Italia: a juicio por defender las fronteras nacionales

Italia: a juicio por defender las fronteras nacionales
En 2019, el entonces ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, impidió el desembarco de unos migrantes ilegales de un guardacostas que los había rescatado en el mar cinco días antes. Por ello, ahora está siendo juzgado por "secuestro". Italia está enviando al mundo un mensaje perturbador: todo aquel que, desde posiciones de gobierno, defienda las fronteras naciones y trate de detener la inmigración ilegal masiva puede acabar juzgado y preso. (Foto: Piero Cruciatti/AFP, vía Getty Images).
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«Lo único que lamento de esta situación es que tendré que explicar a mis dos hijos que su padre va a ser juzgado no por ser un criminal sino por defender su país», dijo Matteo Salvini luego de que el Parlamento italiano le retirara la inmunidad y posibilitara así su procesamiento.

Durante años, la clase dirigente italiana desplegó una política migratoria de rendición ante las oleadas inmigración ilegal, normalmente organizadas por redes criminales de traficantes. Europa jamás ha ofrecido ayuda a Italia. Ahora, esas élites –políticos, creadores de opinión, periodistas– han decidido entregar a Salvini a los jueces por hacer lo que ellas no se han atrevido: defender las fronteras de Italia.

Salvini se enfrenta a 15 años de prisión por «secuestro». Los hechos se remontan a 2019, cuando Salvini, entonces ministro del Interior, impidió a unos migrantes ilegales desembarcar de un guardacostas que los había rescatado en el mar cinco días antes. Salvini ha declarado que estaba defendiendo su país y que lo volvería a hacer. «Tengo la conciencia tranquila, y el orgullo de saber que defendí el honor de Italia», ha escrito en Facebook.

Desde el Ministerio del Interior, Salvini adoptó una política migratoria de mano dura. Cerró los puertos italianos a los barcos de rescate y aprobó una ley que permitía la requisa y sanción de las embarcaciones que portaran migrantes.

El 26 de julio de 2019, Salvini pidió que se detuviera el desembarco de los migrantes que llevaba el Gregoretti cuando éste alcanzaba la costa oriental de Sicilia. «He dado instrucciones de que no se asigne ningún puerto mientras no conste por escrito la redistribución por toda Europa de los 140 migrantes que hay a bordo», declaró. Inmediatamente después de que el barco de marras atracara –unos cuantos países europeos se mostraron dispuestos a acoger a los migrantes–, un fiscal abrió una causa contra Salvini por secuestro.

«La demora en el desembarco era necesaria para llegar a un acuerdo sobre la redistribución en otros países europeos, y en ella estuvo implicada el Gobierno italiano en pleno», declaró posteriormente Salvini para justificar su decisión. En aquel momento, Italia necesitaba desesperadamente un acuerdo de redistribución de migrantes en una Europa que hasta entonces no había ofrecido al país transalpino la menor ayuda. Como dijo el primer ministro albanés, Edi Rama, Salvini veía que «Europa había dejado a Italia sola en lo relacionado con los migrantes».

Aunque pueda sonar melodramático, a juicio de Salvini lo que está en juego es, por decirlo pronto, la supervivencia de Italia tal y como la conocemos. Según un informe del Centro Maquiavelo, si se mantienen las tendencias actuales, para 2065 los inmigrantes de primera y segunda generación serán más de 22 millones, o más del 40% de la población de Italia, cuya tasa de natalidad está «colapsando».

Es la primera vez que un tribunal europeo lleva a juicio a un ministro cuyo cometido es gestionar la seguridad nacional por retener a unos migrantes en un puerto a la espera de una redistribución de los mismos por toda Europa.

Parece que se asume que decenas de miles de personas pueden subirse a un bote en Libia y plantarse en Italia sin controles ni disuasiones, y sin que este país pueda ejercer su derecho a la autodefensa ante un tsunami migratorio histórico.

Al cerrar las fronteras, sancionar a las ONG y hacer más dificultoso alcanzar las costas italianas, Salvini se disponía a reducir el número de arribos a Italia, en ocasiones al trágico costo de la muerte de migrantes en el Mediterráneo. Ahora bien, ¿cuándo se convirtió en una obligación de los países ayudar a la industria del tráfico ilegal de personas?

Tras la adopción de la política migratoria de Salvini (2018), las llegadas de migrantes a Italia disminuyó sensiblemente: desde los 119.369 de 2017 a los 23.370 de 2018, un descenso del 80%, según la ONU.

Sin embargo, tras la salida del Gobierno de Salvini, el número de migrantes se ha triplicado. Según el Ministerio del Interior, en 2019, con Salvini aún en la cartera, llegaron a Italia 7.894 migrantes. Pues bien, sólo en los nueve primeros meses de 2020 fueron 24.332; migrantes que ahora se mueven libremente por Italia y el resto de Europa.

Recientemente Italia ha desplegado tropas para impedir que los inmigrantes se salten la cuarentena del coronavirus. Desde la política de puertos cerrados de Salvini a la anarquía, el trayecto ha sido bien corto.

El día siguiente a la apertura del juicio contra Salvini, el Gobierno alivió las reglas que castigan a las ONG que llevan a tierra a migrantes ilegales.

Lo más importante es que Italia está mandando un mensaje perturbador a Europa y el resto del mundo libre: todo aquel que, en posiciones de gobierno, defienda las fronteras nacionales y trate de detener la inmigración ilegal puede acabar en el banquillo y preso. Estamos asistiendo al suicidio de un país y un continente.

Lo tremendo de esta farsa es que Italia sigue alejando a barcos que portan migrantes, así que ¿por qué se está convirtiendo a Salvini en un chivo expiatorio?

Fuente: Giulio Meotti – Gatestone Institute

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