El TSJM tumba las restricciones de Illa en Madrid al afectar a derechos fundamentales

El TSJM tumba las restricciones de Illa en Madrid al afectar a derechos fundamentales
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, participa en el encuentro "Repensando la Sanidad Española". (EFE)
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Rechaza las medidas impuestas por Sanidad

Considera que sin estado de alarma no se pueden aplicar las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid y obliga a las autoridades a buscar un plan B.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado este jueves las últimas restricciones aplicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad autónoma. La presidenta Isabel Díaz Ayuso presentó la semana pasada un recurso en la Audiencia Nacional para suspender las mismas, pero mientras el mencionado tribunal estudia el caso, la sopresa ha llegado por parte del TSJM: rechaza la ratificación de las medidas por afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos, situación que, según sugiere, solo se puede dar con el estado de alarma. Las restricciones que recogía la orden de Sanidad del 30 de septiembre quedan así sin validez, listado que se incluye al final de este artículo.

Los ciudadanos pueden por tanto volver a desplazarse y a reunirse en grupos de más de seis personas sin que se les imponga multa alguna y, en lo que se refiere a la hostelería, los límites en cuanto a horario y aforo también quedan sin efecto. Una vez expuestos los motivos por los que se rechazan las actuales restricciones, el tribunal apunta entonces al estado de alarma como principal alternativa: «Nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales”, explica.

El TSJM pone en evidencia la decisión del Gobierno de renunciar a cambiar la ley

Con esta resolución, la Sala de lo Contencioso Administrativo desoye la postura de la Fiscalía, que el martes presentó un escrito en el que argumentaba que «las restricciones de entrada y salida» en territorios pueden «adoptarse con fundamento en la legislación estatal y autonómica de Sanidad«. El Ministerio Público descartaba así la necesidad de aplicar el estado de alarma, pero el tribunal no está de acuerdo: “En nuestro orden constitucional corresponde a los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales […] la delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial”.

Los magistrados defienden por tanto que, sin pasar por el Congreso, no cabe aplicar restricciones tan duras como las de Madrid: «Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley», sostiene. «Este es un presupuesto de necesario cumplimiento para que esta Sala, cuya función es administrar justicia, sometida únicamente al imperio de la ley, interpretando y aplicando nuestro ordenamiento jurídico, pueda autorizar o ratificar medidas adoptadas por las autoridades sanitarias por razones de salud pública que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales”.

¿Y ahora qué?

El mensaje del TSJM al Gobierno es claro: si quieren restringir derechos fundamentales como la libertad de circulación, solo el estado de alarma garantiza el visto bueno judicial. Desde que arrancó la desescalada, se ha puesto en duda que la combinación de leyes de salud pública, protección civil y seguridad nacional fuera suficiente para combatir los nuevos brotes, pero no ha sido hasta este jueves cuando el riesgo ha terminado por plasmarse de forma clara en una resolución. La incógnita pasa ahora por ver la reacción de Pedro Sánchez y la propia Isabel Díaz Ayuso, cuyos gobiernos no han respondido por el momento a la decisión del tribunal madrileño.

La primera opción pasa entonces por rebajar las restricciones y volver a un escenario anterior, como cuando el ejecutivo madrileño limitó sus medidas a la contención del coronavirus en núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud. En aquella ocasión, el TSJM ratificó el cierre de los barrios afectados, pero en su auto dejó caer una advertencia que ahora adquiere un significado especial: «Será la intensidad de la limitación de los derechos fundamentales concernidos, la que condicionará en cada caso la exigencia de utilizar otros instrumentos jurídicos más idóneos desde una perspectiva constitucional». En otras palabras: si querían ir más allá, solo el estado de alarma garantizaba su éxito.

La decisión del TSJM afecta por tanto al cierre perimetral de los municipios y al resto de medidas que contenía la última orden, por lo que los madrileños podrán abandonar la Comunidad a tan solo un día de que comience el puente del Pilar. Si el Gobierno quiere aplicar de nuevo estas restricciones, la única opción que les garantiza no encontrarse con otra negativa es la de pasar por el Congreso y declarar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Tras su aprobación, Sanidad tendría entonces un mayor margen de maniobra a la hora de aprobar medidas que afecten de forma directa a los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos, por lo que en principio, el TSJM daría luz verde a las mismas.

Las fuentes consultadas destacan sin embargo que el razonamiento del tribunal se centra una y otra vez en el cierre perimetral de los municipios, por lo que también cabe la posibilidad de renunciar a las restricciones de la movilidad para intentar sacar adelante el resto. Si se apuesta por este camino, Sanidad o el propio equipo de Díaz Ayuso tendrán que redactar una nueva orden que se apoye en esa combinación de leyes de salud pública, protección civil y seguridad nacional, lo que en principio les permitiría medidas como la de limitar aforos y horarios o prohibir reuniones de más de seis personas. Hasta que esta hipotética orden se redacte, todas las restricciones que se aprobaron la semana pasada quedan sin validez.

Fuente: Pablo Gabilondo – El Confidencial

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