Ada Colau «legaliza» a sus antisistema

Ada Colau «legaliza» a sus antisistema
El inmueble okupado fue una comisaría de la Policía Nacional - PEP DALMAU
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Tras okupar una comisaría de la Policía, el ayuntamiento se la cedió formalmente, les pagó las reformas y perdonó el alquiler.

De casa okupa molesta y pendiente de un desalojo a equipamiento juvenil regularizado y costeado por las arcas municipales. En menos de cinco años, con la boca pequeña y casi de puntillas, el gobierno de Ada Colau ha acabado legalizando un local okupado del barrio barcelonés de Gracia. El lavado de cara ha contado con la financiación de obras en su interior desde las arcas públicas y ha tolerado impagos en la cuota casi simbólica que tienen que abonar ahora sus inquilinos, en una operación con todos los ingredientes habituales en los casos de amiguismo del gobierno Colau.

El local de tres plantas, ubicado en la calle Nil i Fabra, 17-19, es propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda y había acogido una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Al trasladarse estos en 2013, el espacio quedó vacío y el gobierno local llevaba tiempo con la idea, pero sin concreción, de destinarlo al barrio. En noviembre de 2015 y ya con Colau al frente de la alcaldía, el Casal Popular Tres Lliris, que había sido desalojado meses antes por los Mossos d’Esquadra de otra finca del barrio, lo okupó. Ni el asalto a un edificio público ni las múltiples quejas vecinales por sus actividades molestas frenaron el acomodo de los antisistema ante una clara pasividad municipal.

Meses más adelante, habiendo participado activamente en el conflicto por el Banco Expropiado y sus graves incidentes de mayo de 2016, Tres Lliris empezó su lucha para hacerse formalmente con el local de Nil i Fabra y consiguió abrir negociaciones con el equipo de Colau. Las conversaciones duraron más de un año, durante el que se llegó a escuchar a los comunes alabar la acción del colectivo en favor del barrio.

Todo ello acabó con el anuncio en abril de 2017 de que el distrito de Gracia cerraba la cesión del local municipal a la Asociación Joves de Gracia para que fuera usado como espacio para este colectivo, un acuerdo que, sorpresivamente, fue anunciado antes por Tres Lliris que por el gobierno municipal. Para más inri, la entidad nació casi de la noche a la mañana con miembros del colectivo, que se afanaron por constituirse legalmente y por presentar un proyecto juvenil que argumentara su apropiación, ahora legal, de la antigua comisaría.

La operación pareció redonda y satisfizo a ambas partes (el propio concejal Eloi Badia consideró «una buena noticia» el acuerdo), pero lo cierto es que no se conoció ningún concurso ni consulta para que otras entidades pudieran optar al espacio. El Ayuntamiento vendió la transformación, en una nota de prensa, como un «acuerdo fruto del diálogo» de año y medio tras la «reivindicación histórica» de los colectivos juveniles de Gracia.

El local, con todo, tuvo que acondicionarse. El distrito costeó las obras y servicios, al menos con cuatro contratos por valor de 94.623,95 euros que ABC ha podido contrastar, para poder poner en marcha el nuevo espacio. El encargo de la gestión del local por parte de la asociación se aprobó en junio de 2017 en comisión municipal, aunque parte de la oposición cuestionó las formas, ya que no hubo ni concurso público ni publicidad al respecto. «Ninguna otra entidad ha manifestado interés al respecto», aseguró entonces Badia.

Las cesiones de los de Colau con este colectivo no acaban aquí. El año pasado, en la comisión de Presidencia y a preguntas de la oposición, los responsables municipales reconocieron que los arrendatarios no habían abonado el coste anual por la cesión del local en los años 2018 y 2019. El contrato estipulaba una renta anual de 665,50 euros a pagarse cada mes de enero. Muchos, además, vieron la cantidad irrisoria como un nuevo favor político de la administración Colau a los antisistema.

Impagos

A pesar del impago, y por lo tanto del incumplimiento del contrato de cesión, se desconoce si el Ayuntamiento movió ficha o si siguió con su pasividad ante el colectivo. ABC ha intentado saber, sin éxito, si las cuotas anuales ya han sido abonadas, si la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones de pago o si el consistorio tuvo que realizar alguna acción extrajudicial o contenciosa para resolver la deuda pendiente y si, al margen de esto, el gobierno costea los gastos del edificio.

Además, la acción dentro del casal supone otra de las controversias abiertas, sobre todo con sus vecinos, que han denunciado en varias ocasiones las molestias que provocan. El colectivo ya fue origen de multitud de quejas cuando vivía ilegalmente en el local y con su nueva cara siguió dando dolores de cabeza a los más próximos. A principios de años, la Síndica de Barcelona pidió al distrito actuar frente a los ruidos nocturnos habituales que provocaba el equipamiento. Con el Covid, eso sí, el casal estuvo cerrado y reabrió en julio con un horario, a priori, más reducido «para evitar aglomeraciones y respetar el descanso de los vecinos».

Fuente: Anna Cabeza – ABC

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