El juez ve financiación irregular, delito electoral y falsedad en Podemos

El juez ve financiación irregular, delito electoral y falsedad en Podemos
Pablo Iglesias, en Vistalegre - Isabel Permuy
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La Fiscalía apuesta por mantener la imputación por «garantista» aunque no ve indicios de financiación irregular.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, explicó a Podemos en un auto el pasado 10 de septiembre que la razón por la que el partido fue llamado a la causa abierta por malversación y apropiación indebida es la existencia de indicios de financiación irregular, delito electoral y falsedad en documento mercantil en sus actividades.

En el auto, al que tuvo acceso ABC, el juez respondía a una petición de Podemos, pues, según informaron entonces en fuentes del partido, al tener noticia de que se abría causa por la denuncia del exabogado José Manuel Calvente pidieron acceder al procedimiento y recibieron por respuesta una citación en calidad de investigados que no detallaba los

 hechos o delitos objeto de imputación, más allá de que la causa se seguía por malversación y apropiación indebida. Solicitaron aclaraciones.

El juez les responde que «existen indicios de la presunta distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los contemplados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General» atendiendo al contrato de 363.000 euros que Podemos suscribió con la empresa Neurona Comunidad para las generales del 28 de abril de 2019 y cuya prestación de servicios no consiguió justificar suficientemente ante el Tribunal de Cuentas cuando pidió que acreditasen que se trataba de servicios electorales sujetos por tanto a fiscalización pública.

En su denuncia, Calvente decía que aquel contrato era simulado y aportaba un borrador del mismo firmado en febrero, antes de que Neurona Comunidad se constituyese como empresa en España e incluso antes de que la coalición electoral Unidas Podemos se conformase oficialmente. Cabe recordar que esa sociedad se constituyó con un abogado de Carmona (Sevilla) como administrador que abandonó el cargo hace meses, sin que se haya nombrado sucesor.

Para Escalonilla, se infieren «indicios de que dicho contrato formalizado con Neurona Comunidad, entidad constituida mediante escritura pública de 19 de marzo y por tanto y presumiblemente a los solos efectos de suscribir dicho contrato, se trató de un contrato simulado» dado que además, fueron «transferidos finalmente a través de dicha sociedad un total de 308.257,20 euros a la mercantil Creative Advice Interactive», situada en Estados Unidos.

«En el extracto de la cuenta de dicha sociedad mercantil puede comprobarse que aparte de las comisiones cobradas por el administrador de dicha entidad, no constan gastos de personal ni de medios materiales», añade el auto de Escalonilla.

Expone además que «consta que el pago del precio de dicho contrato formalizado con Neurona Comunidad se realizó desde las cuentas electorales del partido político Podemos, tratándose por ello dicha distracción de dicho dinero presuntamente constitutiva de delito electoral», un «delito especial» que sólo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas así como por las personas autorizadas« para acceder a ese dinero.

«Si bien y al estar dichos fondos sometidos a un régimen de control, dicha conducta de distracción tiene proximidad con la prevista en los delitos de malversación, no cabe calificarlo como tal», expone el juez, para quien «los hechos podrían ser igualmente constitutivos de un delito de financiación ilegal de partidos políticos».

El despido de Carmona

En esta línea, expone que personado Podemos en las actuaciones, le atribuyó el 28 de julio la condición de investigado, como está previsto en el delito de financiación ilegal de partidos por «el propio relato fáctico contenido en la denuncia, de la que se infería» que al margen de que Podemos hubiese contado con medidas de vigilancia y control para prevenir la comisión de delitos en su seno, ese modelo «carecía de efectividad» porque, indiciariamente, no había «respetado en modo alguno la autonomía de la persona nombrada» para esas tareas.

Se refiere a la abogada Mónica Carmona, que está citada como testigo el próximo 28 de octubre y de la que «se procedió a su cese inmediato en cuanto comenzó a investigar, entre otros hechos presuntamente irregulares, dicha contratación efectuada por el partido político Podemos», tal y como constaba en la denuncia.

«Nos encontramos en el inicio del procedimiento, de modo y manera que deberá ser objeto de investigación no sólo la realización o cumplimentación por parte de dicho partido político del programa de compliance, sino la existencia de medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización de dicho partido», dice el auto.

Añade que todo esto ,«al margen de la práctica de las oportunas diligencias de investigación tendentes a la averiguación de los hechos acontecidos y su posible subsunción en el delito electoral de financiación ilegal de partidos políticos».

Fiscalía no ve financiación irregular

El auto se dictó después de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas advirtiese al juzgado de posibles indicios de delito en el contrato de Podemos con Neurona y de que la propia Fiscalía Provincial de Madrid informase en el mismo sentido.

En este caso, señaló que la causa debía centrarse en esa contratación, de la que se desprendían «indicios racionales de un hecho delictivo» y no en el resto de asuntos que había denunciado Calvente, como los sobresueldos en el partido, que veía «discutibles» pero no penalmente reprochables.

Podemos, que ya había presentado recurso contra las primeras diligencias acordadas por el juez -imputación de la gerente y el tesorero incluidas- recurrió pidiendo la nulidad de este auto aclaratorio y en respuesta, la Fiscalía Provincial de Madrid ha emitido un nuevo informe en el que pide que su pretensión se desestime.

Explica que no aprecia «indicios» del delito de financiación irregular y recalca que el delito electoral y el de falsedad en documento mercantil no pueden imputarse a personas jurídicas, como decía el juez.

Aún así, opta por mantener la imputación porque entiende que es «más garantista» para Podemos, que puede así acceder al procedimiento y permite que «si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias». Incide en que la imputación «no es absurda o arbitraria y la atribución de tal condición no hace sino garantizar el derecho del ahora apelante».

Fuente: Isabel Vega – ABC

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