, no puede determinar la exclusión del castellano como lengua docente. Más o menos, se repite siempre esta lógica del Tribunal Constitucional cuando analizó el estatuto de autonomía: “Nada impide que el estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que esta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza”. En suma, que los tribunales de Justicia en España siempre han velado por la igualdad del castellano y el catalán en el sistema educativo de Cataluña y es, precisamente, la igualdad lo que irrita al nacionalismo.

Si el origen y la justificación de la política de inmersión lingüística de Cataluña fue la represión que había sufrido el catalán durante los 40 años del franquismo, ya puede afirmarse que, en el mismo tiempo, los gobiernos nacionalistas en Cataluña han superado o igualado a la dictadura en la represión del otro idioma. No viene mal, en este sentido, este fragmento del ensayo de Eduardo Mendoza, ‘Qué está pasando en Cataluña’, sobre algunas verdades y muchas falsedades con las que se justifican a diario tantas atrocidades. Dice así: “El catalán como lengua de uso no estuvo prohibido. Tampoco estuvo autorizado».

«La humillación del español en España, que no otra cosa supone que el Congreso elimine de una Ley de Educación su carácter de lengua vehicular»

«Alguien definió el franquismo como una dictadura mitigada por el general incumplimiento de la ley. Era una peculiaridad jurídica de la dictadura establecer unas normas estrictas y permitir que se incumplieran, sin renunciar a la posibilidad de aplicarlas cuando lo estimara oportuno. Con el uso de la lengua catalana fuera del ámbito privado ocurrió así. En la vida cotidiana, el castellano y el catalán convivían buenamente”. La humillación del español en España, que no otra cosa supone que el Congreso elimine de una Ley de Educación su carácter de lengua vehicular, nos devuelve a la misma realidad que con el franquismo; la normalidad y la convivencia entre las dos lenguas ya solo son posibles en la vida cotidiana. A los independentistas debe molestarles hasta eso.

Fuente: Javier Caraballo – El Confidencial

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