El Gobierno podría obligar por ley a vacunarse aunque no se quiera

El Gobierno podría obligar por ley a vacunarse aunque no se quiera
Prototipo de una de las vacunas que se ensayan contra el coronavirus - ABC
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¿Se vacunaría frente al Covid? Un 30 por ciento de los españoles dice que no.

Con la legislación actual y el respaldo de la Constitución, el Gobierno podría ordenar una vacunación obligatoria.

Los españoles confían en la ciencia por encima de cualquier institución, pero la potencial vacuna contra el coronavirus aún despierta recelos. Ninguna, del centenar que se ensaya en estos momentos, ha completado las fases de investigación. Pero cuando estén disponibles, el Gobierno deberá decidir si se limita a aconsejar a la población la vacunación o lo convierte en un ejercicio obligatorio ante la extraordinaria situación que ha generado la pandemia.

Confiar la inmunización a la responsabilidad individual quizá no baste, si se tienen en cuenta los resultados de una encuesta que ha coordinado el Instituto de Salud Carlos III. Tras preguntar a más de un millar de ciudadanos a la pregunta de si se vacunaría, el 30 por ciento respondió que se negaría aunque lo aconsejaran las autoridades sanitarias.

Solo es una encuesta, pero permite tomar el pulso a la ciudadanía de un país al que el virus ha pasado una de las peores facturas y con una curva de contagios de nuevo disparada. Los recelos van más allá de los escépticos y negacionistas del virus.

Cada país decide

En estas circunstancias excepcionales, ¿debería ser la vacunación obligatoria? La Organización Mundial de la Salud (OMS) prefiere dejarlo en manos de cada país. «Fomentamos la aceptación voluntaria de la vacuna. Queremos que las personas entiendan los beneficios de las vacunas y su calidad, más allá de que sea algo requerido u obligatorio», explicó ayer Bruce Aylward, epidemiólogo de la OMS.

En España la vacunación no es obligatoria, aunque en algunos colegios y guarderías se haya vetado el acceso por no tener actualizada la cartilla de vacunación. Eso no ha impedido ordenar judicialmente la vacunación forzosa para atajar brotes infecciosos, como ocurrió con el sarampión en Granada.

Sin embargo, nunca hemos tenido un escenario de pandemia. Si se decidiera la vacunación obligatoria, bastaría con apelar al actual ordenamiento jurídico. «Nuestra Constitución y nuestra legislación consagran la salud pública como interés colectivo que permite limitar los derechos fundamentales, y entre ellos, el derecho a rechazar un tratamiento médico. La Ley General de Sanidad también establece que los ciudadanos tienen el deber de cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población», señala Federico Montalvo, jurista y presidente del Comité de Bioética de España. La única salvedad es que los beneficios para la colectividad supusieran un menoscabo grave del derecho del individuo, «pero en este caso la vacuna constituye una intromisión menor en el cuerpo del individuo», apunta Montalvo.

La clave legal está en la situación excepcional de pandemia y en la necesidad de salvaguardar la salud pública, asegura Sara Brandés, profesora de Derecho Sanitario del Máster en Bioética de la Universidad Internacional de La Rioja. «Una persona con cáncer se puede negar a recibir tratamiento aunque ponga en peligro su vida. Cuando se trata de una medida preventiva de salud pública que afecta al colectivo, el derecho individual no tiene lugar», asegura.

Sin estado de alarma

Para ordenar medidas de este tipo no sería necesario estar en un estado de alarma. «Si la vacunación constituye la única medida que permite proteger la salud colectiva de los ciudadanos, no debe haber problema en admitir la vacunación obligatoria cuando concurre una situación como la que estamos viviendo», insiste el presidente del Comité de Bioética.

La encuesta del Instituto de Salud Carlos III no solo pregunta por la vacunación. Busca contar con información sobre los conocimientos y la percepción el riesgo de la población ante la pandemia en España y en otros 31 países. No solo se realiza en España, también se toma el pulso a la población de otros 31 países. Con él se espera que sus resultados, que se irán completando a lo largo del año con nuevas rondas, ayuden a diseñar estrategias de salud y campañas de sensibilización. Otra de las preguntas que se hacían era el grado de confianza en las diferentes instituciones o colectivos. Los mejor valorados eran los científicos, seguidos de hospitales, centros de salud, Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas.

 

Fuente: Nuria Ramírez de Castro – ABC

 

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