Pedro Sánchez acelera la «republiqueta» para desmontar el sistema del 78

Pedro Sánchez acelera la «republiqueta» para desmontar el sistema del 78
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo. Efe
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El PSOE asume sin debate interno el intervencionismo del Gobierno sobre todas las instituciones, desde la Corona al Poder Judicial.

El contundente rechazo expresado días atrás por el expresidente del Gobierno Felipe González contra la «republiqueta» que están diseñando desde el Ejecutivo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias confirma la creciente preocupación de distintas esferas de poder por lo que empiezan a considerar un progresivo asalto ideológico a todas las instituciones del Estado. Hace tiempo que Sánchez, como había hecho antes José Luis Rodríguez Zapatero, cerró un debate interno en el PSOE imponiendo la tesis de que la Constitución de 1978 ha quedado obsoleta y necesita una reforma en profundidad. Así lo asumió el socialismo sin mayor discusión orgánica. Hoy, más allá de reformas puntuales que podrían ser entendibles, y pactadas con el Partido Popular, Sánchez está ejecutando, con el grupo

parlamentario del partido en el Gobierno más reducido en la historia, una reforma constitucional por la vía de los hechos consumados sin tocar una sola letra de la Carta Magna, pero alterando sensiblemente su espíritu.

La «España desfasada» y la España plurinacional

Sánchez ha conseguido instalar en la sociedad la idea -desmentida por el propio Felipe González- de que España es un Estado plurinacional que está obligado a revisar su modelo territorial, abonando las exigencias del nacionalismo y el independentismo. Moncloa, y la necesidad de Sánchez de asegurarse los votos del separatismo y el populismo de extrema izquierda para mantener la presidencia del Gobierno -su prioridad-, se ha erigido en el adalid resolutivo contra lo que considera una «España desfasada».

Su proyecto se basa en una voladura paulatina y controlada del andamiaje constitucional consagrado en 1978 con un proyecto ideológico más cuidadosamente diseñado de lo que demuestra el desorden interno de gestión que, cada vez con más frecuencia, exhibe su gabinete con incesantes pugnas internas entre ministros. No fue casual, ni un lapsus, que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admitiese meses atrás que España se halla inmersa en un nuevo «proceso constituyente».

Intervencionismo ideológico y «sacrificio» de la Corona

El intervencionismo ideológico del Gobierno se deja ver en cada una de las decisiones que adopta. En lo institucional, con un progresivo arrinconamiento de la Monarquía, a la que «sacrifica» -palabra de Campo- reconstruyendo su agenda oficial para que no interfiera en las decisiones del Ejecutivo, mientras Sánchez consiente a Iglesias sostener que el objetivo último es la erradicación de la Corona. En lo político, cuestionando sistemáticamente la separación de poderes, con un control exhaustivo sobre la labor del Poder Legislativo, sobre la fiscalización que le pueda realizar la oposición, y con la aprobación de leyes nutridas de un revisionismo ideologizado sobre la base de que la Constitución está superada.

Control de la Abogacía del Estado, la Fiscalía, los jueces…

La airada reacción de la judicatura, que en seis meses ha tenido que reivindicar ya tres veces su independencia frente al poder político, y frente a los ataques y coacciones que viene sufriendo desde la misma mesa del Consejo de Ministros, permite intuir que reconfigurar la separación de poderes es otro de sus objetivos preferentes. En principio, fue el control de la Abogacía del Estado como instrumento para «suavizar» la ofensiva jurídica del Estado contra los abusos del independentismo. Después, fue el intento de controlar férreamente la Fiscalía, poniendo al frente de la institución a la que fue titular de Justicia inmediatamente después de abandonar ese cargo. Hoy, la Fiscalía está inmersa en una guerra civil y en un profundo descrédito ante el ciudadano, ante quien su imagen de autonomía e imparcialidad ha sido devastada. Ahora, la presión directa es contra la Judicatura, y esta semana se ha percibido con nitidez, e incluso con un conato de rebelión judicial.

Demócratas «buenos» contra «tardofranquistas»

La tercera pata del proyecto revisionista es la social. Para ello, el Gobierno alienta la fractura de la ciudadanía en bloques ideológicos polarizados, resucita la memoria histórica con afán revanchista, dibuja una línea divisoria entre demócratas buenos -los de la izquierda- y «tardofranquistas» -el resto, en terminología de Carmen Calvo-, y utiliza el CIS, la educación o los medios de comunicación pública a la medida de un progresivo proceso de adoctrinamiento. Con el añadido de que Sánchez ha conseguido imponer un criterio monolítico en el PSOE y silenciar cualquier asomo de discrepancia interna. «Absolutismo orgánico», lo llaman los críticos, ya sin poder reactivo alguno.

Sánchez necesita acelerar la «reforma» de España

El proceso, además, se está acelerando. Ha tomado velocidad de crucero durante la pandemia. Sánchez se ha visto necesitado de imprimir ese acelerón acuciado por las presiones de Podemos en el seno del Gobierno y por una mera cuestión de oportunidad: la derecha está fragmentada en tres partidos, uno de los cuales, Ciudadanos, ha iniciado un giro conciliador hacia el PSOE en su proceso de refundación. Y esa división, acompañada de una constante estigmatización de la derecha sociológica desde el Gobierno, con todos los instrumentos a su alcance, favorece las maniobras de Sánchez en la reforma estructural del sistema que ha puesto en marcha.

Más aún, en el Gobierno crece la preocupación por los conatos de implosión que puedan producirse en las calles en los próximos meses como consecuencia del cierre de empresas, el aumento del desempleo y las dificultades económicas para la recuperación. Por eso Moncloa ha optado por mantener engrasada la maquinaria de su «acción política» y propaganda, con la intención de imponer su autoridad para reafirmar el proyecto ideológico, y compensar con él las carencias de su gestión económica. El ítem sustancial de la legislatura se resume así en dos objetivos: la aprobación de los presupuestos generales para no ver amputada la gobernabilidad de modo prematuro, y el control de todas las estructuras esenciales del Estado para imponer el viraje ideológico definitivo que dé por superada la vigencia fáctica de la Constitución.

Fuente: Manuel Marín – ABC

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