15 de Octubre fecha clave: la parálisis de las reformas arriesga 140.000 millones en ayudas de la UE

15 de Octubre fecha clave: la parálisis de las reformas arriesga 140.000 millones en ayudas de la UE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (izda) junto a la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von Der Leyen - AFP -
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El Gobierno debe presentar en 15 días un programa con cambios contrarios a su acuerdo programático y un calendario de cumplimiento.

El 15 de octubre es una fecha marcada en rojo en el calendario del Gobierno. Es entonces cuando el Ejecutivo deber remitir a Bruselas el plan nacional de reformas, documento que será la llave para desbloquear las ayudas de 140.000 millones del Fondo de Recuperación Europeo (Next Generation EU) que corresponden a España por el duro golpe de la pandemia. El tiempo corre y, pese a la transcendencia del documento, nada se sabe de estas reformas. Distintas fuentes empresariales y económicas consultadas por este diario muestran su preocupación por que no se haya elaborado ningún grupo de trabajo ni consensuado borrador alguno.

Fuentes diplomáticas, por su parte, aseguran que los llamados países «frugales» -Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca- siguen muy de cerca la evolución de estos trabajos y recuerdan que no es descartable un freno a esta transferencia si la propuesta reformista de España no es creíble.

España debe elaborar un calendario con objetivos e hitos en los que se desgrane cómo se abordarán las reformas estructurales incluidas en el marco del Semestre Europeo, tanto de 2020 como de 2019, y que señala eternas asignaturas pendientes en nuestro país, como la reforma que garantice la estabilidad del sistema de pensiones, reducir la dualidad del mercado laboral, mejorar los resultados educativos, avanzar en la unidad de mercado o reformar los servicios públicos de empleo, hoy más volcados en el pago de prestaciones que en buscar empleo a los parados.

Y Bruselas va a ser inflexible. El último toque a España vino precisamente a cuento del pacto alcanzado con Bildu para derogar la reforma laboral, una de las banderas del Gobierno de coalición. Bruselas dejó claro a Sánchez que la reforma que en 2012 puso en marcha el PP no se toca porque forma parte del paquete negociador de las millonarias ayudas que llegarán a nuestro país. El acuerdo con el grupo radical no es solo papel mojado, sino que, además, el Gobierno, deberá ir un paso más allá, flexibilizar aún más el mercado y poner freno a la dualidad y a la temporalidad -tres de ada cuatro contratos que se firman duran menos de siete días-.

Las pensiones, en la diana

Lo mismo ocurrirá con las pensiones, el agujero negro de las cuentas públicas. Bruselas y el resto de socios europeos ven con cierta preocupación que España se aleje de la reforma de 2013 si no toma medidas compensatorias. Y la realidad es que hoy el sistema público no tiene ni un solo mecanismo de ajuste del gasto después de que se fulminara el Índice de Revalorización y se pospusiera el Factor de Sostenibilidad hasta el año 2023, año clave porque comenzarán a jubilarse las generaciones nacidas entre 1958 y 1977, los hijos del «baby boom».

El tiempo apremia y ahora el Ejecutivo comunitario nos vuelve a instar a presentar cambios en la jubilación en un momento crítico para el sistema, con los gastos aumentando en torno al 3% y las cotizaciones cayendo casi un 4%. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que solo reformará cuando el Pacto de Toledo alcance un acuerdo, extremo del que empiezan a dudar algunas fuentes.

El problema añadido es que muchas de estas recomendaciones chocan con el programa del Gobierno de coalición, lo que va a poner en serio aprieto al Ejecutivo. Podemos no quiere ni hablar de ajustes en las pensiones y la derogación de la reforma del mercado de trabajo es una bandera de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero incluso superado el obstáculo de incompatibilidad política, España no cuenta con un buen precedente en el terreno de gestión de fondos comunitarios.

En este caso, además, nuestro país deberá diseñar proyectos alineados con las prioridades marcadas por la UE para la industria y acompañarlos en un proceso de selección que promete ser muy competitivo. Ayer mismo, el diputado del PNV Aitor Esteban, preguntó al presidente Sánchez durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados acerca de cómo se van a gestionar estos fondos. Esteban se unió así a las voces que muestran preocupación en este sentido y mostró sus dudas sobre la manera en que el Gobierno pretende gestionar un volumen de transferencias histórico, teniendo en cuenta los «precedentes preocupantes» en este ámbito. Y es que entre 2014 y 2020, España solo ejecutó el 34% de los fondos estructurales correspondientes , lo que le sitúa como uno de los peores países en este terreno.

Llama especialmente la atención los fondos que se reciben para luchar contra el empleo juvenil, la Iniciativa de Empleo Juvenil. España es el país con más desempleo entre los jóvenes de Europa, junto a Grecia, pero lo gastado apenas supone el 57% de lo recibido. En concreto, 1.714 millones de los 3.015 millones planeados. Y todo ello a pesar de que el Consejo Europeo decidió aumentar los fondos destinados a luchar contra el paro juvenil en 1.200 millones de euros entre 2017 y 2020, de los que una tercera parte irían a España.

Reunión con las autonomías

En su respuesta a Esteban, Sánchez avanzó ayer que a finales de octubre o comienzos de noviembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá con todos los presidentes autonómicos para abordar el destino de los fondos de reconstrucción.

Fuentes del Gobierno reconocen que el reparto de los fondos irá ligado a planes concretos y reformas, algo de lo que también hablarán Von der Leyen y Sánchez con los gobernantes autonómicos. Poco más se conoce sobre la gestión de estos fondos. Pedro Sánchez sí especificó que creará una unidad de seguimiento en la Moncloa, gesto con el que busca darle máxima «prevalencia» e «importancia política». También habrá una comisión interministerial en la que participarán las autonomías y que presidirá la ministra de Hacienda.

Fuente: Susana Alcelay – ABC

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