El Gobierno mantiene su órdago y estudia renovaciones pendientes sin contar con el PP

El Gobierno mantiene su órdago y estudia renovaciones pendientes sin contar con el PP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante un encuentro con el líder del PP, Pablo Casado (i), en la Moncloa. (EFE)
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Un elemento más de presión a los populares y que pone en evidencia el distanciamiento cada vez mayor entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición.

El bloqueo del PP a las renovaciones pendientes en el CGPJ, que precisan de mayoría cualificada en el Congreso (210 diputados), ha llevado al Gobierno a plantearse diversas alternativas que elevan la presión sobre el principal partido de la oposición para buscar una salida acordada. Al anuncio de que el Ejecutivo estudia reformar la Ley del Poder Judicial para no tener que renovar el CGPJ con mayoría de tres tercios o restarle competencias mientras está en funciones, se suma el hecho de que ahora se plantee aprobar sin contar con el PP las renovaciones pendientes o con mandatos a punto de caducar en otras instituciones para las que es suficiente la mayoría absoluta (176 diputados). Este es el caso de las presidencias del Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB), del Consejo Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y, principalmente, del consejo de administración de RTVE.

La decisión no está tomada, pero sí es una de las opciones que se han puesto sobre la mesa y que no descartan fuentes del grupo socialista. Un elemento más de presión a los populares y que pone en evidencia el distanciamiento cada vez mayor entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición. «El PP está bloqueando la renovación de todo», lamentan fuentes cercanas al Gobierno, ante lo que concluyen que «habrá que hacer lo necesario para dar cumplimiento a la Constitución». Tienen la vista puesta en todo «lo que haya caducado».

Para la renovación del consejo de administración de RTVE, es suficiente con una mayoría absoluta en segunda votación (para la primera, se necesitan dos tercios) y el aval de cuatro grupos parlamentarios. Sin embargo, sobre la reactivación del concurso público, ya supuso una maraña de impugnaciones y el riesgo de denuncias de los aspirantes volvería a dejar la renovación presa de un embrollo judicial. En este contexto, los representantes del PP en la Mesa del Congreso ya han movido ficha al solicitar un nuevo informe a los letrados de la Cámara. Una solicitud que se produce después de que el pasado mes de junio los letrados avalasen el concurso y los baremos utilizados para la selección, aun matizando la necesidad de cumplir con la paridad que marca la Ley de Igualdad.

El objetivo hasta ahora de los socialistas pasaba por buscar una salida «de común acuerdo» para desatascar el concurso, que lleva empantanado cerca de dos años. Un escenario cada vez menos probable, tanto por el baile de informes como por las alternativas que se están poniendo sobre la mesa si se mantiene el bloqueo del PP a las renovaciones pendientes.

Los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno ya mostraron músculo la pasada semana, al promover junto a otras fuerzas con las que suman un total de 187 escaños un comunicado conjunto instando a levantar los bloqueos. No se centraban solamente en el CGPJ, sino que se generalizaba a todas las instituciones cuyos mandatos «han caducado», haciendo referencia también al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. «Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento, que contraviene el interés general de manera flagrante».

La intención sigue pasando por el acuerdo con el principal grupo de la oposición, aunque se mantienen los órdagos, después de que las negociaciones para la renovación del CGPJ descarrilasen durante el pasado verano cuando estaban prácticamente cerradas. Desde el PP, se trasladó que la ruptura se debió a los posicionamientos de Unidas Podemos respecto a la monarquía, coincidiendo con la salida de España del Rey emérito. En los mismos días se produjo el cese de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien había criticado la intención de los populares de llegar a un acuerdo para la renovación. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguraba este lunes en una entrevista con Onda Cero que la máxima del Gobierno sigue siendo llegar a un acuerdo con el PP y avanzaba que en estos momentos «hay conversaciones».

Además de la renovación del consejo de RTVE, cuyo concurso se remonta a agosto de 2018, está pendiente renovar la presidencia del FROB, después de que en julio se produjese la prórroga del mandato de Jaime Ponce hasta el nombramiento de un sucesor, y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que desde noviembre de 2017 está vacante debido al fallecimiento de su presidenta, Esther Arizmendi. Por otro lado, a finales del mes próximo, caducarán los mandatos del presidente y de la vicepresidenta de la CNMV, Sebastián Albella y Ana María Martínez-Pina, cuyos nombramientos por parte del anterior Gobierno popular ya no contaron con el respaldo ni de PSOE ni de Unidas Podemos.

La pretensión del Gobierno de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial coincide en un momento en que no para de incrementarse el malestar entre el Gobierno y la judicatura. Los reproches a su presidente, Carlos Lesmes, por realizar nuevos nombramientos, a pesar de estar con el mandato caducado desde hace dos años, se convirtieron este lunes en un ataque directo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue la encargada de pasar al contraataque contra el presidente en funciones del CGPJ, después de que este último revelase una llamada privada con Felipe VI en la que supuestamente le transmitió su deseo de estar en la entrega de despachos a los jueces en Barcelona en que el Gobierno vetó su presencia. “Cuando Lesmes le da publicidad a una llamada privada, quería enfrentar a la monarquía con este Gobierno”, ha asegurado la ministra de Defensa durante una entrevista en ‘Al Rojo Vivo’, de La Sexta, para añadir que, “conociéndolo, no creo que sea una imprudencia revelarlo en público”.

Fuente: Iván Gil – El Confidencial 

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