El Supremo investigará la designación a dedo de 35 altos cargos del Gobierno

El Supremo investigará la designación a dedo de 35 altos cargos del Gobierno
El Gobierno ha utilizado 35 veces la excepción para nombrar no funcionarios en altos cargos.EFE
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La Sala de lo Contencioso admite el recurso interpuesto por la federación de cuerpos superiores de la Administración por el presunto uso abusivo de la excepción legal para nombrar a no funcionarios.

El Tribunal Supremo investigará si el Gobierno excedió los márgenes que dispone la ley en el nombramiento de 35 altos cargos con rango de director general o asimilado que se ocuparon haciendo uso de la excepción normativa que permite designar para esos puestos a personas ajenas a la alta función pública. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal ha decidido admitir a trámite el recurso interpuesto por Fedeca, la federación que aglutina a las organizaciones de cuerpos superiores de la Administración del Estado, contra la treintena larga de reales decretos del Gobierno de Pedro Sánchez en los que se concreta la designación masiva de profesionales ajenos a la carrera administrativa para un nivel directivo que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público reserva expresamente a funcionarios, según han confirmado a La Información fuentes de la federación.

La federación que representa los intereses de los cuerpos superiores del Estado -inspectores de Hacienda, abogados del Estado, técnicos comerciales, diplomáticos, ingenieros y así hasta medio centenar de cuerpos profesionales diferentes que conforman la élite de la Administración- solicita que se anulen todos los nombramientos realizados a través de los reales decretos recurridos bajo el argumento de que se han realizado a partir de un uso abusivo de la excepción legal que permite designar como directores generales a personalidades ajenas a la Función Pública.

Tanto en la época de Mariano Rajoy como en el primer gabinete de Pedro Sánchez ya se hizo uso de esta excepción legal, pero los directores generales nombrados por este cauce excepcional rondaron la decena. En la macroestructura interna del Gobierno de coalición de las izquierdas, una de cada cuatro direcciones generales está ocupada por no funcionarios, en concreto hay 35 directores o directoras generales sobre 133 puestos disponibles. Eran 26 cuando Fedeca inició este camino, pero con el paso de las semanas la cifra ha ido creciendo según se remataban las estructuras de los ministerios.

«Para nosotros no es tan relevante el volumen de los nombramientos como  la existencia de un sistema viciado«, explica el presidente de Fedeca, Jordi Solé. «La ley exige que este tipo de designaciones sean excepcionales, estén justificadas y estén soportadas por un informe motivado del ministerio que promueve el nombramiento. Nada de esto se está haciendo», denuncia. Las argumentaciones utilizadas por los ministerios concernidos para estos nombramientos ‘excepcionales’ se mueven en la generalidad y van desde la necesidad de «conocimientos transversales difíciles de encontrar en la Función Pública» a que el cargo en cuestión «trasciende de las normales competencias administrativas». En algunos casos el ministerio en cuestión ni se molesta en motivar el nombramiento, denuncian desde la organización, y se limita a dar cuenta del mismo.

«Buscamos que se anulen los nombramientos, lógicamente, pero la demanda también persigue que el Supremo perfile los criterios que se deben seguir o al menos delimite claramente los motivos que puedan justificar el uso de esta excepción y no que valga todo, como sucede ahora», subraya Solé. La federación entiende que la excepción legal sólo debería ser aplicable cuando no se encuentre un funcionario del grupo A1 o asimilado a esa situación con capacidad suficiente para ocupar ese puesto. Calculan que en España hay alrededor de 100.000 funcionarios públicos que cumplen esas características. Si de entre todos ellos no se encuentran 35 perfiles para ocupar las direcciones generales que se han tenido que cubrir con gente ajena a la carrera funcionarial, argumentan, lo que tenemos es un gravísimo problema de selección en la Función Pública.

Una vez admitido a trámite el recurso, el procedimiento establecido, según precisan fuentes jurídicas, pasa por la petición de sendos informes a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía a partir de cuyas conclusiones la sala deliberará y emitirá la sentencia correspondiente. Este proceso se prolongará durante al menos seis meses y de ser desfavorable a las posiciones del Gobierno obligaría a la anulación de todos los nombramientos que el Tribunal considerara no suficientemente justificados y provocaría un auténtico terremoto en el Gobierno. Uno de cada cuatro directores generales no es funcionarios, pero es que en los ministerios que controla Podemos esa relación es de tres de cada cuatro…

‘Camarillas’ de altos cargos de confianza

La demanda a la que el Supremo ha dado trámite no puede ser más clara. Fedeca argumenta que si el legislador desarrolló en su día la reserva a funcionarios de los puestos directivos de la Administración del rango de director general hacia abajo fue en cumplimiento de la ‘garantía de objetividad en el servicio a los intereses generales’ y que es también por ese principio por el que la reserva es para funcionarios de titulación superior, sí, pero también según criterios de competencia profesional y experiencia. En otras palabras, sólo los mejores deberían acceder a esos puestos.

El recurso de los altos funcionarios bucea en la jurisprudencia disponible para avanzar los principios que deben regir la excepción legal para el nombramiento de no funcionarios en esos puestos de la Alta Dirección Pública. Según las fuentes consultadas, una sentencia del Tribunal Supremo del año 2013 ya sentó que para este tipo de nombramientos era preciso una justificación y motivación concreta y suficiente; que ésta debía fundarse en elementos objetivos y no en apreciaciones subjetivas sobre las competencias que pueden tener o no tener los funcionarios públicos; y en tercer lugar se debe justificar que las funciones de la dirección general en cuestión exigen de un perfil con unos conocimientos y capacidades que no se den en la Función Pública. Algo difícil de justificar en decenas de puestos que antes de este Gobierno fueron ocupados a plena satisfacción por funcionarios.

Curiosamente, los ministerios que han realizado un uso más intensivo de esta excepción legal -y, por tanto, los más expuestos a la anulación de sus nombramientos ante un eventual pronunciamiento desfavorable por parte del Supremo- se caracterizan por un perfil más político que técnico. En Presidencia del Gobierno, por ejemplo, el 100% de los directores generales son personas ajenas a la Función Pública, siete de siete, un récord que sólo iguala el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, que tampoco ha encontrado funcionarios con el perfil necesario para sus dos direcciones generales. La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Pablo Iglesias también ha decidido buscar talento fuera de la Función Pública para completar sus cuadros directivos, en los que solo uno de sus directores o directoras generales pertenece a las carrera administrativa. En los ministerios controlados por Podemos, sólo cuatro de las 16 direcciones generales están ocupadas por funcionarios.

Desde Fedeca se reivindica el modelo portugués de la Cresap (Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública), en virtud del cual los puestos de escala directiva hasta director general, incluido ese nivel, se hacen públicos cuando quedan vacantes y se abren a todos los candidatos que crean cumplir los requisitos exigidos. A partir de ahí, una comisión independiente evalúa los méritos y la capacidad de los funcionarios presentados y elige una terna de candidatos. Ésta se presenta al Ministerio que ha sacado la vacante, que ya sí puede elegir libremente entre los candidatos y candidatas seleccionados por la comisión independiente.

Fuente: Bruno Pérez – La Información

 

 

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