Unas cuantas falsedades envueltas en una dejación de responsabilidad

Unas cuantas falsedades envueltas en una dejación de responsabilidad
Pedro Sánchez, en Moncloa. EFE
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Después de lo que contó ayer el presidente del Gobierno en su comparecencia ante los periodistas, alguien que desconociera la realidad de lo que ha pasado y sigue pasando en España podría llegar a la conclusión de que todo se ha hecho bien hasta ahora, que se seguirá haciendo estupendamente y que no se corre el menor riesgo en ninguno de los órdenes de los efectos del coronavirus en las vidas de los españoles.

Nada más alejado de la realidad pero se ve que el reconocimiento de la realidad no es algo que obligue al presidente porque lo que le conviene de verdad es el relato ficticio que a él le interesa transmitir para que los ciudadanos más ingenuos se lo acaben creyendo.

Para empezar, no es verdad que le hayamos doblado en ningún momento el brazo al Covid-19. Eso fue una mera ilusión que vendió él y que duró apenas una semana porque, inmediatamente después de levantado el estado de alarma y de haber cedido a las comunidades autónomas toda la responsabilidad de la lucha contra la pandemia, los contagios volvieron poco a poco a repuntar hasta encontrarnos con la situación que padecemos hoy. Pero él asegura: «Vamos a atajar a pandemia», aunque se libra de decir cómo vamos a dejar de ser el país de Europa con los peores datos frente al coronavirus.

Nadie va a acudir al Congreso a pedir autorización para aplicar el estado de alarma en su comunidad

Lo peor en estas circunstancias sumamente preocupantes, porque la amenaza del virus sigue en progresión creciente, es que el presidente del Gobierno insiste en no volver a asumir responsabilidad alguna en la conducción de la política sanitaria y en mantener toda la dirección de la lucha contra el virus en manos de los gobiernos autonómicos. Si le parece tan adecuada esta nueva fórmula, debería explicar por qué razón esta cesión a las comunidades no fue aplicada desde el inicio de la crisis y por qué fue el Gobierno el que asumió durante todos estos meses la responsabilidad de tan amargo y difícil liderazgo.

Pero la razón por la que se ha puesto ahora de perfil es demasiado evidente: porque no está dispuesto a seguir asumiendo el coste político que esta batalla ya ha supuesto para él. El mismo coste que va a suponer a partir de ahora inevitablemente para los dirigentes políticos que estén al frente de ese combate.

Por eso no quiere ocuparse y por eso dice que aquella comunidad que quiera volver a pedir la aplicación del estado de alarma en todo o en parte de su territorio puede acudir al Congreso a solicitar del Parlamento la autorización. Asegura Pedro Sánchez que quien lo haga va a contar de antemano con el apoyo de los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición aunque, visto el comportamiento de su socio en el Ejecutivo, algunos albergamos serias dudas de que ese compromiso se fuera a cumplir.

Lo que no dice Pedro Sánchez es que, previo a la eventual autorización del Congreso a la medida solicitada por el presidente autonómico de turno, éste sería sometido a un examen exhaustivo de su actuación frente a la pandemia y consecuentemente a las críticas de todos los partidos que en su comunidad formaran parte de la oposición.

De modo que lo previsible es que no haya ningún presidente de comunidad autónoma que se atreva a lanzarse a la más que probable degollina que supondría presentarse ante 350 diputados a explicar por qué se muestra su gobierno incapaz de afrontar la batalla contra el virus sin apoyarse en esa declaración del estado de alarma autorizada por los diputados. Sería la ocasión de oro para tumbar políticamente al solicitante.

El «ofrecimiento», desde luego envenenado, de Pedro Sánchez tiene algunos destinatarios muy concretos y, de entre todos, uno especialmente: Madrid. Y digo esto porque de entre las otras comunidades que podrían llegar a situaciones de semi emergencia parecidas, ni Cataluña ni el País Vasco jamás de los jamases llevarían su petición al Congreso de los Diputados. Antes muertos, pensarían Iñigo Urkullu y mucho más Quim Torra, que someternos a la suprema humillación de dar esa baza a los enemigos de nuestras soberanías, derechos históricos y todas las demás reivindicaciones del independentismo.

No, eso no va a suceder. Nadie va a acudir al Congreso a pedir autorización para aplicar el estado de alarma en su comunidad. Pero el hecho es que la jugada de Pedro Sánchez aleja definitivamente de su Gobierno el peso de esa responsabilidad. Ahora bien, de que es una jugada destinada fundamentalmente a zafarse él y su equipo de una pesada carga que tiene una inevitable traducción política, de eso no puede caber ninguna duda.

El Gobierno declina su responsabilidad de hacerse cargo de esa batalla y deja a las comunidades solas en sus respectivos territorios

Por lo demás, que ponga a disposición de las comunidades a 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas es una buena decisión pero hay que decir que ese ofrecimiento ya lo hizo hace semanas la ministra de Defensa, Margarita Robles, aunque en aquel momento no concretara el número de efectivos destinados a labores de rastreo. No hay novedad alguna en la propuesta del presidente.

Y por lo que se refiere a la aplicación de rastreo para móviles RadarCovid, por mucho que la experiencia piloto efectuada en La Gomera haya dado buenos resultados, la impresión general es que ese recurso va a servir para muy poco porque su uso se enfrenta a demasiados requisitos que se convierten en dificultades para usuarios con teléfonos no compatibles con la aplicación y por supuesto para las personas mayores. No es ni mucho menos el bálsamo de Fierabrás.

En definitiva, lo más relevante de lo dicho por Pedro Sánchez relativo a la lucha contra el virus es que el Gobierno declina su responsabilidad de hacerse cargo de esa batalla y deja a las comunidades solas en sus respectivos territorios. No quiere pagar el coste que supone seguir dando la cara ante esta amenaza.

Luego está el asunto de la vuelta a las aulas. Y ahí el presidente del Gobierno directamente no ha dicho la verdad. Para empezar, esos 2.000 millones que él exhibió como ayuda ya realizada a las comunidades para afrontar los gastos en educación relacionados con la pandemia no han llegado todavía a las arcas autonómicas. Y tampoco es verdad que se hayan contratado a 30.000 profesores de apoyo a las necesidades educativas generales. Puede que finalmente se llegue a esa cifra pero no es la que el presidente del Gobierno debería ofrecer públicamente como si fuera un hecho. Porque no lo es.

Estamos más bien ante el cuento de la lechera de un político que ha pretendido tranquilizar a profesores, padres y alumnos con una frase asombrosa no sustentada más que en el aire: «Estoy convencido de que vamos a hacer de los colegios lugares seguros que tendrán condiciones óptimas. Así va a ser».

Pero no ha explicado en qué se basa para hacer una afirmación tan voluntarista y tan carente de apoyo en los elementos de un panorama real que la comunidad educativa en su totalidad examina con enorme preocupación y con una evidente sensación de riesgo cierto. Simplemente lo ha dejado ahí, en el aire, y ha añadido que los estudiantes estarán más seguros en sus colegios que en los parques a los que han acudido en las últimas semanas. Ni un dato que sustente sus afirmaciones, ni uno solo, lo cual demuestra que estamos ante un acto de propaganda pura y dura.

Finalmente, y para rematar la comparecencia del presidente del Gobierno, hay que subrayar la nula importancia que ha atribuido a un hecho de la máxima gravedad como es que desde el ámbito de Unidas Podemos, su socio de Gobierno, se haya informado con pelos y señales nada menos que a la agencia Efe de los ataques lanzados durante el Consejo de Ministros por Pablo Iglesias a la ministra de Educación, Isabel Celáa, por lo que el líder de Podemos considera una falta total de liderazgo en el difícil asunto de la apertura del curso escolar.

Una iniciativa de esa naturaleza, y realizada en los términos en los que se ha hecho -no una filtración más o menos disimulada sino una información directa a la agencia pública de noticias para que no hubiera la menor duda del propósito del partido morado- debería ser suficiente para invitar al responsable de quebrar de esa manera el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros a que abandonara el Gobierno.

Pero eso no se lo puede permitir el señor Sánchez, porque si lo hiciera se le caería el Gobierno, el proyecto de aprobación de los Presupuestos y la legislatura, de modo que nos vende la moto de que, como lo que se dice durante las sesiones del consejo es confidencial, él no se pronuncia. Y se queda tan tranquilo.

En resumidas cuentas, un puñado de falsedades envueltas en una escandalosa dejación de responsabilidades. Así es como se ha abierto el curso.

Fuente: Victoria Prego – El Independiente

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