La Fiscalía Anticorrupción se querella contra el secretario de Estado de Turismo y 15 cargos

La Fiscalía Anticorrupción se querella contra el secretario de Estado de Turismo y 15 cargos
La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto (c), posa con Fernando Valdés (i), secretario de Estado de Turismo. (EFE)
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IMPUTADO POR UN CONTRATO DE LA AECID EN 2011

Un juzgado de Madrid cita a Fernando Valdés y al embajador de España en México por un contrato de la Aecid con el Gobierno de Zapatero. La Intervención General denunció el caso.

Fernando Valdés Verelstsecretario de Estado de Turismo desde el pasado 15 de julio, está siendo investigado en un juzgado de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción se querelló el 20 de julio contra él y contra otros 15 cargos por prevaricación y malversación por su gestión en la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid) en 2011, con el Gobierno de Zapatero. La Intervención General de la Administración del Estado denunció el caso a Anticorrupción. Este es el segundo cargo imputado en el Gobierno de Sánchez: Juanma del Olmo, de Podemos, sigue en el cargo después de ser citado por un juzgado. El embajador en México, Juan Antonio López Dóriga, también está investigado. Ni Industria ni Exteriores quisieron hacer comentarios.

El pasado 15 de julio, en plena crisis turística, el Gobierno nombró a Fernando Valdés Verelst secretario de Estado de Turismo. Relevaba a Isabel Oliver, que en teoría iba a ocupar un puesto en la Organización Mundial del Turismo. Fernando Valdés es hijo del magistrado del Tribunal Constitucional del mismo nombre que está siendo investigado por un presunto caso de violencia de género.

Valdés tiene un largo historial en la Administración pública, y eso es precisamente lo que ahora se está volviendo contra él

Valdés Verelst es técnico de la Administración Civil (TAC) y tiene un largo historial en la Administración y en cooperación, donde ha trabajado y donde sus compañeros destacan su compromiso. En 2011, con el Gobierno de Zapatero, fue subdirector general de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y actuaba como jefe de contratación. Años después, al revisar las cuentas de ese ejercicio, la Intervención General de la Administración del Estado llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción tras detectar lo que consideraba irregularidades, según fuentes conocedoras del caso.

Se encuentran bajo sospecha distintos expedientes con la duda de si los contratos adjudicados se tradujeron en una prestación de servicios real o ficticia. La Abogacía del Estado, que llevaba Jesús López Medel, advirtió en especial de un contrato millonario para un programa informático de gestión SAP. En el pliego de cláusulas, había participado personal que a su vez estaba en sociedades implicadas en la contratación. Se han detectado, además, contratos duplicados e incluso triplicados con la misma nomenclatura. La Fiscalía investigó el caso durante años y el 20 de julio, cinco días después del nombramiento de Valdés, lo denunció en un juzgado de plaza de Castilla. El caso fue admitido el 31 de julio, dos semanas después de que Valdés fuese nombrado.

Hay múltiples responsables de la época investigados por distintas irregularidades en un procedimiento que afecta también a la empresa pública Tragsa. Según fuentes conocedoras del caso, Aecid ordenó contratar a personal fantasma en Tragsa. La investigación no ha encontrado rastro de las funciones que realizaron, por lo que hay investigados dos responsables de Tragsa de la época que dejaron la empresa en 2012.

El embajador de España en México y presidente honorario de la Cámara, Juan López Dóriga. (EFE)
El embajador de España en México y presidente honorario de la Cámara, Juan López Dóriga. (EFE)

El caso tiene la peculiaridad de que son organismos públicos denunciándose entre sí. Eso ha llevado a que la Abogacía del Estado se tenga que abstener y no defienda a ninguna de las partes, pero fuentes próximas al caso destacan que Valdés era un funcionario en la Aecid sin capacidad de decisión y consideran que la querella va en sentido amplio contra todo el que estaba en ese caso. Las diligencias están ahora en manos del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, que ha citado a los cargos para mitad octubre. Entre los querellados, están Francisco Moza Zapatero, exdirector de Aecid, y Juan López Dóriga, actual embajador de España en México.

Con el Gobierno de Sánchez, fue imputado el presidente de la SEPI, Vicente Fernández, por el caso Aznalcóllar durante su etapa en la Junta de Andalucía. El Consejo de Ministros lo cesó a la espera de que el caso fuera archivado y su plaza sigue vacante. Pero después fue imputado por la financiación de Podemos Juanma del Olmo, alto cargo de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, y Podemos se ha negado a que dimita.

La Aecid ha tenido otros escándalos recientemente. Como adelantó este diario, ha sido condenada por prevaricación una alta funcionaria durante la época del PP, Laura López de Cerain, por beneficiar a la fundación del PP en un concurso de ayuda al desarrollo en Perú.

Fuente: Rafael Méndez/Beatriz Parera – El Confidencial

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